Radar de inversión: José María Zertuche y los operadores patrimoniales que estructuran infraestructura en el noreste de México

7,000 millones de dólares en capital privado buscan destino en México durante 2026

Los fondos de capital privado en México estiman desplegar una inversión de 7,000 millones de dólares durante 2026, lo que representa un crecimiento del 36% anual, según datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). La cifra marca un punto de inflexión para el ecosistema de infraestructura del país, donde una nueva generación de operadores patrimoniales y gestores institucionales converge para capturar las oportunidades derivadas del nearshoring y la transición energética.

En el centro de esa convergencia se encuentra José María Zertuche, Head de Infraestructura para Latinoamérica de BlackRock, quien asumió la presidencia de AMEXCAP en mayo de 2026 con un mandato claro: canalizar capital de largo plazo hacia los sectores de infraestructura y energía que el país necesita para sostener su ciclo de industrialización.

El nombramiento de Zertuche no es casual. Representa la maduración de un perfil de liderazgo que combina la escala institucional de una gestora global con el conocimiento granular de las dinámicas de inversión en la región. Desde GRI Institute, donde se analizan de forma continua las tendencias de capital en infraestructura latinoamericana, se observa que la intersección entre operadores patrimoniales del noreste mexicano y el pipeline de inversión industrial constituye uno de los vectores de mayor potencial en el continente.

¿Qué papel juega José María Zertuche en la estructuración de infraestructura en México?

José María Zertuche llega a la presidencia de AMEXCAP en un momento en el que el capital privado mexicano enfrenta tanto una ventana de oportunidad sin precedentes como un desafío regulatorio en rápida evolución. Su trayectoria al frente del área de infraestructura de BlackRock para Latinoamérica le confiere una perspectiva singular sobre la estructuración de vehículos de inversión de largo plazo, un instrumento crítico para sectores donde los ciclos de retorno superan los 15 años.

La relevancia de su posición se amplifica al considerar el contexto macroeconómico. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 proyecta una inversión pública y mixta total de 5.6 billones de pesos, de los cuales el 54.15% se destinará al sector energético, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esa magnitud de gasto público requiere coinversión privada estructurada, precisamente el tipo de capital que Zertuche ha dedicado su carrera a movilizar.

El capital institucional necesita marcos jurídicos predecibles y vehículos de propósito específico que permitan a fondos de pensiones, aseguradoras y gestoras participar con horizontes de inversión alineados al ciclo de vida de los activos de infraestructura. La presidencia de Zertuche en AMEXCAP señala que la industria reconoce la infraestructura como el eje articulador del próximo ciclo de crecimiento del capital privado en México.

La Ley de Infraestructura Estratégica: andamiaje para la coinversión

El 9 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada por el Congreso dos días antes. La norma crea un marco para atraer inversión pública, privada y social en proyectos estratégicos mediante esquemas de participación mixta, vehículos de propósito específico y contratos de largo plazo de hasta 40 años.

La ley responde a una demanda estructural del mercado. Durante los encuentros sectoriales organizados por GRI Institute en la región, líderes de infraestructura han señalado de forma recurrente que la ausencia de certidumbre contractual de largo plazo constituía el principal obstáculo para escalar la participación privada en proyectos de gran envergadura. Con contratos que pueden extenderse hasta cuatro décadas, el nuevo marco legislativo abre la puerta a estructuras financieras que antes resultaban inviables bajo la normativa vigente.

Paralelamente, el gobierno federal inyectó recursos al vehículo Fondo de Fondos a través de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext para coinvertir con capital privado en sectores estratégicos, según información de la propia banca de desarrollo. Este mecanismo de capital catalítico permite reducir el riesgo percibido por inversionistas institucionales y acelerar el cierre financiero de proyectos con componente público.

¿Cómo se configura la red de operadores patrimoniales del noreste que invierte en infraestructura?

El ecosistema de capital patrimonial del noreste de México ha evolucionado más allá del perfil tradicional de las grandes familias industriales. Una nueva capa de operadores combina raíces patrimoniales con sofisticación financiera institucional, y su actividad se concentra en los segmentos donde la demanda de infraestructura resulta más aguda: logística industrial, desarrollo urbano mixto y energía.

Federico Garza Santos representa uno de los nodos más visibles de esta red. Vinculado a Fibra MTY y Grupo Delta en Monterrey, Garza Santos ha construido un portafolio que conecta el capital familiar regiomontano con los mercados de capitales a través de instrumentos fiduciarios. Si bien no existen datos verificados sobre la asignación exacta de capital de su oficina familiar hacia nueva infraestructura energética en 2026, su presencia en la estructura accionaria de vehículos fiduciarios industriales lo posiciona como un actor de referencia en el corredor Monterrey-Saltillo-Laredo, uno de los ejes logísticos más dinámicos del nearshoring.

Roberto Kelleher, al frente de Inmobilia, opera desde el sureste con una escala que lo convierte en un contrapunto geográfico relevante. La desarrolladora mantiene activos más de 40 proyectos inmobiliarios y de infraestructura urbana en 2026, acumulando más de 7.8 millones de metros cuadrados desarrollados, según Revista EQUIPAR. La trayectoria de Kelleher ilustra cómo el capital patrimonial mexicano puede alcanzar escala institucional sin perder agilidad operativa, un atributo particularmente valorado en mercados donde la velocidad de ejecución determina la captura de valor.

Grupo Altozano completa el mapa con una presencia estratégica en la frontera norte. El grupo ejecutó una inversión significativa en el proyecto Altozano El Nuevo Juárez en Ciudad Juárez, un desarrollo de uso mixto urbano que se mantiene en ejecución continua, según información del Gobierno del Estado de Chihuahua. Ciudad Juárez, como punto de cruce fronterizo y destino creciente de manufactura relocalizada, concentra una demanda acelerada de infraestructura urbana complementaria al parque industrial.

Estos tres operadores, junto con la plataforma institucional que Zertuche representa desde BlackRock y AMEXCAP, configuran un ecosistema donde el capital patrimonial del noreste se articula con el capital institucional global para financiar la infraestructura que el ciclo de nearshoring demanda.

El nearshoring como catalizador de infraestructura industrial

La magnitud de la oportunidad subyacente justifica el reposicionamiento de estos actores. Según McKinsey & Company, el fenómeno del nearshoring podría generar hasta 78,000 millones de dólares en inversión extranjera directa en México y demandar hasta 62 millones de metros cuadrados de espacio industrial hacia 2032.

Esa proyección implica que México necesita duplicar su capacidad instalada de naves industriales, parques logísticos y la infraestructura de servicios asociada, desde subestaciones eléctricas hasta plantas de tratamiento de agua, en un horizonte de seis años. La escala del desafío excede la capacidad de cualquier actor individual y exige precisamente el tipo de coinversión estructurada que la nueva legislación facilita.

Los corredores industriales del noreste, particularmente Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, concentran la mayor densidad de demanda. Las empresas que relocalizan cadenas de suministro priorizan proximidad a la frontera con Estados Unidos, disponibilidad de talento técnico y certidumbre energética, tres factores donde la infraestructura existente enfrenta cuellos de botella significativos.

Perspectiva estratégica

El mapa de operadores patrimoniales del noreste de México está atravesando una transformación cualitativa. Figuras como José María Zertuche, Federico Garza Santos, Roberto Kelleher y los responsables de Grupo Altozano representan vectores complementarios de un mismo fenómeno: la institucionalización del capital familiar mexicano como fuente de financiamiento de infraestructura a escala.

La convergencia de tres factores, un marco legal renovado con contratos de hasta 40 años, un pipeline de 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta, y una demanda de nearshoring que podría alcanzar los 78,000 millones de dólares, crea condiciones estructurales para que el capital patrimonial del noreste trascienda su rol tradicional de desarrollador inmobiliario y se consolide como estructurador de infraestructura crítica.

GRI Institute continuará mapeando la evolución de estos actores y sus vehículos de inversión como parte de su cobertura permanente del ecosistema de infraestructura en América Latina.