Radar de inversión: la nueva ley de APPs en Latinoamérica y el pipeline que se reactiva en 2025-2026

México proyecta una inversión mixta en infraestructura de hasta 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030, según El Economista. La cifra representa una apuesta sin precedentes recientes por los esquemas de participación público-privada en la mayor economía hispanohablante del mundo. Al mismo tiempo, Perú acaba de promulgar la Ley N.° 32441 de APPs y Proyectos en Activos, mientras Colombia enfrenta un ciclo electoral que condiciona el ritmo de su inversión en infraestructura. El mapa regulatorio de las asociaciones público-privadas en América Latina se está redibujando con velocidad y complejidad.

Este análisis de GRI Institute examina, país por país, las reformas legislativas que marcarán el calendario de licitaciones y la estructuración de proyectos en los próximos dos años.

¿Qué cambia con las nuevas leyes de APPs en México y Perú?

Las reformas en curso responden a un diagnóstico compartido: los marcos regulatorios previos generaban cuellos de botella burocráticos, desincentivaban la participación privada y alargaban los plazos de estructuración hasta volver inviables proyectos estratégicos.

Perú: la Ley N.° 32441 y el fortalecimiento de ProInversión

Perú tomó la delantera en el ciclo reformista con la promulgación de la Ley N.° 32441, nueva Ley de APPs y Proyectos en Activos. La norma, ya vigente, fortalece el rol estratégico de ProInversión como ente rector de la promoción de inversión privada y busca eliminar trabas burocráticas que históricamente retrasaron la adjudicación de concesiones.

El contexto macroeconómico acompaña la reforma. El sector construcción en Perú proyecta un crecimiento de 4.9% para 2025, aunque la inversión estatal solo se expandiría un 1.0% en 2026, según datos del BCR y el MEF recogidos por Revista Economía. Esta asimetría entre dinamismo privado y restricción fiscal refuerza la lógica de la nueva ley: si el Estado no puede expandir su gasto de capital al ritmo necesario, el marco normativo debe facilitar que el sector privado ocupe ese espacio.

Un indicador relevante de la solidez del ecosistema financiero peruano es el desempeño del programa Reactiva Perú: el 89% de los créditos otorgados, equivalentes a S/ 51 mil millones de un total de S/ 57 mil millones, ya han sido pagados, según COFIDE. Esta tasa de recuperación señala la capacidad del sistema financiero local para absorber riesgos y respaldar operaciones de largo plazo como las que demandan los proyectos de infraestructura bajo APPs.

La Ley N.° 32441 representa el instrumento regulatorio más importante para la infraestructura peruana en la presente década. Su implementación efectiva determinará si el país logra cerrar brechas críticas en transporte, energía y servicios digitales.

México: inversiones mixtas y el programa carretero 2025-2030

En México, el Ejecutivo anunció en febrero de 2026 una propuesta de nueva Ley de Inversiones Mixtas, diseñada para armonizar el marco legal e incorporar el modelo de contratos mixtos y propuestas no solicitadas en infraestructura, garantizando la rectoría del Estado. La iniciativa busca canalizar parte de los 5.6 billones de pesos proyectados en inversión mixta hacia proyectos que combinen capital público y privado bajo reglas claras.

Rafael Cervantes de la Teja, Director General de Desarrollo Carretero de la SICT, es una figura central en la articulación del nuevo Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 bajo estos esquemas mixtos. La red vial constituye el segmento con mayor madurez para la aplicación de contratos público-privados en México, y el programa carretero será la primera prueba de fuego para el nuevo marco regulatorio una vez que se apruebe.

La propuesta de ley de inversiones mixtas en México abre la puerta a propuestas no solicitadas, un mecanismo que podría acelerar significativamente el pipeline de proyectos si la reglamentación secundaria establece criterios transparentes de evaluación.

José Luis Mogollón, Director de Desarrollo de Quivira, ha señalado la urgencia de infraestructura energética y de servicios para detonar el desarrollo regional, especialmente en zonas aisladas como Baja California Sur. Su perspectiva ilustra una demanda concreta del sector privado: las reformas regulatorias deben traducirse en habilitación territorial efectiva, no solo en ajustes normativos abstractos.

¿Cómo afecta el ciclo electoral colombiano al pipeline de infraestructura?

Colombia presenta un panorama distinto. Sin una reforma legislativa de APPs de la magnitud de las de México o Perú en curso, el país enfrenta un condicionante político que pesa sobre las decisiones de inversión: el ciclo electoral de 2026.

Munir Jalil, Economista Jefe para la Región Andina de BTG Pactual, ha advertido sobre la incertidumbre que este ciclo genera en la inversión de infraestructura colombiana. Según proyecciones de Bancolombia, BTG Pactual y BNP Paribas, la economía colombiana crecería entre 2% y 3.2% en 2026, impulsada por el consumo pero con una inversión aún débil y condicionada precisamente por la incertidumbre política.

En Colombia, el crecimiento económico proyectado de entre 2% y 3.2% para 2026 podría quedarse corto si la inversión en infraestructura no se desacopla del calendario político. Los proyectos de transporte masivo y conectividad regional no pueden esperar resoluciones electorales.

A pesar de este contexto, proyectos emblemáticos avanzan. Tomás Elejalde, Gerente del Metro de Medellín, lidera la ejecución del Metro de la 80 y trabaja en su futura integración con el Tren del Río, dos iniciativas que demuestran que la capacidad institucional local puede sostener la ejecución incluso en periodos de incertidumbre macropolítica. Estos proyectos de movilidad urbana en Medellín se han convertido en referentes de gestión público-privada en el continente.

Mapa comparativo: tres países, tres estrategias regulatorias

El análisis comparado revela enfoques diferenciados pero convergentes en su objetivo de movilizar capital privado.

Perú ha optado por la vía legislativa directa con la Ley N.° 32441, centralizando la promoción en ProInversión y priorizando la eliminación de barreras administrativas. El crecimiento de 4.9% del sector construcción en 2025 sugiere que el mercado ya anticipa los efectos de la reforma.

México apuesta por un modelo de inversiones mixtas que preserva la rectoría estatal mientras incorpora mecanismos de mercado como las propuestas no solicitadas. Los 5.6 billones de pesos proyectados para 2026-2030 constituyen el mayor compromiso fiscal-privado de la región, aunque la aprobación y reglamentación de la ley propuesta determinará su viabilidad operativa.

Colombia transita un periodo de espera activa, donde la ejecución de proyectos en curso, como el Metro de la 80 en Medellín, convive con la cautela inversora derivada del ciclo electoral. La ventana de oportunidad para una nueva generación de concesiones se abrirá con mayor claridad una vez definido el panorama político de 2026.

Implicaciones para estructuradores e inversionistas

Para los actores del ecosistema de infraestructura en América Latina, el momento actual exige un seguimiento granular de la implementación regulatoria, no solo de los anuncios legislativos. La distancia entre promulgación y ejecución efectiva ha sido históricamente el punto de mayor fricción en la región.

Los foros de alto nivel de GRI Institute han identificado de manera consistente esta brecha de implementación como el principal riesgo para los pipelines de proyectos. La interacción directa entre reguladores, estructuradores y operadores, como la que se facilita en los encuentros del club, resulta determinante para traducir reformas en proyectos bancables.

Las tres reformas regulatorias analizadas comparten una premisa: América Latina necesita movilizar capital privado a una escala mayor y con mayor velocidad. La diferencia estará en la calidad de la reglamentación secundaria, la estabilidad institucional y la capacidad de los organismos promotores para generar confianza en el mercado.

El pipeline de infraestructura en la región se reactiva con marcos normativos renovados, pero su materialización dependerá de que las reglas del juego se mantengan estables más allá de los ciclos políticos. Los próximos 18 meses serán definitorios.