Radar de inversión: APPs en Latinoamérica movilizan más de US$ 75.000 millones en infraestructura

América Latina atraviesa uno de los ciclos más intensos de estructuración de infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas (APP). Según datos de BNamericas, 149 grandes proyectos entrarán en etapa de construcción entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, con una inversión de capital estimada en casi US$ 75.000 millones. México, Colombia y Perú concentran una porción sustancial de ese flujo, cada uno con dinámicas regulatorias y calendarios de licitación propios que reconfiguran las oportunidades para inversionistas, desarrolladores y operadores.

Este artículo se enfoca exclusivamente en las Asociaciones Público-Privadas orientadas a infraestructura física, es decir, transporte, energía, conectividad digital y equipamiento urbano. Conviene hacer esta precisión porque el término "ley de APPs" ha generado confusión mediática en México y Colombia, donde recientes reformas laborales regulan a trabajadores de plataformas digitales de transporte y delivery bajo siglas similares. El análisis que sigue aborda el marco institucional de las APP de infraestructura y los actores que determinan su evolución.

México: 38 proyectos y US$ 17.100 millones en el pipeline de infraestructura

México lidera la región en número de proyectos de infraestructura en fase de preconstrucción o construcción. BNamericas identifica 38 proyectos que suman una inversión de US$ 17.100 millones, lo que posiciona al país como el mercado con mayor volumen de iniciativas activas en Latinoamérica.

El pipeline carretero constituye uno de los ejes centrales de esta actividad. Dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dos figuras institucionales concentran la toma de decisiones sobre la estructuración y desarrollo de proyectos viales. Tania Carro Toledo, Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, encabeza la estrategia sectorial desde la SICT. Rafael Cervantes de la Teja, Director General de Desarrollo Carretero en la misma secretaría, lidera la planificación y ejecución del programa de concesiones y obras carreteras.

Ambos perfiles representan los puntos de contacto institucional para inversionistas y desarrolladores interesados en el ciclo de licitaciones de infraestructura de transporte en México. Sus decisiones inciden directamente en los calendarios de adjudicación, las condiciones de estructuración financiera y los estándares técnicos de los proyectos.

En el ámbito energético, Manuel Calva Merino ocupa el cargo de Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde donde lidera los asuntos jurídicos y el cumplimiento regulatorio del principal actor estatal del sector eléctrico mexicano. Su rol resulta central en un contexto donde la expansión de la transmisión eléctrica exigirá cuantiosos recursos en los próximos años.

Colombia: un pipeline de 18 proyectos por más de US$ 23.000 millones

Colombia presenta un pipeline de 18 grandes proyectos de infraestructura que impulsarán inversiones superiores a US$ 23.000 millones, según datos de BNamericas correspondientes a junio de 2025. El Puerto Internacional Las Américas ejerce una influencia significativa en la magnitud de esta cifra.

El volumen del pipeline colombiano supera en monto total al mexicano, aunque con un número menor de proyectos. Esto refleja la concentración de capital en megaproyectos de alto impacto, particularmente en infraestructura portuaria y de transporte multimodal. La estructuración de APP en Colombia ha evolucionado a partir de la experiencia acumulada en las generaciones de concesiones viales (4G y 5G), lo que otorga al mercado colombiano un grado de madurez institucional reconocido por inversionistas internacionales.

Para los actores del sector, Colombia representa una jurisdicción donde la profundidad del pipeline y la escala de los proyectos individuales generan oportunidades diferenciadas respecto a otros mercados de la región.

¿Cómo transforma la nueva ley de APP el panorama de inversión en Perú?

Perú aprobó la Ley Nº 32441, regulada mediante el Decreto Supremo Nº 316-2025-EF, que entró en vigor el 26 de diciembre de 2025. Esta legislación regula la promoción de la inversión privada a través de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. La reforma simplifica procesos administrativos, fortalece el rol de ProInversión como organismo rector y establece nuevas reglas para la adjudicación, modificación y cierre de proyectos.

La Ley Nº 32441 constituye el cambio regulatorio más concreto y reciente en materia de APP de infraestructura en la región. Su implementación redefine los incentivos para la participación privada en sectores como transporte, saneamiento, energía y telecomunicaciones en Perú.

Dos elementos destacan en la nueva normativa. El fortalecimiento institucional de ProInversión centraliza la estructuración técnica y financiera de los proyectos, reduciendo la fragmentación que caracterizaba al modelo anterior. La simplificación de los procesos de adjudicación busca acortar los plazos entre la identificación de un proyecto y el cierre financiero, un cuello de botella histórico en el mercado peruano.

La reforma peruana marca un referente para otras jurisdicciones latinoamericanas que evalúan modernizar sus marcos de APP.

¿Qué papel juega la transmisión eléctrica en el pipeline regional de infraestructura?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que, entre 2026 y 2030, la región planifica una inversión total superior a los US$ 17.000 millones en planes nacionales de expansión de la transmisión eléctrica. Esta cifra revela la magnitud de la brecha de infraestructura energética que América Latina debe cerrar para sostener la transición energética, la electrificación del transporte y el crecimiento de la demanda industrial.

La transmisión eléctrica representa un segmento de inversión con características atractivas para el capital institucional: flujos de caja predecibles, contratos de largo plazo y respaldo regulatorio. En México, la CFE concentra la operación del sistema de transmisión, mientras que en Colombia y Perú operan esquemas con mayor participación del sector privado a través de licitaciones y concesiones.

La inversión de US$ 17.000 millones en transmisión eléctrica proyectada por el BID para 2026-2030 configurará uno de los segmentos de mayor actividad en APP de infraestructura en la región. Los desarrolladores y fondos de infraestructura que establezcan posiciones tempranas en este segmento encontrarán un mercado en expansión sostenida.

Panorama comparado: tres mercados, una tendencia convergente

La lectura transversal de los tres mercados revela una tendencia convergente. México aporta volumen, con 38 proyectos activos y US$ 17.100 millones en inversión. Colombia aporta escala, con 18 proyectos que superan los US$ 23.000 millones. Perú aporta renovación institucional, con una ley de APP de nueva generación que moderniza las reglas del juego.

En conjunto, los pipelines de México y Colombia por sí solos superan los US$ 40.000 millones en inversión identificada, sin considerar los proyectos en fase de estructuración temprana en Perú ni los programas de transmisión eléctrica regionales.

El ciclo de inversión en infraestructura latinoamericana se define por la convergencia de pipelines robustos, reformas regulatorias y la necesidad de cerrar brechas en transporte, energía y conectividad. Los mercados que logren articular marcos institucionales claros con calendarios de licitación predecibles captarán la mayor proporción del capital disponible.

Decisores clave y espacios de articulación

El GRI Institute ha identificado este ciclo de estructuración como un eje temático prioritario para sus miembros. Espacios de discusión como los clubes de líderes en infraestructura latinoamericana permiten a tomadores de decisión del sector público, inversionistas institucionales y desarrolladores evaluar oportunidades en tiempo real, contrastar marcos regulatorios y establecer relaciones de largo plazo.

Perfiles como los de Tania Carro Toledo, Rafael Cervantes de la Teja y Manuel Calva Merino representan la clase de interlocutores institucionales cuya participación en estos espacios eleva la calidad del diálogo entre el sector público y el capital privado.

Para los miembros del GRI Institute que operan en infraestructura latinoamericana, el momento actual combina tres condiciones favorables: volumen de proyectos identificados, reformas regulatorias en curso y demanda estructural de inversión en sectores críticos. La capacidad de cada mercado para traducir esas condiciones en cierres financieros efectivos definirá el mapa de oportunidades de los próximos cinco años.

Fuentes: BNamericas (junio 2025), Banco Interamericano de Desarrollo, Gobierno de México, Gobierno de Perú, GRI Institute.