Luciana Caravedo y la generación de estructuradoras que redefine la infraestructura en Perú y la región andina

La infraestructura peruana atraviesa una transformación silenciosa en su capa de decisión

Perú consolida un ciclo de inversión en infraestructura que combina ambición fiscal con una reconfiguración profunda de quién lidera y cómo se estructuran los grandes proyectos. La cartera de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos de ProInversión para el período 2026-2028 contempla 66 proyectos por más de US$ 21.000 millones, según datos de la propia agencia publicados por Energiminas en diciembre de 2025. Detrás de esos números existe una generación de profesionales que opera en la intersección entre finanzas, regulación, sostenibilidad y ejecución, y que está redefiniendo los estándares de estructuración en la región andina.

Luciana Caravedo, al frente de las áreas de sostenibilidad y comunicaciones de Cálidda, representa con precisión esa nueva capa de decisión. Su trabajo conecta la expansión física de infraestructura energética con criterios de impacto social y ambiental que hoy determinan la viabilidad financiera de los proyectos. Paola Lazarte, exministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y consultora de referencia en planificación territorial, complementa ese mapa desde el frente regulatorio y urbano. Ambas figuras, reconocidas dentro del ecosistema del GRI Institute, encarnan un liderazgo que va más allá de la representación simbólica: ocupan posiciones donde las decisiones técnicas y financieras se convierten en infraestructura tangible.

¿Qué rol cumple Luciana Caravedo en la transformación de la infraestructura energética peruana?

Cálidda, la principal distribuidora de gas natural en Lima y Callao, se encuentra en medio de un proceso de expansión sin precedentes. El gobierno peruano y la compañía acordaron una inversión de US$ 550 millones para extender el suministro de gas natural residencial a siete regiones del interior del país, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en julio de 2025. La empresa proyecta alcanzar una inversión total de US$ 400 millones para 2025, expandiendo su red a 20.000 kilómetros de ductos, de acuerdo con datos recogidos por GRI Institute. El objetivo de masificación apunta a 300.000 conexiones adicionales a nivel nacional para julio de 2026, según el MINEM.

En ese contexto, Luciana Caravedo lidera la dimensión que convierte un tendido de ductos en un proyecto con licencia social y viabilidad de largo plazo. Su gestión abarca desde la coordinación de la preservación de patrimonio arqueológico durante la construcción de redes subterráneas hasta programas de impacto comunitario como Comedores Cálidda, una iniciativa que vincula la presencia territorial de la empresa con necesidades sociales concretas. Este enfoque responde a una realidad que los inversionistas institucionales reconocen cada vez más: los proyectos de infraestructura que no integran criterios ESG desde la fase de estructuración enfrentan mayores costos regulatorios, demoras en permisos y resistencia comunitaria.

El Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026 de Osinergmin, actualizado en 2024, proporciona el marco regulatorio que aprueba y supervisa las inversiones de Cálidda en Lima y Callao. La capacidad de operar dentro de ese marco, anticipar sus exigencias y traducirlas en estrategia corporativa es precisamente la competencia que define a esta nueva generación de estructuradoras.

La integración de sostenibilidad en la fase de diseño de proyectos de infraestructura energética ya no es un componente accesorio, sino un factor determinante de bancabilidad y velocidad de ejecución.

¿Cómo impacta la planificación territorial en la competitividad de la infraestructura peruana?

Mientras la expansión energética avanza por el lado de la inversión privada regulada, el frente de la planificación territorial enfrenta desafíos críticos. Paola Lazarte advirtió en abril de 2026 sobre la parálisis en la planificación urbana, señalando específicamente el caso del Plan de Desarrollo Urbano de Huaral como ejemplo de una desconexión que amenaza con restar competitividad a la infraestructura del megapuerto de Chancay.

Este diagnóstico expone una tensión estructural del modelo peruano de infraestructura. ProInversión puede diseñar carteras ambiciosas de APP, el sector privado puede movilizar capital, pero si la planificación territorial no acompaña con instrumentos actualizados y decisiones oportunas, los retornos de la inversión se diluyen. Un puerto de clase mundial pierde eficiencia logística si las vías de acceso, las zonas industriales y los centros urbanos aledaños no se desarrollan de forma coordinada.

La infraestructura no compite solo por capital, sino por coherencia territorial. Un megaproyecto aislado de su entorno urbano y logístico genera rendimientos decrecientes para el inversionista y para la sociedad.

La experiencia de Lazarte como exministra del MTC y su trayectoria en consultoría le confieren una perspectiva que abarca tanto la formulación de política pública como la ejecución técnica. Su señalamiento sobre Huaral no es un comentario aislado, sino un indicador de un problema sistémico que afecta la competitividad de toda la cartera de infraestructura del país.

¿Puede el modelo APP 5.0 de ProInversión cerrar la brecha entre inversión y ejecución?

Perú ha respondido a los cuellos de botella históricos en la ejecución de infraestructura con una actualización institucional significativa. El modelo APP 5.0 de ProInversión acompaña todo el ciclo del proyecto, incorporando digitalización, innovación financiera y resiliencia climática como ejes transversales para acelerar megaproyectos. Este marco institucional marca una evolución respecto de modelos anteriores que se concentraban en la fase de adjudicación y dejaban la ejecución y operación en un segundo plano.

De forma complementaria, Perú migra hacia un enfoque de APP centrado en la operación y mantenimiento de activos existentes, con un paquete proyectado de 5.000 kilómetros de carreteras a partir de 2026, según análisis del GRI Institute. Este giro estratégico reconoce que la infraestructura no es solo construcción nueva: la gestión eficiente del stock existente genera valor económico y mejora la calidad de servicio sin los plazos y riesgos de obra nueva.

El modelo APP 5.0 representa el intento más articulado de Perú por cerrar la brecha entre cartera de proyectos y ejecución real, incorporando estándares de resiliencia climática que los mercados de capital exigen con creciente rigor.

Para que este modelo funcione en la práctica, necesita profesionales capaces de operar simultáneamente en el lenguaje de las finanzas, la regulación, la ingeniería y la sostenibilidad. Perfiles como los de Caravedo y Lazarte no son excepciones decorativas, sino arquetipos de la competencia multidisciplinaria que el mercado demanda.

Una generación que redefine las reglas del juego

La región andina experimenta una convergencia de factores que eleva la complejidad de la estructuración de infraestructura. Los inversionistas institucionales exigen estándares ESG verificables. Los marcos regulatorios incorporan resiliencia climática. La operación de activos existentes gana peso frente a la construcción nueva. Y la presión social por inclusión y transparencia redefine la licencia para operar.

En ese entorno, la generación de estructuradoras que Luciana Caravedo y Paola Lazarte representan aporta una ventaja competitiva concreta: la capacidad de integrar dimensiones que el mercado tradicionalmente gestionaba en silos separados. La sostenibilidad deja de ser un departamento y se convierte en un criterio de estructuración financiera. La planificación territorial deja de ser un trámite municipal y se transforma en un factor de competitividad logística.

El GRI Institute ha documentado esta transformación a través de sus encuentros y análisis dedicados al liderazgo femenino en infraestructura andina, incluyendo eventos como Women Shaping Infrastructure Andean, que ha generado un interés orgánico creciente entre la comunidad de líderes del sector. Este espacio de intercambio permite que las decisiones de estructuración se nutran de experiencias comparadas entre mercados como Perú, Colombia, Chile y México.

La cartera de US$ 21.000 millones de ProInversión para 2026-2028 no se ejecutará con los perfiles profesionales del ciclo anterior. Requiere una capa de liderazgo que entienda que la infraestructura del futuro se estructura en la intersección entre finanzas, regulación, tecnología y sostenibilidad. Esa capa ya existe en Perú, y figuras como Caravedo y Lazarte son su expresión más visible.

El desafío pendiente no es de talento, sino de escala. Multiplicar estos perfiles, crear las condiciones institucionales para que ocupen posiciones de decisión y conectarlos con el capital global que busca proyectos bancables en la región andina es la agenda que definirá la próxima década de infraestructura en Perú.