Radar de inversión: los estructuradores que disputan el pipeline de infraestructura en los Andes

ProInversión prevé adjudicar una cartera de 80 proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP) y otros mecanismos entre 2025 y 2026. La cifra condensa el momento que atraviesa la región andina: un ciclo de estructuración ambicioso, sostenido por reformas regulatorias, nuevos instrumentos de financiamiento y un grupo reducido de profesionales cuyas decisiones determinan qué proyectos avanzan y cuáles se estancan. Este radar de GRI Institute mapea a los actores y las variables que configuran ese pipeline.

Munir Jalil: la lectura macro que condiciona la estructuración

Cualquier proyecto de infraestructura de largo plazo en la región andina depende, antes que de su ingeniería, de la trayectoria de tasas de interés y del entorno macroeconómico. Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina en BTG Pactual, se ha consolidado como una de las voces más influyentes en ese análisis. Según BTG Pactual y Valora Analitik, Jalil lidera la interpretación de los ciclos monetarios que impactan directamente la viabilidad financiera de concesiones y APP en Colombia, Perú y Chile.

La relevancia de su posición radica en un hecho estructural: los modelos financieros de proyectos concesionados son extremadamente sensibles al costo del capital. En economías donde los bancos centrales han mantenido políticas restrictivas para contener la inflación, cada punto base en la tasa de referencia altera los flujos descontados de una concesión vial o energética a 20 o 30 años. Jalil opera en la intersección exacta entre el análisis macroeconómico y la toma de decisiones de inversión en infraestructura, lo que lo convierte en un referente obligado para estructuradores financieros en la región andina.

Para los miembros de GRI Institute que participan en rondas de estructuración, el seguimiento de las proyecciones de BTG Pactual sobre tasas en Colombia y Perú constituye un insumo crítico. La capacidad de anticipar ventanas de financiamiento favorables puede definir la diferencia entre un proyecto adjudicado y uno que permanece en fase de estudios.

Roberto Moreno Mejía: renovación urbana como infraestructura estratégica

Roberto Moreno Mejía, presidente y fundador de la constructora Amarilo, representa el otro extremo del espectro: el desarrollo privado que transforma suelo urbano en infraestructura habitable. Según Caracol Radio (diciembre 2025), Moreno Mejía lidera megaproyectos de renovación urbana en Bogotá, entre los que destacan Lagos de Torca y Quora, dos intervenciones de escala metropolitana que combinan vivienda, equipamiento público y conectividad.

La trayectoria de Amarilo bajo el liderazgo de Moreno Mejía ilustra cómo la renovación urbana se ha convertido en un vehículo de infraestructura tan relevante como las concesiones viales o los parques de generación. Lagos de Torca, en particular, es uno de los proyectos de desarrollo urbano más grandes de América Latina, con implicaciones directas sobre redes de transporte, servicios públicos y gestión hídrica en el norte de Bogotá.

Este tipo de operaciones cobra mayor relevancia en el contexto de la Ley 2476 de 2025, conocida como Ley de Ciudades Verdes, promulgada el 10 de julio de 2025 en Colombia. La norma fortalece la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo a través de ciudades y centros urbanos verdes, biodiversos y resilientes, lo que impacta directamente la planificación de infraestructura urbana. Para desarrolladores como Amarilo, la ley introduce nuevos parámetros de diseño y certificación que condicionan la estructuración de proyectos futuros.

¿Qué capacidad tiene Colombia para financiar su brecha de infraestructura?

La pregunta es central para entender el contexto en el que operan los estructuradores andinos. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, noviembre 2025), Colombia requiere una inversión anual significativa para cerrar las brechas en infraestructura vial primaria hasta 2033, un volumen que supera el límite actual de vigencias futuras para APP, fijado en el 0,8% del PIB.

Este techo fiscal es, en la práctica, el cuello de botella más relevante para el pipeline colombiano. Significa que incluso con proyectos bien estructurados y demanda comprobada, el Estado tiene un margen limitado para comprometer recursos futuros en nuevas concesiones. La restricción del 0,8% del PIB en vigencias futuras para APP obliga a los estructuradores colombianos a innovar en esquemas de financiamiento mixto, titularización de peajes y participación de fondos de infraestructura internacionales.

En este escenario, la articulación entre el análisis macro que proveen economistas como Jalil y la capacidad de ejecución de desarrolladores como Moreno Mejía cobra un sentido práctico inmediato. Los proyectos que logren avanzar serán aquellos cuya ingeniería financiera se adapte a las restricciones fiscales vigentes, no los que dependan de una expansión del gasto público.

¿Cómo se configura el pipeline de APP en Perú y Chile?

Perú ha adoptado una estrategia agresiva de desregulación para acelerar su cartera de infraestructura. El reglamento de la nueva Ley de APP, actualmente en proceso de implementación, incorpora mejoras en la gobernanza de ProInversión, simplifica trámites y establece plazos predecibles en la ejecución de proyectos. Esta reforma se enmarca en el denominado Shock Desregulatorio 2.0, una política transversal del gobierno peruano para reducir barreras administrativas.

La cartera de 80 proyectos que ProInversión prevé adjudicar entre 2025 y 2026, según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, abarca transporte, energía y telecomunicaciones. Adicionalmente, Scotiabank Perú proyecta que la inversión en infraestructura concesionada de transporte mantendrá su dinamismo en 2025-2026, superando los niveles reconocidos en 2024.

Chile, por su parte, mantiene una cartera de concesiones robusta. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha identificado 15 proyectos estratégicos para el período 2025-2026, consolidando al país como el mercado de concesiones más maduro de la región. La estabilidad institucional del modelo chileno sigue siendo un diferenciador para inversionistas internacionales que buscan exposición a infraestructura andina con menor riesgo regulatorio.

Crear cimientos: la lógica de los estructuradores emergentes

El concepto de "crear cimientos" trasciende la metáfora constructiva. En el contexto andino actual, se refiere a la capacidad de articular capital, regulación y ejecución en entornos de restricción fiscal y volatilidad macroeconómica. Los estructuradores que dominan este ciclo comparten un rasgo común: operan en la frontera entre el sector público y el privado, traduciendo marcos regulatorios complejos en modelos financieros ejecutables.

GRI Institute ha identificado, a través de sus encuentros con líderes de infraestructura en América Latina, que la nueva generación de estructuradores prioriza tres variables: la previsibilidad regulatoria, el acceso a financiamiento en moneda local y la integración de criterios de sostenibilidad desde la fase de diseño. La Ley de Ciudades Verdes en Colombia y el Shock Desregulatorio 2.0 en Perú son ejemplos concretos de cómo los marcos normativos están respondiendo a estas prioridades.

Para los miembros de GRI Institute que participan activamente en la estructuración de proyectos en la región, el mapeo de estos perfiles y tendencias constituye un insumo estratégico. El pipeline andino no se define únicamente por el volumen de inversión previsto, sino por la calidad de los equipos que lo estructuran y las condiciones macroeconómicas que lo habilitan.

Perspectiva regional: un ciclo que demanda precisión

La convergencia de reformas en Perú, restricciones fiscales en Colombia y madurez concesional en Chile configura un escenario donde la diferenciación competitiva recae en la capacidad de estructuración. Los 80 proyectos de ProInversión, los 15 del MOP chileno y la brecha de financiamiento que ANIF documenta en Colombia delinean un mercado activo pero selectivo.

Los profesionales e instituciones que logren integrar análisis macroeconómico riguroso, conocimiento regulatorio actualizado y relaciones institucionales sólidas serán quienes capturen las oportunidades de mayor escala. En la infraestructura andina contemporánea, crear cimientos es, ante todo, un ejercicio de precisión financiera y adaptación regulatoria.