Estructuradores chilenos de infraestructura: el ecosistema que conecta capital institucional con concesiones en el Cono Sur

Más de 2,3 millones de metros cuadrados como punto de partida

La infraestructura logística privada en el Cono Sur tiene un referente concreto. Bodegas San Francisco (BSF), cuyo gerente general es Sergio Barros, opera una red que supera los 2,3 millones de metros cuadrados construidos en Chile y Perú, según Diario Financiero. Esa escala no solo posiciona a BSF como una de las principales plataformas logísticas de la región, sino que revela un patrón más amplio: la capacidad de ciertos operadores chilenos para estructurar activos de infraestructura con vocación institucional, diseñados para atraer capital de largo plazo.

El ecosistema de estructuradores chilenos ha ganado relevancia en un momento en que el pipeline de concesiones y Asociaciones Público-Privadas (APP) en América Latina alcanza dimensiones históricas. Perú, Chile, Colombia y México concentran carteras de inversión que demandan capacidades técnicas, financieras y regulatorias que van más allá del capital familiar. Los perfiles que conectan fondos de pensiones (AFP), aseguradoras y vehículos de capital institucional con proyectos concretos se han convertido en piezas estratégicas del mercado.

¿Quiénes son los estructuradores chilenos que definen el flujo de capital institucional hacia infraestructura?

Chile ha consolidado un grupo de profesionales y firmas que operan en la intersección entre el mercado de capitales y la infraestructura física. Su ventaja competitiva radica en la profundidad del mercado institucional chileno, con AFP y compañías de seguros que históricamente han destinado porciones significativas de sus portafolios a activos reales.

Sergio Barros representa el segmento de infraestructura logística privada. Desde BSF, ha construido una plataforma binacional que opera en Chile y Perú con una escala difícil de replicar. Su modelo demuestra que la infraestructura privada, cuando alcanza masa crítica y estándares institucionales, compite directamente con las concesiones públicas como destino de capital de largo plazo.

Alfredo Ergas, por su parte, conecta el sector energético con el mercado de capitales transfronterizo. Su trayectoria en activos como Transelec y su vinculación con el ecosistema de family offices y fondos alternativos chilenos lo posicionan como una figura central en la canalización de inversión hacia infraestructura energética. Según GRI Hub, la integración bursátil Nuam configurará un nuevo eje de inversión inmobiliaria y de infraestructura entre Chile, Perú y Colombia en 2026, impulsado precisamente por family offices y fondos alternativos chilenos liderados por figuras como Ergas.

Esta proyección es relevante porque Nuam no solo amplía el universo de instrumentos disponibles para la inversión en infraestructura, sino que crea un corredor de capital institucional con alcance andino. Los estructuradores chilenos, con décadas de experiencia en la intermediación entre AFP y activos reales, están posicionados para capitalizar esa integración antes que sus pares colombianos o peruanos.

El pipeline andino: US$ 70.000 millones en juego

La demanda de estructuración institucional no surge en el vacío. Perú ha consolidado una de las carteras de APP más ambiciosas de la región. Según GRI Hub, ProInversión promueve una cartera de 116 proyectos de APP por aproximadamente US$ 70.000 millones para el período 2025-2026. De ese total, la agencia tiene previsto adjudicar 46 proyectos de infraestructura por un valor de US$ 8.200 millones durante 2026.

Ese volumen de adjudicaciones requiere capacidades de estructuración financiera que pocos actores regionales poseen. Los estructuradores chilenos compiten en este espacio con ventajas específicas: acceso a capital institucional profundo, experiencia en modelación financiera de concesiones y familiaridad con marcos regulatorios andinos.

El marco normativo peruano ha evolucionado para facilitar esa intermediación. La Ley N° 32441 renovó el marco regulatorio de APP en Perú, fortaleciendo las competencias de ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Decreto Legislativo 1712 complementa esa legislación, modernizando y reestructurando el ecosistema regulatorio de las APP y elevando el rol de los gestores de asuntos públicos. Ambas normas están vigentes y configuran un entorno más predecible para la inversión institucional.

¿Cómo compiten los estructuradores chilenos con sus pares de México, Colombia y Perú?

La competencia por mandatos de estructuración en infraestructura latinoamericana se intensifica. En México, la Ley de Infraestructura Estratégica reconfigura el tablero competitivo para vehículos de inversión, facilitando la transición del balance bancario al capital institucional. Esa legislación abre oportunidades para estructuradores con experiencia en instrumentos de deuda y equity de largo plazo, un terreno donde los chilenos tienen ventaja acumulada.

Grupo Altozano, con operaciones en México centradas en desarrollo urbano y ciudades intermedias, ilustra la diversidad del ecosistema latinoamericano de infraestructura. Su enfoque en desarrollo residencial y urbano complementa el pipeline de concesiones públicas y demuestra que la infraestructura como clase de activo abarca segmentos muy distintos, cada uno con sus propios requerimientos de estructuración.

En Perú, Aenza se ha reconfigurado como concesionaria pura en el mercado andino, con una facturación de US$ 525 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 13%, según GRI Hub. Esa transformación refleja una tendencia más amplia: los operadores locales se especializan en concesiones mientras buscan socios institucionales para financiar su expansión. Los estructuradores chilenos encuentran en esos operadores contrapartes naturales.

Luciana Caravedo, desde Cálidda en Perú, representa otro vector relevante. La compañía proyecta invertir US$ 400 millones para expandir su red de infraestructura de gas natural a 20.000 kilómetros, según GRI Institute. Esa escala de inversión en infraestructura energética requiere financiamiento institucional sofisticado, precisamente el tipo de mandato donde los estructuradores chilenos han demostrado capacidad.

Capital institucional como ventaja competitiva estructural

La profundidad del mercado institucional chileno constituye una barrera de entrada para competidores de otros países. Las AFP chilenas administran portafolios de magnitud considerable con mandatos de inversión que favorecen activos reales de largo plazo. Las compañías de seguros chilenas complementan esa demanda con apetito por instrumentos de deuda ligados a concesiones.

Los estructuradores que operan en este ecosistema han desarrollado competencias específicas: modelación financiera de proyectos con horizontes de 20 a 30 años, negociación de términos con entidades públicas concedentes, diseño de estructuras de financiamiento que combinan deuda bancaria con instrumentos de mercado de capitales, y gestión de riesgos regulatorios transfronterizos.

La integración Nuam amplifica esas capacidades. Al crear un mercado bursátil integrado entre Chile, Perú y Colombia, la plataforma permite que los instrumentos de financiamiento de infraestructura diseñados en Santiago se distribuyan a inversionistas institucionales en Lima y Bogotá. Los estructuradores chilenos, con acceso privilegiado a ese corredor, pueden ofrecer liquidez y diversificación que sus competidores locales no igualan.

Infraestructura logística: la frontera entre lo público y lo privado

El caso de Sergio Barros y BSF merece atención particular porque ilustra una tendencia que trasciende las concesiones tradicionales. La infraestructura logística privada, cuando alcanza escala institucional, se convierte en un activo comparable a una concesión pública en términos de perfil de riesgo-retorno, duración y previsibilidad de flujos.

Con más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos en dos países, BSF opera como infraestructura crítica para las cadenas de suministro de Chile y Perú. Ese tipo de activo atrae el mismo capital institucional que tradicionalmente financiaba autopistas o aeropuertos, y requiere las mismas capacidades de estructuración.

El ecosistema de infraestructura en América Latina evoluciona hacia una convergencia entre concesiones públicas e infraestructura privada de escala institucional. Los estructuradores que dominan ambos segmentos, como los perfiles chilenos identificados en este radar, capturan una porción creciente de los mandatos de inversión.

Perspectiva regional

El pipeline de infraestructura latinoamericana para 2026 es el más robusto en una década. Los US$ 70.000 millones en APP promovidos solo por ProInversión en Perú, sumados a las oportunidades en México, Colombia y Chile, configuran un mercado que demanda estructuradores con capacidades institucionales probadas. Los eventos y encuentros organizados por GRI Institute en el segmento de infraestructura y energía en América Latina han evidenciado esta dinámica, reuniendo a los principales actores del ecosistema en discusiones sobre el futuro de la inversión en la región.

Los estructuradores chilenos parten con ventaja, pero la competencia se intensifica. La pregunta para los próximos trimestres es si lograrán consolidar su posición en el corredor andino antes de que estructuradores mexicanos, colombianos y peruanos desarrollen capacidades equivalentes de intermediación institucional.