Radar de inversión: los vehículos patrimoniales que canalizan capital hacia infraestructura productiva en México y los Andes

América Latina enfrenta un déficit de infraestructura de 2,2 billones de dólares y los grupos patrimoniales responden

América Latina necesita invertir más de 2,2 billones de dólares para cerrar su brecha de infraestructura hacia 2030, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citadas por GRI Hub en mayo de 2026. Esa magnitud de capital requerido ha activado un movimiento estructural entre los vehículos patrimoniales de la región: la migración desde el desarrollo inmobiliario tradicional hacia la infraestructura productiva, logística y energética.

En México, Chile, Colombia y Perú, grupos como Altozano, Grupo Campos y plataformas como BPBI están reconfigurando sus portafolios para capturar oportunidades en un segmento que, hasta hace pocos años, permanecía reservado casi exclusivamente para fondos institucionales y concesionarios multinacionales.

Este radar de inversión analiza las condiciones regulatorias, los movimientos de capital confirmados y el contexto competitivo que define la asignación de activos en infraestructura para el período 2026-2028 en la región.

¿Por qué los grupos patrimoniales están migrando hacia infraestructura en 2026?

La respuesta tiene un componente estructural y otro coyuntural. El componente estructural es el déficit acumulado de inversión en transporte, energía y conectividad digital en América Latina, cuantificado por el BID en 2,2 billones de dólares. Esa cifra representa una oportunidad de largo plazo con retornos predecibles, respaldados por flujos de caja contractuales, concesiones reguladas y demanda inelástica, atributos que encajan con el perfil de preservación patrimonial que buscan estos vehículos.

El componente coyuntural varía por geografía. En México, la inversión pública en infraestructura experimentó una caída del 28,4% en 2026, según reportó El Imparcial en abril de ese año. Esa contracción del gasto público ha motivado la creación de nuevos esquemas de financiamiento mixto que abren espacio para el capital privado en proyectos que antes operaban bajo lógica exclusivamente estatal.

La combinación de un déficit estructural de 2,2 billones de dólares y una caída de 28,4% en la inversión pública mexicana configura una ventana de entrada para vehículos patrimoniales con horizonte de inversión de largo plazo y tolerancia a la iliquidez.

En los Andes, la tendencia se manifiesta con claridad en el movimiento de Grupo Campos de Chile, que invertirá más de 160 millones de dólares en infraestructura logística en Perú y Colombia, según datos de GRI Hub de mayo de 2026. Esa operación ilustra cómo los grupos patrimoniales de origen andino están diversificando geográficamente su exposición a infraestructura, buscando corredores logísticos con demanda creciente impulsada por el nearshoring y la reconfiguración de cadenas de suministro.

La Ley de Infraestructura Estratégica de México: un catalizador regulatorio

El Senado de México aprobó en abril de 2026 la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que fue turnada al Ejecutivo para su promulgación. Esta legislación permite al Gobierno Federal utilizar recursos de las Afores para financiar obras públicas bajo Esquemas de Participación Mixta, manteniendo la rectoría pública exclusiva sobre los proyectos estratégicos.

Para los vehículos patrimoniales que operan en México, esta ley reconfigura el tablero competitivo de manera sustancial. La canalización de recursos de las Afores hacia infraestructura amplía el pool de capital disponible y genera incentivos para que plataformas de inversión como BPBI, Artha Capital y Emefin estructuren vehículos compatibles con los requisitos regulatorios de los fondos de pensiones.

La Ley de Infraestructura Estratégica de México representa el cambio regulatorio más relevante para el financiamiento de infraestructura en el país en la última década, al abrir formalmente los recursos de las Afores a esquemas de participación mixta.

El modelo de participación mixta implica que el capital privado participa en el financiamiento y, en algunos casos, en la operación de proyectos, pero bajo parámetros definidos por el sector público. Para grupos patrimoniales como Grupo Altozano, que históricamente han operado en desarrollo urbano e inmobiliario, esta estructura ofrece un marco jurídico más claro para la transición hacia infraestructura, con perfiles de riesgo-retorno distintos a los de la promoción inmobiliaria.

¿Qué perfil tienen los vehículos patrimoniales que compiten en este segmento?

Los vehículos patrimoniales que están ingresando al segmento de infraestructura en México y los Andes comparten características comunes que los distinguen de los fondos institucionales tradicionales.

En primer lugar, operan con horizontes de inversión más largos, frecuentemente superiores a diez años, lo que les permite asumir la iliquidez inherente a los activos de infraestructura. En segundo lugar, priorizan la generación de flujos de caja estables sobre la apreciación de capital, lo que los orienta naturalmente hacia concesiones, activos regulados y contratos de disponibilidad. En tercer lugar, suelen mantener una gobernanza familiar o de grupo cerrado que facilita la toma de decisiones en procesos de licitación o negociación directa.

Grupo Altozano, con sede en México, ha sido identificado por participantes del mercado como uno de los actores patrimoniales que explora activamente la diversificación hacia infraestructura, aunque los datos específicos sobre sus montos bajo gestión dedicados exclusivamente a esta nueva vertical no están disponibles públicamente al cierre de este análisis.

En la región andina, Grupo Campos de Chile ha dado el paso más cuantificable: su compromiso de más de 160 millones de dólares en infraestructura logística en Perú y Colombia, reportado por GRI Hub, establece un referente concreto para otros grupos patrimoniales que evalúan movimientos similares.

Respecto a plataformas como BPBI y Evalor, ambas son mencionadas recurrentemente en los foros de inversión en infraestructura de la región como vehículos relevantes en la intermediación de capital patrimonial hacia activos productivos. Sin embargo, los datos granulares sobre su pipeline financiero específico, tickets de inversión y retornos objetivo para el período 2026-2028 no se encuentran verificados en fuentes públicas al momento de esta publicación.

Los grupos patrimoniales representan una clase de competidor emergente en infraestructura latinoamericana, con ventajas en horizonte temporal y flexibilidad decisional, pero con desafíos de escala y acceso a deal flow de grado institucional.

La dimensión andina: corredores logísticos como tesis de inversión

La inversión de Grupo Campos en Perú y Colombia no es un caso aislado. Refleja una tesis de inversión compartida por varios vehículos patrimoniales andinos: la apuesta por corredores logísticos que conectan centros de producción con puertos de exportación en el Pacífico.

Chile, Perú y Colombia concentran una porción significativa del comercio exterior latinoamericano con Asia-Pacífico, y la infraestructura logística que soporta esos flujos presenta cuellos de botella documentados en almacenamiento, transporte intermodal y conectividad de última milla. Para grupos patrimoniales con conocimiento local y relaciones institucionales en estos mercados, los activos logísticos ofrecen un perfil de riesgo-retorno atractivo: demanda vinculada al comercio exterior, contratos de largo plazo con operadores y barreras de entrada moderadas en comparación con megaproyectos de transporte o energía.

GRI Institute ha documentado esta tendencia a través de sus conferencias y encuentros regionales, donde líderes de grupos patrimoniales andinos y mexicanos han discutido las estrategias de asset allocation que están desplegando hacia infraestructura productiva.

Perspectivas para 2026-2028: un mercado en formación

El período 2026-2028 será determinante para evaluar si la migración de capital patrimonial hacia infraestructura en México y los Andes se consolida como una tendencia estructural o permanece como un fenómeno acotado a un puñado de actores pioneros.

En México, la implementación efectiva de la Ley de Infraestructura Estratégica y la velocidad con que las Afores comiencen a canalizar recursos hacia esquemas de participación mixta definirán el volumen de oportunidades disponibles para vehículos patrimoniales. La caída del 28,4% en inversión pública, reportada por El Imparcial, sugiere que el espacio para el capital privado se ha ampliado, pero la materialización de proyectos dependerá de la capacidad institucional para estructurar licitaciones y garantizar certidumbre jurídica.

En los Andes, el ritmo de expansión de grupos como Campos, con sus 160 millones de dólares comprometidos en logística, marcará la pauta para otros vehículos que aún evalúan su entrada.

El déficit de 2,2 billones de dólares identificado por el BID garantiza que la demanda de capital existirá durante décadas. La pregunta operativa para los próximos tres años es qué vehículos lograrán posicionarse como intermediarios eficientes entre el capital patrimonial y los proyectos de infraestructura que la región necesita con urgencia.

GRI Institute continuará monitoreando estos movimientos a través de sus plataformas de inteligencia y encuentros ejecutivos, proporcionando a sus miembros la información necesaria para evaluar oportunidades y riesgos en este segmento en transformación.