Mujeres que estructuran la infraestructura en México: del blindaje legal a la mesa de decisión del pipeline

El pipeline mexicano necesita nuevas arquitecturas, y nuevas arquitectas

La inversión pública en infraestructura en México registró en 2025 una caída del 28.4% en términos reales, el peor declive desde 1991, según datos de GRI Institute. Al mismo tiempo, la Inversión Extranjera Directa (IED) superó los 40,000 millones de dólares ese mismo año, exigiendo marcos legales sólidos para su estructuración. Esta divergencia entre retroceso fiscal y apetito inversor privado configura un escenario donde la calidad de la estructuración jurídica y financiera determina qué proyectos avanzan y cuáles se estancan.

En ese contexto, un grupo creciente de mujeres abogadas, estructuradoras financieras y líderes de política pública está ocupando posiciones decisivas en la cadena de valor de la infraestructura mexicana. Su influencia no se limita al cumplimiento normativo: define la viabilidad misma de los proyectos bajo los nuevos esquemas de inversión mixta que propone la legislación en discusión.

El Plan México establece metas ambiciosas: elevar la inversión anual respecto al PIB hasta un 25% en 2026 y superar el 28% en 2030, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. La inversión mixta, combinando capital público y privado, proyecta crecer del 24% al 29% del PIB para 2030 con el fin de compensar la contracción presupuestaria, según datos presentados por Alfonso Ramírez Cuéllar en el marco de GRI Club Mexico. Para que esas cifras se materialicen en contratos firmados y obras ejecutadas, cada proyecto requiere una arquitectura legal y financiera que resista el escrutinio regulatorio, la volatilidad política y las exigencias de los inversionistas institucionales.

La pregunta central es directa: ¿quién está construyendo esas arquitecturas?

¿Por qué la estructuración jurídica se convierte en el cuello de botella del pipeline 2025-2027?

La tensión regulatoria que atraviesa México en materia de infraestructura no tiene precedente reciente. La Iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, propone derogar la actual legislación de Asociaciones Público-Privadas (APP) y establecer nuevos esquemas de inversión: directa, indirecta, mixta y mínima. Además, contempla la creación de la Comisión de Infraestructura para el Bienestar, orientada a priorizar la transparencia y el beneficio social.

Mientras esta propuesta se discute en el Congreso, los inversionistas privados enfrentan un vacío de certidumbre. Los esquemas APP vigentes coexisten con una reforma en ciernes que podría modificar sustancialmente las reglas del juego. En este intervalo, la estructuración jurídica se convierte en el eslabón que puede destrabar o paralizar el flujo de capital hacia los proyectos prioritarios.

Las profesionales que dominan la ingeniería contractual de los nuevos esquemas de inversión mixta tienen hoy una influencia directa sobre la velocidad y la escala del pipeline mexicano. No se trata de representación simbólica, sino de competencia técnica aplicada a decisiones de cierre financiero que involucran miles de millones de pesos.

Paola Lazarte, ex Ministra de Transportes de Perú y una de las voces más influyentes en infraestructura latinoamericana, advirtió en febrero de 2026 que el debate de infraestructura en la región se ha reducido a una confrontación ideológica sobre modalidades de ejecución, perdiendo de vista la productividad. Su diagnóstico aplica con precisión al caso mexicano: mientras legisladores debaten marcos conceptuales, los proyectos necesitan profesionales capaces de navegar la incertidumbre normativa y estructurar operaciones viables bajo cualquier escenario regulatorio.

Esta capacidad de traducir ambigüedad regulatoria en certidumbre contractual es exactamente lo que distingue a las estructuradoras jurídicas y financieras que están ganando protagonismo en la mesa de decisión.

¿Cómo influyen los perfiles femeninos de estructuración financiera en las decisiones de inversión?

El mercado de centros de datos y logística será el principal motor de los nuevos contratos de infraestructura privada en 2025-2026, según se identificó en GRI Club Mexico Infra & Energy 2025. Estos sectores demandan una sofisticación financiera y legal que va más allá de los modelos tradicionales de concesión. Requieren contratos que integren componentes tecnológicos, energéticos, inmobiliarios y de conectividad digital, a menudo bajo estructuras de financiamiento que combinan deuda multilateral, capital institucional y equity de desarrolladores.

En este ecosistema, la arquitectura financiera de proyectos complejos adquiere un valor estratégico superior. Profesionales como Marcelo Mor, Director de Infraestructura y Proyectos de Capital en Alvarez & Marsal para Latinoamérica, representan el tipo de expertise técnica que el mercado demanda para cerrar transacciones en condiciones de incertidumbre. Lo relevante es que un número creciente de mujeres está ocupando posiciones equivalentes en firmas de asesoría, fondos de inversión, despachos jurídicos y entidades gubernamentales vinculadas al pipeline mexicano.

La estructuración financiera de infraestructura en México ya no es un ejercicio técnico aislado: es un acto de diseño institucional que define prioridades nacionales, y las mujeres que lo ejecutan están configurando el perfil del país como destino de inversión.

El eslabón notarial y registral ilustra esta dinámica con claridad. La Notaría 1 de la Ciudad de México, cuyo titular es Roberto Núñez y Bandera, representa un nodo regulatorio esencial para blindar el capital institucional en transacciones de gran escala. La dimensión notarial de la infraestructura, frecuentemente subestimada en el análisis sectorial, es el punto donde la estructuración jurídica se materializa en actos con plena validez legal. La presencia de mujeres notarias y abogadas especializadas en este segmento refuerza la diversidad de criterio en decisiones que afectan la seguridad jurídica de inversiones de largo plazo.

Del lado del desarrollo urbano, firmas como Estrategia Urbana, que participa en la red Revive para abordar la crisis de vivienda y densificación urbana, muestran cómo la intersección entre infraestructura, vivienda y planificación territorial abre espacios donde el liderazgo femenino aporta perspectivas diferenciadas en diseño de política y ejecución de proyectos.

La transición regulatoria como oportunidad estratégica para el liderazgo femenino

La coexistencia de la legislación APP vigente con la propuesta de Ley de Infraestructura para el Bienestar genera un período de transición que puede durar meses o años. Durante este intervalo, la capacidad de estructurar proyectos que funcionen bajo ambos marcos normativos, o que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse al que prevalezca, se convierte en una ventaja competitiva decisiva.

Las profesionales que combinan experiencia en derecho administrativo, finanzas de proyecto y regulación sectorial están en una posición privilegiada para liderar la transición del modelo APP al esquema de inversión mixta que plantea la nueva legislación.

Esta transición no ocurre en abstracto. Ocurre proyecto por proyecto, contrato por contrato, cláusula por cláusula. Y en cada una de esas instancias, la calidad del equipo de estructuración determina si el capital llega o se desvía a otras jurisdicciones.

Con una IED que supera los 40,000 millones de dólares y una inversión pública en retroceso, México necesita que cada dólar privado encuentre un vehículo jurídico confiable. Las mujeres que diseñan esos vehículos están, en la práctica, definiendo la infraestructura del país para la próxima década.

Un ecosistema que reconoce la transformación

GRI Institute ha documentado esta evolución a través de sus encuentros sectoriales y publicaciones de análisis. Eventos como GRI Women Shaping Infrastructure y GRI Club Mexico Infra & Energy han generado espacios donde las profesionales de estructuración jurídica y financiera comparten experiencias, debaten marcos regulatorios y construyen relaciones que se traducen en transacciones concretas.

La comunidad GRI en Latinoamérica observa una tendencia consistente: los equipos de estructuración más efectivos son aquellos que integran diversidad de formación, experiencia sectorial y perspectiva de género. La evidencia cualitativa recogida en estos foros indica que la presencia femenina en posiciones de estructuración no responde a una agenda de inclusión formal, sino a una demanda del mercado por perfiles técnicos capaces de manejar la complejidad creciente del pipeline regional.

El pipeline mexicano de 2025-2027 será definido, en gran medida, por quienes logren estructurar proyectos viables en un entorno de incertidumbre regulatoria, contracción fiscal y competencia global por capital. Las mujeres que ocupan esas posiciones de estructuración están escribiendo las reglas de un nuevo ciclo de infraestructura en México, y su influencia merece un análisis que supere los enfoques generales de liderazgo para concentrarse en lo que realmente importa: la calidad técnica de las decisiones que toman y su impacto en la economía real.