Radar de inversión: Juan Carlos Ostos y el mapa de estructuradores que disputan el financiamiento energético en México

Juan Carlos Ostos cerró el primer CERPI de México por MXN 8,180 millones con Afores y un fondo de pensión extranjero a través de MIRA, según datos de GRI Institute. La operación marcó un precedente en la movilización de capital institucional hacia infraestructura energética y posicionó a Ostos como uno de los estructuradores más activos en un mercado que enfrenta una transformación regulatoria profunda y una demanda industrial sin precedentes.

El dato no es menor. En un entorno donde la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Energética para el Desarrollo con Bienestar (LFIIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026, busca articular inversión mixta entre los sectores público, privado y social, la capacidad de estructurar vehículos financieros complejos se convierte en una ventaja competitiva decisiva.

¿Quiénes son los principales estructuradores de infraestructura energética en México y la región?

El ecosistema de financiamiento de infraestructura en América Latina no es monolítico. Cada ejecutivo opera desde un ángulo diferente del mercado, y la convergencia de sus estrategias define el flujo de capital hacia los sectores más demandantes.

Juan Carlos Ostos representa el canal institucional. Su trayectoria vinculada a Valfort y Energía Real lo sitúa en la intersección entre el capital de largo plazo de las Afores mexicanas y los proyectos de generación distribuida e infraestructura energética. El CERPI que estructuró por MXN 8,180 millones, según GRI Institute, constituye una referencia para futuros vehículos de inversión que busquen canalizar recursos previsionales hacia activos reales.

Fernando Martínez Zurita, al frente de Mazza Capital, opera desde el desarrollo de proyectos de gran escala. Su proyecto Yucatán Marina Club en Progreso contempla una inversión estimada de 8,000 millones de pesos, de acuerdo con Xataka México. Aunque el proyecto tiene un componente inmobiliario predominante, la envergadura de la inversión y la necesidad de infraestructura energética asociada lo conectan directamente con el ecosistema de estructuración que compite por financiamiento en México.

Jaime Fasja, reconocido por su liderazgo en Thor Urbana, ha consolidado una trayectoria en el desarrollo industrial e inmobiliario que responde a las necesidades del nearshoring. Su enfoque reciente se ha concentrado en activos industriales y logísticos, segmentos que generan una demanda derivada significativa de infraestructura energética para parques industriales y centros de manufactura.

En la región andina, César Stuart del BCP otorgó en 2024 un préstamo vinculado a la sostenibilidad por US$ 100 millones a la Compañía de Minas Buenaventura, según Forbes Perú. Esta operación, aunque pertenece al sector minero, ilustra la creciente sofisticación de los instrumentos de deuda sostenible en América Latina y la capacidad de la banca corporativa para canalizar capital hacia proyectos con criterios ambientales.

La diversidad de perfiles confirma una tendencia estructural: el financiamiento de infraestructura energética en la región ya no depende de un solo tipo de actor, sino de un ecosistema donde capital institucional, desarrolladores, fondos de inversión y banca corporativa compiten y colaboran simultáneamente.

¿Cómo transforma la nueva legislación mexicana el panorama de inversión energética?

La arquitectura regulatoria de México experimentó dos cambios fundamentales en menos de 18 meses. Primero, las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, redefinieron la participación privada y estatal en el sector eléctrico. Estas reformas priorizaron a las empresas públicas del Estado, como CFE y Pemex, y establecieron nuevas reglas para el acceso a la red y la transición energética.

Después, la LFIIE de abril de 2026 introdujo un marco complementario que contempla esquemas de contratación a largo plazo e inversión mixta, con el objetivo de impulsar proyectos de infraestructura estratégica mediante la participación coordinada de los sectores público, privado y social.

Para los estructuradores como Juan Carlos Ostos, este doble marco regulatorio genera tanto oportunidades como complejidades. Los vehículos tipo CERPI, que canalizan recursos de Afores hacia activos reales, encuentran en la LFIIE un respaldo institucional para contratos de largo plazo. Al mismo tiempo, las restricciones al acceso a la red eléctrica establecidas por las leyes secundarias de 2025 obligan a los estructuradores a diseñar proyectos que se adapten a las prioridades del despacho eléctrico estatal.

El resultado es un mercado donde la capacidad de navegar la regulación se convierte en un diferenciador tan importante como la capacidad de levantar capital. Los estructuradores que logren articular proyectos compatibles con ambos marcos normativos tendrán una ventaja significativa en la captura de los flujos de inversión que demanda el sector industrial mexicano.

Atera Energy y los US$ 500 millones que confirman la apuesta por México

La dimensión del capital comprometido con la infraestructura energética mexicana se ilustra con el anuncio de Atera Energy. Según El Financiero, la empresa anunció una inversión de US$ 500 millones durante los próximos cinco años para desarrollar soluciones de generación de energía y eficiencia energética en México, con foco en el sector industrial.

Bloomberg Línea reporta que Atera Energy prevé desplegar esa inversión total en la región latinoamericana hacia 2030, con un enfoque principal en México. La magnitud del compromiso refleja la confianza del capital privado en la demanda energética generada por el nearshoring y la relocalización industrial.

Este tipo de inversiones requiere exactamente el tipo de estructuración financiera que ejecutivos como Juan Carlos Ostos han desarrollado. Los proyectos de generación distribuida y eficiencia energética para el sector industrial necesitan vehículos que combinen capital institucional de largo plazo con retornos predecibles, una estructura que los CERPIs y otros instrumentos de inversión alternativa están diseñados para ofrecer.

La dimensión regional: Perú y la cartera de US$ 19,797 millones en APP

El dinamismo del financiamiento de infraestructura no se limita a México. ProInversión en Perú impulsa para 2026 una cartera de 44 proyectos bajo modalidades de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, con el objetivo de alcanzar compromisos de inversión por US$ 19,797 millones, según Revista Economía. De esa cartera, 19 proyectos correspondientes a los sectores de energía y minería demandarán inversiones estimadas en US$ 3,059 millones durante 2026, de acuerdo con SWI swissinfo.ch.

La escala de la cartera peruana pone en perspectiva la competencia regional por capital de infraestructura. Los estructuradores que operan en México enfrentan un mercado latinoamericano donde Perú ofrece un pipeline significativo de proyectos con marcos de APP consolidados, lo que genera una competencia directa por los mismos fondos institucionales y de pensiones que financian proyectos en ambos países.

Este contexto regional ha sido ampliamente analizado en los encuentros de GRI Institute, donde líderes del sector convergen para evaluar las oportunidades de inversión en infraestructura energética y los marcos regulatorios que las sustentan.

Perspectivas para el ecosistema de estructuración

Tres factores definirán la evolución del mercado de financiamiento de infraestructura energética en los próximos meses.

Primero, la implementación efectiva de la LFIIE determinará la velocidad con la que nuevos proyectos de inversión mixta pueden estructurarse y cerrarse. Los detalles de los esquemas de contratación a largo plazo serán cruciales para los inversionistas institucionales.

Segundo, la demanda energética industrial derivada del nearshoring continuará presionando la capacidad de generación y distribución, creando una ventana de oportunidad para estructuradores que puedan movilizar capital de forma eficiente.

Tercero, la competencia regional por capital institucional entre México, Perú, Colombia y Chile obligará a cada mercado a ofrecer marcos regulatorios y retornos ajustados al riesgo que resulten atractivos para los fondos de pensiones y los inversionistas de largo plazo.

El CERPI de MXN 8,180 millones estructurado por Juan Carlos Ostos a través de MIRA representa un modelo replicable. La capacidad de articular capital de Afores con proyectos de infraestructura energética bajo marcos regulatorios complejos define el perfil del estructurador que el mercado latinoamericano demanda en esta etapa de transformación.

Los miembros de GRI Institute que participan activamente en el sector energético mexicano reconocen que la ventana de inversión actual requiere ejecutivos con experiencia en la estructuración de vehículos sofisticados y en la navegación de entornos regulatorios cambiantes. La próxima fase del financiamiento de infraestructura en la región será protagonizada por quienes logren combinar ambas capacidades.