Radar de inversión: Jaime Chico Pardo, Rafael Cervantes de la Teja y los patriarcas que definen las concesiones en Méxic

México destinará 35 mil millones de pesos en 2025 a obras nuevas dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, según datos de la Presidencia de la República. La cifra confirma que el ciclo de concesiones viales no se ha detenido, pero su ritmo y orientación dependen de un grupo reducido de decisores cuya trayectoria cruza décadas de política pública y capital privado. Jaime Chico Pardo, Rafael Cervantes de la Teja, David Guillermo Miranda Herrera y Luis Rosendo Gutiérrez Romano ocupan posiciones estratégicas en la cadena de valor de la infraestructura latinoamericana. Su influencia, lejos de ser nominal, se traduce en resoluciones oficiales, asignaciones presupuestarias y filtros regulatorios que determinan qué proyectos avanzan y cuáles se estancan.

Jaime Chico Pardo: del reciclaje de capital a la gobernanza corporativa

Jaime Chico Pardo, fundador de Grupo ENESA, consolidó durante la última década una estrategia de desinversión de activos operativos que redefinió su posición dentro del ecosistema empresarial mexicano. La venta de Laboratorios Médicos Polanco a Synlab y de Selmec a Generac, documentada por Manufactura y El Financiero, marcó una etapa de reciclaje de capital que alejó a ENESA de la operación directa en salud y energía.

En abril de 2025, Chico Pardo renunció al Consejo de Administración de Grupo Bimbo tras 11 años de gestión, según informó Bloomberg Línea con base en registros de la Bolsa Mexicana de Valores. La salida no representa un retiro del mundo corporativo, sino una reconfiguración de su participación hacia roles de menor exposición operativa.

Es importante distinguir la trayectoria de Jaime Chico Pardo de la de su hermano Fernando Chico Pardo, vinculado a ASUR y protagonista de operaciones recientes de gran escala en el sector financiero. Jaime ha mantenido un perfil orientado a la gobernanza y la gestión patrimonial, sin nuevas adquisiciones registradas en infraestructura durante el periodo 2024-2026.

La estrategia de reciclaje de capital ejecutada por Grupo ENESA ilustra un patrón recurrente entre los patriarcas del capital mexicano: la transición de la operación directa hacia posiciones de influencia en consejos de administración y vehículos de inversión diversificados. Para los participantes del mercado de concesiones, la pregunta relevante es si ese capital reciclado encontrará destino en la nueva ola de proyectos carreteros y energéticos que México plantea para la próxima década.

¿Qué papel juega Rafael Cervantes de la Teja en el destrabe de concesiones carreteras?

Rafael Cervantes de la Teja ocupa la Dirección General de Desarrollo Carretero dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una posición técnica con impacto directo sobre el avance de los proyectos concesionados. El 3 de junio de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo que amplía las facultades de Cervantes de la Teja para llevar a cabo acciones de liberación y regularización de derecho de vía en obras susceptibles de concesión, según reportó la Revista TyT.

La resolución aborda uno de los cuellos de botella históricos del sistema de concesiones mexicano. La liberación de derecho de vía ha sido, durante décadas, el factor que mayor retraso genera en la ejecución de proyectos carreteros. Conflictos con ejidatarios, indefiniciones catastrales y procesos de expropiación prolongados han paralizado tramos completos de autopistas concesionadas, elevando costos financieros y disuadiendo la participación del sector privado.

Al ampliar las facultades del director general de Desarrollo Carretero, la SICT centraliza en una sola figura la capacidad de resolver disputas de derecho de vía, lo que podría acelerar la ejecución del paquete de obras previsto bajo el presupuesto de 35 mil millones de pesos para infraestructura carretera nueva. El Programa Bachetón, enfocado en la conservación de la red federal libre de peaje con una inversión de 30 mil millones de pesos, complementa esta estrategia al mantener operativa la red existente mientras se desarrollan nuevos tramos concesionados.

Rafael Cervantes de la Teja es el operador técnico que puede destrabar el cuello de botella más persistente del sistema concesional mexicano: la liberación de derecho de vía.

¿Cómo se conecta el modelo mexicano con los gatekeepers de inversión pública en la región?

El análisis del ecosistema de concesiones en América Latina requiere mirar más allá de las fronteras mexicanas. En Perú, David Guillermo Miranda Herrera fue designado Director General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en abril de 2025, según publicación de El Peruano. Desde esa posición, Miranda Herrera controla el mecanismo de priorización presupuestaria que determina qué proyectos de inversión pública reciben financiamiento.

La relevancia de esta designación se mide por la escala de los recursos en juego. La inversión pública en Perú alcanzó un récord de ejecución de más de 60 mil millones de soles al cierre de 2025, de acuerdo con datos del MEF. Miranda Herrera actúa como el equivalente andino de los gatekeepers mexicanos: un funcionario técnico cuyas decisiones de programación multianual condicionan la viabilidad financiera de concesiones y asociaciones público-privadas en transporte, energía y saneamiento.

El paralelismo entre la función de Cervantes de la Teja en México y la de Miranda Herrera en Perú revela una constante regional: los grandes flujos de capital en infraestructura dependen menos de anuncios presidenciales y más de la capacidad operativa de funcionarios técnicos de segundo nivel que resuelven obstáculos concretos.

Luis Rosendo Gutiérrez Romano y el filtro de seguridad nacional a la inversión extranjera

En el plano regulatorio, Luis Rosendo Gutiérrez Romano lidera desde la Secretaría de Economía la estrategia de screening de inversiones chinas en infraestructura bajo criterios de seguridad nacional, según reportó El País. Esta función adquiere relevancia estratégica en el contexto de la revisión del T-MEC prevista para julio de 2026, que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, impulsará normas más estrictas de contenido regional, limitando la inversión asiática directa en infraestructura logística mexicana.

El mecanismo de screening constituye un filtro previo que condiciona la estructura accionarial de los consorcios que participan en licitaciones de infraestructura crítica, desde puertos y parques industriales hasta centros de datos y redes de transmisión eléctrica. La posición de Gutiérrez Romano lo convierte en un árbitro de facto sobre el origen del capital que puede acceder al mercado mexicano de concesiones.

México espera inversiones energéticas por 248 mil millones de dólares entre 2025 y 2035 bajo el nuevo modelo de soberanía energética, según la Secretaría de Energía (Sener) y Bloomberg Línea. La magnitud de esa cifra amplifica el impacto de cualquier restricción al capital extranjero: cada filtro de seguridad nacional aplicado por Gutiérrez Romano redefine el universo de competidores elegibles para proyectos de generación, transmisión y almacenamiento.

Un mapa de poder con implicaciones para el capital institucional

La cartografía de estos cuatro perfiles revela un patrón que los miembros de GRI Institute han debatido de forma recurrente en sus encuentros regionales: la infraestructura latinoamericana se estructura alrededor de nodos de decisión individuales cuya permanencia, rotación o salida altera las condiciones de inversión de forma tangible.

Jaime Chico Pardo representa la transición del empresario operador al patriarca de gobernanza, con capital disponible pero sin vehículos activos de infraestructura identificados en el ciclo actual. Rafael Cervantes de la Teja encarna al tecnócrata con capacidad de destrabe regulatorio, ahora reforzado por facultades ampliadas. David Guillermo Miranda Herrera controla la llave presupuestaria de la inversión pública peruana en un año récord de ejecución. Luis Rosendo Gutiérrez Romano filtra el origen del capital que puede participar en el mercado mexicano, con la revisión del T-MEC como catalizador de cambios normativos.

Para los inversionistas institucionales y operadores de concesiones, estos cuatro nombres no son referencias biográficas, sino variables activas en la ecuación de riesgo-retorno de cualquier proyecto de infraestructura en la región. GRI Institute continuará monitoreando la evolución de estas posiciones y su impacto en los flujos de capital latinoamericanos.