Transición energética andina: las mujeres que estructuran el pipeline de Colombia, Perú y Chile

El liderazgo femenino ya define la arquitectura financiera de la transición energética andina

La transición energética en los Andes dejó de ser una promesa regulatoria para convertirse en un pipeline concreto de inversiones, marcos normativos y licitaciones. Lo que distingue al ciclo actual de estructuración de proyectos en Colombia, Perú y Chile es un rasgo que los análisis convencionales suelen pasar por alto: las mujeres ocupan posiciones ejecutivas y ministeriales donde se toman las decisiones de asignación de capital, diseño regulatorio y negociación de riesgo.

Este artículo analiza cómo el liderazgo femenino en la región andina se articula con tres vectores simultáneos: la expansión de renovables y almacenamiento en Chile, la aceleración solar y la autosuficiencia gasífera en Colombia, y la estructuración de asociaciones público-privadas (APP) en Perú. El argumento central es directo: la calidad del pipeline energético andino depende, en buena medida, de la capacidad institucional que estas líderes están construyendo.

¿Quiénes son las tomadoras de decisión en el pipeline energético andino?

El perfil de liderazgo femenino en infraestructura energética andina ha evolucionado. Las mujeres pasaron de roles consultivos a encabezar la estructuración financiera y regulatoria de megaproyectos.

En Perú, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, impulsó desde el MTC una cartera de APP por casi US$ 4.000 millones, según datos de GRI Institute. Esa cifra no representa solo volumen fiscal comprometido, sino una señal sobre la escala de decisión que una sola posición ministerial puede movilizar cuando se combina competencia técnica con voluntad política. La experiencia de Lazarte en la estructuración de concesiones viales, portuarias y de telecomunicaciones configura un modelo replicable para la infraestructura energética peruana, donde el país enfrenta cuellos de botella en transmisión y generación distribuida.

En Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) promueve activamente el rol de la mujer en la transición energética. El Congreso ANH destacó la participación de líderes como Elsa Jaimes, vicepresidenta Offshore de Ecopetrol, cuya posición resulta estratégica en un país que dispone de solo 5,9 años de autosuficiencia de gas natural si no se retoman exploraciones y se fortalecen las reservas, según datos de Naturgas y PPU Legal. La gestión del offshore colombiano, que combina hidrocarburos de transición con prospección de recursos renovables marinos, requiere exactamente el tipo de liderazgo técnico-financiero que Jaimes representa.

Estas trayectorias comparten un patrón: acceso directo al proceso de estructuración de riesgo. Quien define los términos de referencia de una licitación, negocia la matriz de riesgos de una APP o calibra los criterios ambientales de un decreto de licenciamiento, determina qué proyectos avanzan y cuáles se estancan. Ese poder de estructuración es, hoy, ejercido por mujeres en posiciones clave de los tres países andinos.

¿Cómo se conecta la regulación energética andina con las oportunidades de inversión?

El marco regulatorio vigente en la región ofrece señales claras para los estructuradores de proyectos.

En Colombia, el Decreto LASolar permite que la ANLA autorice iniciativas de energía solar de entre 10 y 100 MW con criterios ambientales y socioculturales diseñados para impulsar la Transición Energética Justa. Este instrumento reduce tiempos de licenciamiento y abre una ventana de oportunidad para desarrolladores que operan en el segmento de mediana escala, un nicho donde la agilidad regulatoria puede ser más determinante que el volumen de capital. Las energías renovables en Colombia ya superaron los 3 GW de capacidad conectada al sistema eléctrico nacional, lo que representa alrededor del 13,87% de la matriz energética, según Revista Cambio.

En Chile, la Ley de Transición Energética introduce cambios regulatorios significativos: los proyectos nuevos de transmisión se licitan por medio del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), mientras las expansiones quedan a cargo de los propietarios de los activos. Esta diferenciación crea dos mercados paralelos con perfiles de riesgo distintos. La cartera energética chilena proyecta una inversión total de US$ 15.706 millones distribuidos en 156 iniciativas, con un 40% enfocado en generación eléctrica y un 34% en sistemas de almacenamiento, según la Corporación de Bienes de Capital (CBC). En términos de capacidad, esa cartera aportará 8.972 MW al Sistema Eléctrico Nacional entre 2025 y 2029, con su punto más alto proyectado para 2027.

El almacenamiento emerge como el vector de mayor dinamismo. Se proyecta que hacia 2027 el sistema eléctrico chileno disponga de cerca de 9 GW de almacenamiento operativo, con una duración promedio superior a cuatro horas, según ACERA A.G. Esa cifra posiciona a Chile como referente hemisférico en integración de baterías a escala de red, un segmento que exige sofisticación financiera y regulatoria simultánea.

La convergencia de estos marcos regulatorios crea un corredor andino de oportunidades donde la transición energética avanza a velocidades distintas pero con instrumentos complementarios. Colombia acelera el licenciamiento solar, Chile estructura almacenamiento y transmisión con escala industrial, y Perú dispone del músculo institucional de las APP para canalizar capital privado hacia infraestructura crítica.

¿Por qué la infraestructura de cuidados es relevante para la estrategia urbana energética?

Un aspecto frecuentemente ausente en el análisis de infraestructura energética es su conexión con la estrategia urbana y la infraestructura de cuidados. Los proyectos de transmisión, generación distribuida y almacenamiento no operan en el vacío: se insertan en territorios donde la planificación urbana determina servidumbres, accesos, conexiones a red y, cada vez más, criterios de equidad en la distribución de beneficios.

El enfoque de género en la estructuración de proyectos aporta una dimensión operativa concreta. Las líderes que hoy participan en el diseño de licitaciones y marcos regulatorios integran variables de impacto territorial que los modelos financieros tradicionales tienden a subestimar: acceso a servicios básicos en zonas de influencia, generación de empleo local cualificado y sostenibilidad social de largo plazo. Esas variables, lejos de ser accesorias, determinan la viabilidad política de los proyectos y, por tanto, su bancabilidad.

Actores de infraestructura general, como Grupo GIA, que adjudicó en Chile un proyecto de concesión hospitalaria por US$ 370 millones según 24 Horas, ilustran cómo la infraestructura civil y la infraestructura energética comparten un ecosistema común de estructuración de APP. La experiencia acumulada en concesiones de servicios públicos genera capacidades transferibles al sector energético, particularmente en la gestión de contratos de largo plazo y en la articulación con autoridades locales.

El ecosistema GRI Institute como plataforma de inteligencia y conexión

La intersección entre liderazgo femenino, transición energética e infraestructura andina es precisamente el territorio que GRI Institute mapea a través de sus eventos y su comunidad de miembros. El encuentro GRI Women Shaping Infrastructure Andean se ha consolidado como el principal espacio de la región donde las tomadoras de decisión del pipeline energético dialogan directamente con inversores, desarrolladores y reguladores.

El valor de esa plataforma reside en su capacidad de convertir inteligencia sectorial en relaciones accionables. Los datos analizados en este artículo, desde la cartera de APP peruana hasta las proyecciones de almacenamiento en Chile, adquieren relevancia estratégica cuando se cruzan con el acceso directo a quienes lideran esos procesos.

Tres conclusiones emergen del análisis:

La calidad del pipeline energético andino es inseparable de la calidad de su liderazgo institucional. Paola Lazarte en Perú y Elsa Jaimes en Colombia representan un nuevo perfil de tomadoras de decisión que combinan profundidad técnica con capacidad de estructuración a escala.

El corredor regulatorio andino ofrece oportunidades diferenciadas y complementarias. El Decreto LASolar en Colombia, la Ley de Transición Energética en Chile y el marco de APP en Perú configuran un mosaico donde los inversores pueden diversificar exposición por instrumento, no solo por geografía.

La infraestructura energética y la estrategia urbana convergen en el territorio. Los proyectos que integran criterios de impacto social y enfoque de género desde la fase de estructuración presentan menores riesgos de oposición comunitaria y mayor estabilidad contractual de largo plazo.

El ciclo de inversión energética andino 2025-2029, con más de US$ 15.000 millones proyectados solo en Chile y capacidades crecientes en Colombia y Perú, será moldeado por las decisiones que estas líderes toman hoy. La comunidad de GRI Institute continuará documentando y facilitando esas conexiones en los próximos meses.