Todo lo que debes saber sobre el momentum del sector energético mexicano

Por Belén Palkovsky 

Diagnóstico  

En México, la demanda energética ha crecido de manera sostenida, impulsada principalmente por la expansión de diversos mercados y la instalación de industrias extranjeras (nearshoring). Entre 2022 y 2023, la demanda aumentó un 23%, y en 2024 se alcanzó un máximo histórico de 54 GW. 

Para cubrir la demanda proyectada hacia 2030, un escenario base considera que la nueva capacidad de generación se reparta en partes iguales entre gas natural y energías renovables. Bajo esa hipótesis (50 % de gas y 50 % de renovables dentro de la nueva capacidad a construir), México necesitaría incorporar alrededor de 13 gigawatts (GW) adicionales, lo que implicaría una inversión aproximada de US$16 mil millones. 

Sin embargo, existe un escenario más ambicioso, alineado con el objetivo nacional de alcanzar 45 % de energías limpias en toda la matriz eléctrica para 2030, según el Plan Nacional de Desarrollo. Este segundo escenario no se refiere solo a la composición de los nuevos proyectos, sino al porcentaje total de generación limpia en el sistema eléctrico nacional. Para lograrlo, sería necesario añadir alrededor de 35 GW de capacidad adicional, lo que equivaldría a un ritmo de crecimiento de aproximadamente 6 GW por año. 

Para algunos agentes del sector, estas cifras son incluso conservadoras, dado el dinamismo del mercado, especialmente con la expansión de data centers - que, según AES México, podrían generar inversiones de aproximadamente USD 18 mil millones, si grandes operadores deciden establecerse en el país en los próximos años. 

Dependencia del gas natural

El país enfrenta una dependencia crítica del gas natural, con aproximadamente el 45% de su matriz energética basada en esta fuente. El mercado local importa la mayor parte del gas que consume, lo que lo vuelve vulnerable a fluctuaciones de precios y de suministro. Cabe destacar que el sector energético es el principal consumidor, utilizando alrededor de 5 mil millones de pies cúbicos diarios, mientras que el consumo total del país ronda los 9 mil millones. 

Por otro lado, México también se beneficia de precios competitivos del gas importado de EE. UU. (en octubre de 2024, $2 por millón de BTU, comparado con $13.5–$14 en la UE), lo que, en parte, justifica su dependencia. Sin embargo, el país también enfrenta problemas estructurales relacionados al flaring (quema involuntaria), que actualmente llega al 7% de la producción, principalmente por falta de infraestructura suficiente para capturarlo, procesarlo y transportarlo de forma eficiente.

El papel de Pemex

Aunque Pemex (Petróleos Mexicanos) es una de las mayores empresas de energía del mundo, su operación sigue siendo principalmente endógena, concentrada en México, con solo una refinería fuera del país. En las últimas cuatro décadas, ha enfrentado restricciones financieras que evidencian el peso de la carga fiscal y limitan su capacidad de inversión.

El problema de la quema de gas también afecta a Pemex y a todo el sector eléctrico, una práctica que desperdicia recursos valiosos debido a la falta de infraestructura adecuada durante la extracción del crudo. 

Por otro lado, Pemex ha manifestado interés en desarrollar proyectos de inversión conjunta mediante contratos mixtos, un esquema que busca fortalecer su papel en la selección de socios y en la definición de los términos de colaboración. Este modelo representa una actualización en la estratégia de la empresa, orientada a optimizar la organización y establecer políticas más claras para la participación público-privada.

Escenario regulatorio

Las reformas energéticas de 2013 y 2014 abrieron el sector eléctrico y de hidrocarburos a la inversión privada, con el objetivo de modernizar la infraestructura y atraer capital extranjero. No obstante, el alineamiento entre las políticas públicas y el marco regulatorio ha sido menor al esperado por el sector, lo que acabó generando un entorno de incertidumbre que afectó tanto la inversión privada como la ejecución de políticas gubernamentales.

Las reformas promulgadas en 2025 buscan dar coherencia al marco regulatorio y consolidar un modelo con mayor protagonismo de las empresas estatales. El objetivo declarado es fortalecer la seguridad energética del país y, en especial en el caso del gas natural, reducir la vulnerabilidad asociada a la alta dependencia de importaciones.

Aun así, el entorno regulatorio sigue presentando zonas de incertidumbre. Persisten disputas y tensiones heredadas de ciclos anteriores de reforma, y los nuevos esquemas de participación mixta siguen a la espera de definiciones operativas sobre reparto de riesgo, gobernanza y bancabilidad de los proyectos. De cara a 2026, el sector privado espera que los lineamientos regulatorios actualmente en elaboración aclaren en qué condiciones podrá participar capital privado en generación, infraestructura de gas y transmisión.

Proyectos de inversión de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está desarrollando una cartera de nuevos proyectos de generación eléctrica, que incluyen ciclos combinados en Salamanca, Tula, Mazatlán, Altamira, Baja California Sur y Puerto Peñasco Fase 3. Estos proyectos se financiarán con capacidad propia de CFE y estructuras fuera de balance, lo que permite evitar consolidar la deuda en el balance de la em4presa y mantener la estabilidad financiera. 

En paralelo, CFE está preparando esquemas mixtos que incluyen 9.4 GW de nueva capacidad, lo que abarca proyectos renovables, almacenamiento con baterías y un proyecto termosolar en evaluación, con una inversión estimada de US$ 11 mil millones. Entre estos proyectos se incluye un proyecto de largo plazo en Guadalajara de aproximadamente 0.5 GW, así como plataformas renovables que se estructurarán con socios estratégicos.

En cuanto a la participación de CFE, se ha definido un 54% de presencia en el capital común en estos proyectos, pero el reglamento vigente permite explorar alternativas adicionales, como el uso de capital preferente o asociaciones en participación, lo que otorga flexibilidad a CFE para involucrar socios estratégicos. CFE busca apalancamientos de 70%-80%, lo que le permitiría aportar solo el 15%-16% del valor total del proyecto, logrando así un equilibrio entre su inversión directa y la participación compartida con socios privados.

CFE también planea tomar alrededor del 70% de la capacidad de generación para su comercialización, lo que le permitirá evitar consolidar arrendamientos a largo plazo y sobrepasar el apalancamiento, garantizando así la bancabilidad de los proyectos. Este modelo también ofrece a los socios privados una oportunidad de beneficio compartido, al distribuir el 30% restante de la capacidad entre usuarios calificados o mediante comercialización merchant.

Finalmente, la Plataforma Aurora, recientemente aprobada por el Consejo de CFE, es clave para reciclar capital y financiar proyectos prioritarios de energía firme. Aprovechando activos existentes por US$ 4 mil millones, CFE busca monetizarlos para financiar cinco nuevos proyectos de generación. En este proceso, CFE buscará socios estratégicos que tomen un 46% de participación, aportando US$ 1,000 millones de capital nuevo, con una inversión total estimada de US$ 8 mil millones.

Para los inversionistas, la estructura de gobernanza garantizará la bancabilidad mediante un diseño de co-control, donde tanto CFE como los socios privados tendrán derechos de veto en decisiones clave. Aunque CFE tendrá control operativo en las fases de diseño, construcción y operación, el socio privado se encargará de los aspectos financieros y comerciales, incluyendo la monetización de la energía y la distribución de ganancias. Este modelo permite a CFE no consolidar toda la deuda en su balance, lo que reduce su exposición financiera y hace que el proyecto sea atractivo para los socios privados.

Proyecciones a futuro

El mercado energético en México está experimentando un proceso de reconfiguración, impulsado por la salida de empresas internacionales clave. Este cambio ha creado nuevas oportunidades para inversionistas con capital, quienes buscan adquirir proyectos brownfield y desarrollar plataformas de inversión más sólidas. 

Se anticipa, según algunos players, una ‘teoría darwiniana’ en el sector, donde solo las empresas más adaptables y ágiles lograrán sobrevivir. Las grandes compañías, con estructuras más rígidas, enfrentarán mayores dificultades para ajustarse a los cambios del entorno. Este escenario podría permitir una mayor participación de empresas medianas, que, al ser más rápidas en la toma de decisiones y estar dispuestas a asumir mayores riesgos, cuentan con una ventaja competitiva propia del escenario actual. 

Evaluación de GRI Institute 

En el sector energético, se percibe la necesidad de perfeccionar el diálogo entre académicos, reguladores, inversionistas y los sectores público y privado, con el fin de acelerar los procesos de colaboración. Este enfoque debe ser una prioridad para avanzar en los objetivos del sector energético.

Las metas renovables establecidas por el gobierno representan una oportunidad sólida de inversión en el sector eléctrico, para estimular su crecimiento y abrir espacio para nuevos proyectos.

La creciente demanda de gas natural, impulsada por proyectos como los de CFE, resalta la necesidad urgente de incrementar la producción nacional y mejorar la infraestructura de almacenamiento y gasoductos, particularmente en el sureste de México, donde el almacenamiento actual es de 2.5 días, muy por debajo del objetivo de 5 días ideales. 

En cuanto a Pemex, es importante que la empresa cada vez más reconozca a los privados como socios y no solo como proveedores, lo cual es esencial para mejorar su capacidad de expansión y afrontar los retos actuales. Además, es fundamental que Pemex busque aumentar su capacidad productiva fuera de México, ya que la producción interna no es suficiente para satisfacer la demanda energética nacional a largo plazo.

Finalmente, el debate sobre la energía nuclear sigue siendo polarizado, pero los avances en la gestión de desechos y seguridad hacen que, en la actualidad, esta fuente de energía sea cada vez más viable. La desmitificación de los riesgos y la mayor inclusión de actores clave es crucial para avanzar hacia su implementación como fuente confiable de energía en el marco de la transición energética.