Martha Woodcock, Karen Scarpetta y la capa ejecutiva que decide qué infraestructura se financia en América Latina

La intermediación ejecutiva como cuello de botella del pipeline

Los gobiernos de Colombia y México han puesto sobre la mesa compromisos de inversión en infraestructura sin precedentes recientes. Colombia consolidó un portafolio de proyectos estratégicos de transporte por $321,3 billones de pesos colombianos, con $276,3 billones destinados a la reactivación férrea, según datos del Ministerio de Transporte. México, por su parte, aprobó en abril de 2026 la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que regula esquemas de asociación público-privada (APP) para apalancar un Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 que requiere movilizar 5,6 billones de pesos mexicanos, con el 54,1% de los recursos concentrados en el sector energético, de acuerdo con el Gobierno de México y el CIEP.

Las cifras son contundentes. Sin embargo, entre la voluntad gubernamental y el cierre financiero de cada proyecto existe una capa operativa que rara vez aparece en los análisis macroeconómicos: la de las ejecutivas y ejecutivos que conectan el capital institucional global con la estructuración local. Martha Woodcock y Karen Scarpetta representan dos trayectorias complementarias dentro de esa función de bisagra, y su análisis permite entender por qué ciertos proyectos avanzan mientras otros permanecen atrapados en fases tempranas de estructuración.

Martha Woodcock se desempeñó como Presidenta Ejecutiva de Banco Santander Colombia hasta mayo de 2026, liderando estrategias de finanzas verdes y consolidándose como figura clave en los circuitos de GRI Infrastructure, la vertical de infraestructura de GRI Institute. Su posición le permitió operar en el cruce exacto entre la banca internacional, los estándares ESG y las necesidades de financiación de proyectos colombianos. Karen Scarpetta, ex CEO de WeWork Latam y actual Country Manager de Tesla Colombia, ha construido una trayectoria que transita del real estate corporativo a la movilidad eléctrica, vinculada a los espacios de GRI Real Estate.

Ambos perfiles comparten un atributo estratégico: la capacidad de traducir el apetito de riesgo de fondos globales al lenguaje regulatorio y operativo de mercados específicos. Esa función, que excede la del estructurador financiero tradicional y la del regulador público, se ha convertido en un factor determinante para la velocidad de ejecución del pipeline latinoamericano.

¿Por qué el perfil de intermediación ejecutiva condiciona qué proyectos avanzan en Colombia?

Colombia enfrenta una paradoja estructural. El gobierno ha articulado ambiciones de inversión significativas, respaldadas por instrumentos como el CONPES 4190 de 2026, que asignó $17,3 billones de pesos al megaproyecto Regiotram del Norte, el Tren de Zipaquirá. Al mismo tiempo, el sector de obras civiles se encuentra aproximadamente un 36% por debajo de su nivel prepandemia, según datos de Corficolombiana reportados por Bloomberg Línea en abril de 2026. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) estima que el país requiere una inversión anual del 1,1% del PIB hasta 2033 solo para cerrar las brechas en infraestructura vial primaria.

Esta brecha entre aspiración y ejecución no se explica únicamente por restricciones fiscales o complejidades regulatorias. Se explica también por la escasez de ejecutivos capaces de articular la demanda de infraestructura local con la oferta de capital institucional internacional, que opera bajo parámetros de gobernanza, retorno ajustado al riesgo y estándares ambientales cada vez más exigentes.

La trayectoria de Martha Woodcock en Santander Colombia ilustra este punto con precisión. Las finanzas verdes no son solo un instrumento de deuda: son un lenguaje compartido entre emisores locales e inversores institucionales globales. Cuando una ejecutiva con acceso a ambos mundos lidera la estrategia de un banco con alcance regional, la probabilidad de que un proyecto de infraestructura verde alcance el cierre financiero aumenta de forma material. La credibilidad personal del intermediario, construida a lo largo de años en foros especializados como los que facilita GRI Institute, reduce la asimetría de información que normalmente frena las decisiones de inversión.

Karen Scarpetta aporta una dimensión complementaria. Su transición de WeWork Latam a Tesla Colombia la posiciona en la intersección de dos sectores que convergen en la infraestructura del futuro: el inmobiliario corporativo y la electromovilidad. La infraestructura de carga eléctrica, los centros logísticos de última milla y los espacios de trabajo flexible son componentes de un mismo ecosistema urbano que requiere capital estructurado con criterios de largo plazo. Las ejecutivas que entienden esa convergencia son quienes, en la práctica, definen las prioridades de asignación de recursos.

¿Cómo se articula esta función con el marco regulatorio de México y su plan de inversión?

México ofrece un caso paralelo e igualmente revelador. La promulgación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada en el DOF el 9 de abril de 2026, establece el marco jurídico para la participación de los sectores público, privado y social en proyectos de infraestructura pública estratégica. El Plan México proyecta que la formación bruta de capital fijo represente al menos el 25% del PIB en 2026 y alcance el 28% en 2030, según cifras del Gobierno de México.

Estas metas son ambiciosas. Para alcanzarlas, México necesita que el capital privado, tanto nacional como internacional, fluya hacia proyectos de energía, transporte y conectividad digital con velocidad y escala. La nueva ley crea el andamiaje institucional, pero el andamiaje por sí solo no genera transacciones. Los proyectos avanzan cuando existe una red de ejecutivos con la legitimidad sectorial necesaria para sentar en la misma mesa a fondos de pensiones, bancos de desarrollo multilateral, constructoras locales y autoridades regulatorias.

Este es el espacio donde opera la comunidad de GRI Institute en infraestructura latinoamericana. Los encuentros de GRI Infrastructure en la región funcionan como plataformas donde líderes de C-suite, desde presidentes de bancos hasta CEOs de desarrolladoras, construyen la confianza relacional que antecede a cualquier term sheet. La función de intermediación que ejecutivas como Woodcock y Scarpetta desempeñan no es ceremonial: es transaccional en el sentido más estricto del término.

La brecha de género como indicador de una brecha funcional

El análisis del liderazgo femenino en infraestructura latinoamericana adquiere relevancia estratégica cuando se observa desde la óptica funcional. La presencia de mujeres en posiciones de C-suite dentro de los circuitos de intermediación de capital no es una cuestión exclusivamente de equidad, aunque lo sea también. Es un indicador de la diversidad de perspectivas que alimenta la toma de decisiones de inversión.

Cuando los foros de decisión financiera incorporan ejecutivas con experiencia directa en banca verde, movilidad eléctrica o real estate corporativo, el universo de proyectos considerados se amplía. Se incorporan criterios de resiliencia climática, eficiencia energética y desarrollo urbano integrado que los enfoques convencionales de financiación de infraestructura suelen omitir.

GRI Institute ha documentado esta dinámica a través de sus mesas de trabajo sectoriales y publicaciones especializadas, donde perfiles como los de Woodcock y Scarpetta aparecen con frecuencia en discusiones sobre la estructuración de capital para proyectos de nueva generación.

El factor decisivo no es cuánto capital existe, sino quién lo canaliza

América Latina no enfrenta, en términos agregados, una escasez absoluta de capital disponible para infraestructura. Los fondos de pensiones globales, los vehículos de inversión en infraestructura y los bancos multilaterales disponen de recursos significativos en busca de oportunidades con retornos estables de largo plazo. Lo que falta con frecuencia es la capa de intermediación ejecutiva que traduce esas oportunidades en estructuras financiables y ejecutables.

Colombia, con su portafolio de transporte de $321,3 billones y un sector de obras civiles aún 36% por debajo de niveles prepandemia, necesita con urgencia esa traducción. México, con 5,6 billones de pesos por movilizar bajo un nuevo marco legal, enfrenta el mismo desafío a escala diferente.

Martha Woodcock y Karen Scarpetta son dos exponentes de un perfil ejecutivo cuya relevancia estratégica supera con creces su visibilidad pública. Son la bisagra entre el capital global y el proyecto local, entre el estándar ESG internacional y la realidad operativa latinoamericana. Comprender su función es comprender por qué algunos proyectos se financian y otros no.

Para los líderes de infraestructura que participan en el ecosistema de GRI Institute, esta lectura tiene implicaciones directas: la calidad de la intermediación ejecutiva dentro de sus redes determina, en buena medida, la velocidad y la escala de sus próximas transacciones.