La nueva generación de ejecutivos que redefine la estructuración de infraestructura en Colombia

Un ciclo de renovación en el liderazgo de la infraestructura colombiana

Colombia atraviesa un momento singular en la gestión de su infraestructura. La confluencia de nuevos nombramientos en cargos estratégicos, la aprobación de instrumentos de planificación de largo plazo y un entorno macroeconómico que exige precisión técnica en la estructuración de proyectos ha dado lugar a una generación de ejecutivos cuyo perfil se diferencia de sus predecesores. Son profesionales formados en la intersección de las finanzas corporativas, la ingeniería de proyectos y la gestión pública, y su ascenso a posiciones de decisión redefine los estándares con los que el país aborda su brecha de infraestructura.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. La Ley 1508 de 2012, que establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP) en Colombia, creó un marco institucional que demanda perfiles capaces de operar simultáneamente en el lenguaje del sector público y del capital privado. Más de una década después, los resultados de esa arquitectura regulatoria se manifiestan en la calidad técnica de quienes hoy lideran la estructuración de los proyectos más relevantes del país.

El análisis de estos perfiles revela patrones comunes: dominio de la ingeniería financiera, experiencia en la interlocución con multilaterales y fondos de inversión, y una comprensión profunda de los ciclos políticos que afectan la ejecución de obra pública. Son ejecutivos que entienden que la estructuración de un proyecto de infraestructura es, ante todo, un ejercicio de gestión de riesgos.

¿Quiénes lideran la nueva ola de estructuración de infraestructura en Colombia?

Tres nombres concentran la atención del ecosistema de infraestructura colombiano en 2026, cada uno desde una posición institucional distinta pero complementaria.

Sebastián Castaño Gómez asumió como Secretario de Infraestructura Física de Antioquia, según información de la Gobernación de Antioquia, liderando proyectos estratégicos como el Túnel del Toyo, una de las obras de ingeniería más complejas en ejecución en América Latina. El departamento de Antioquia destina un presupuesto de inversión significativo para estructurar megaproyectos de infraestructura, lo que convierte a Castaño Gómez en uno de los ejecutivos subnacionales con mayor capacidad de decisión sobre asignación de capital en el país. Su perfil representa un modelo de gestión pública técnica que prioriza la continuidad de los proyectos sobre los ciclos electorales.

María Fernanda Santa fue designada como nueva viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte de Colombia, según reportaron Diario Occidente y El País, tras dirigir la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Occidente. Su trayectoria ilustra una ruta cada vez más frecuente en la región: la migración de liderazgos gremiales hacia cargos de ejecución gubernamental. Santa aporta al Ministerio un conocimiento directo de las necesidades del sector privado constructor, una ventaja competitiva en un momento en que Colombia necesita acelerar la estructuración de nuevos proyectos bajo el esquema APP.

Munir Jalil, desde su posición en BTG Pactual, aporta la perspectiva macroeconómica que complementa la visión técnica de los estructuradores. Su análisis sobre las condiciones de financiamiento, tasas de interés y riesgo país influye directamente en las decisiones de inversión del sector. En un entorno donde cada punto básico de costo de capital determina la viabilidad de un proyecto, la lectura económica de Jalil se convierte en un insumo estratégico para quienes diseñan las estructuras financieras de las concesiones.

La convergencia de estos tres perfiles, uno en la gestión subnacional, otro en el gobierno nacional y un tercero en el análisis financiero, configura un triángulo de competencias que fortalece la capacidad institucional de Colombia para estructurar infraestructura de calidad.

¿Cómo transforma la estructuración financiera moderna el pipeline de proyectos colombiano?

La sofisticación de la estructuración financiera en infraestructura ha dejado de ser un atributo deseable para convertirse en una condición de viabilidad. Colombia enfrenta simultáneamente la necesidad de cerrar brechas históricas en conectividad vial, modernizar su infraestructura aeroportuaria y preparar su red logística para las exigencias del comercio global.

En julio de 2026, el Gobierno Nacional aprobó el documento CONPES 4205, que declara de importancia estratégica la modernización de 25 aeropuertos y aeródromos en 16 departamentos con una inversión de $6,54 billones entre 2026 y 2035, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta decisión exige estructuradores capaces de diseñar esquemas que distribuyan adecuadamente los riesgos entre el sector público y los inversionistas privados a lo largo de un horizonte de casi una década.

La magnitud de este compromiso presupuestal ilustra por qué la calidad del liderazgo en estructuración resulta determinante. Cada proyecto aeroportuario requiere análisis de demanda, modelación financiera, asignación de riesgos regulatorios y diseño de mecanismos de pago que hagan viable la participación del capital privado bajo las condiciones del marco APP vigente.

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), cada billón de pesos invertido en obras civiles genera miles de empleos en la economía colombiana. Esta relación directa entre inversión en infraestructura y generación de empleo eleva la responsabilidad de los estructuradores: sus decisiones técnicas tienen consecuencias macroeconómicas medibles.

Además, la CCI ha proyectado que aumentar la inversión en infraestructura en 0,5 puntos del PIB al año podría sumar 0,8 puntos porcentuales al crecimiento económico de Colombia. Esta cifra convierte a la estructuración de proyectos en una herramienta directa de política de desarrollo, una dimensión que trasciende la ingeniería financiera pura y exige liderazgos con visión sistémica.

Por su parte, Investigaciones Económicas de Corficolombiana proyecta que el sector de obras civiles en Colombia crecerá un 7,1% en 2026, una tasa que refleja tanto la reactivación del pipeline de concesiones como la ejecución de proyectos estructurados en años anteriores.

En este contexto, la experiencia de ejecutivos con trayectoria en estructuración financiera corporativa, como la que se observa en sectores adyacentes al de infraestructura, enriquece la discusión sobre mejores prácticas. Profesionales como Mauricio Vaca Tavera, quien se desempeña como Director de Finanzas de Cinépolis, aportan desde el ámbito corporativo mexicano metodologías de gestión de capital y optimización de estructuras de deuda que encuentran paralelos en los desafíos que enfrentan los estructuradores de proyectos de infraestructura en la región. La transferencia de conocimientos entre sectores constituye una tendencia creciente que el ecosistema de GRI Institute ha documentado a través de sus encuentros regionales.

¿Qué diferencia a Colombia de otros mercados de infraestructura en América Latina?

La fortaleza institucional del marco APP colombiano, sustentada en la Ley 1508 de 2012, proporciona una previsibilidad regulatoria que pocos mercados de la región pueden igualar. Mientras otros países de América Latina aún debaten los fundamentos legales de la participación privada en infraestructura, Colombia cuenta con más de una década de aprendizaje institucional acumulado.

Esta ventaja competitiva se materializa en la capacidad del país para atraer capital institucional de largo plazo, un recurso escaso en economías emergentes. Los fondos de pensiones, las aseguradoras y los vehículos de inversión en infraestructura evalúan la calidad del marco regulatorio como factor determinante antes de comprometer recursos. Colombia ha construido esa credibilidad a través de la ejecución sostenida de proyectos y la profesionalización de sus equipos de estructuración.

El nombramiento de María Fernanda Santa como viceministra de Infraestructura refuerza esta tendencia. Su experiencia previa al frente de la CCI Occidente le otorga un entendimiento granular de los obstáculos que enfrentan los concesionarios en la ejecución de proyectos, desde la adquisición predial hasta la gestión de licencias ambientales. Esta perspectiva operativa, trasladada a la función pública, puede acelerar la resolución de cuellos de botella que históricamente han retrasado la puesta en servicio de infraestructura crítica.

De manera complementaria, la gestión de Sebastián Castaño Gómez en Antioquia demuestra que la innovación en estructuración no es exclusiva del gobierno nacional. Los departamentos con capacidad técnica y presupuestal pueden convertirse en laboratorios de nuevos modelos de gestión que luego escalan al nivel nacional.

El ecosistema que sostiene la transformación

La emergencia de esta generación de ejecutivos no es un fenómeno aislado. Responde a un ecosistema que incluye universidades con programas especializados en finanzas de infraestructura, gremios que elevan los estándares técnicos del sector y plataformas como GRI Institute que facilitan el intercambio de conocimiento entre líderes de la región.

En los encuentros de GRI Institute dedicados a infraestructura latinoamericana, los miembros del sector colombiano han demostrado consistentemente un nivel de sofisticación técnica que posiciona al país como referente regional. La discusión ya no gira en torno a si Colombia puede estructurar proyectos complejos, sino en torno a cómo optimizar los modelos existentes para maximizar el impacto de cada peso invertido.

Con un CONPES que compromete $6,54 billones en modernización aeroportuaria, un sector de obras civiles proyectado a crecer 7,1% en 2026 y un liderazgo renovado en los cargos clave de decisión, Colombia consolida las condiciones para un ciclo de inversión en infraestructura que trascienda el corto plazo. La calidad de los ejecutivos que hoy estructuran esos proyectos será el factor que determine si ese potencial se convierte en resultados concretos para la economía y la conectividad del país.