José Haya de la Torre y la generación de estructuradores que redefine la gobernanza de infraestructura en Perú

La gobernanza de infraestructura en Perú ya no se decide solo en el escritorio del ingeniero

Perú concentra una de las carteras de infraestructura más ambiciosas de América Latina. ProInversión promueve 116 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos por cerca de US$ 70.000 millones para el periodo 2025-2026, según cifras oficiales del organismo. Sin embargo, la magnitud de la cartera no garantiza su ejecución. La distancia entre el anuncio de un proyecto y su adjudicación efectiva depende cada vez más de una capa intermedia de profesionales cuya función excede la ingeniería financiera tradicional: los estructuradores de gobernanza, relacionamiento institucional y licencia social.

En ese eslabón crítico de la cadena de valor operan perfiles como José Haya de la Torre, Gerente Corporativo de Asuntos Públicos en Aenza, y Luciana Caravedo, Directora de Sostenibilidad y Comunicaciones en Cálidda. Ambos representan una generación que entiende que la viabilidad de un proyecto de infraestructura se construye tanto en las mesas de negociación regulatoria como en el territorio donde se despliega la obra.

Esta generación no opera en el vacío. El entorno regulatorio peruano experimentó una transformación profunda con la promulgación de la Ley N° 32441, que regula la promoción de inversión privada mediante APP y Proyectos en Activos, aprobada en septiembre de 2025 con su reglamento vigente desde diciembre de ese año (DS Nº 316-2025-EF). Su modificatoria, el Decreto Legislativo N° 1712, publicado y vigente desde febrero de 2026, optimiza la gestión y fortalece las competencias de ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas. El mensaje institucional es claro: Perú quiere acelerar, pero con reglas más precisas.

¿Qué rol cumple José Haya de la Torre en la cadena de decisión de infraestructura peruana?

José Haya de la Torre lidera las estrategias de relacionamiento institucional y gestión de stakeholders para proyectos de infraestructura desde su posición como Gerente Corporativo de Asuntos Públicos en Aenza, según registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y del ecosistema de GRI Institute. Su función conecta dos mundos que históricamente han operado con lógicas distintas: el aparato regulatorio estatal y la estrategia corporativa de uno de los conglomerados de infraestructura más relevantes de la región andina.

Aenza, bajo el liderazgo de su CEO Francisco Sardón de Taboada, quien asumió en enero de 2026, atraviesa una reconfiguración estratégica significativa. A fines de 2025, la compañía escindió su brazo de ingeniería y construcción para concentrarse exclusivamente en concesiones de infraestructura y energía. El resultado financiero respalda la apuesta: Aenza reportó una facturación total de US$ 525 millones al cierre de 2025, un crecimiento del 13% respecto al año anterior, con el segmento de infraestructura representando el 55% de las ventas, según datos de Sustenia y la SMV.

La transición de Aenza de constructora a concesionaria pura amplifica la importancia de la gestión de asuntos públicos. Cuando una empresa deja de competir por contratos de obra y pasa a operar activos de largo plazo, como la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima o la mejora de la Red Vial 5, la calidad del relacionamiento institucional se convierte en un activo estratégico tan relevante como el capital financiero. Haya de la Torre opera en esa intersección.

En el ecosistema de infraestructura peruano, donde la cartera de corto plazo de ProInversión para 2025-2026 consta de 80 proyectos por más de US$ 16.960 millones, con 26 proyectos de transportes y comunicaciones por US$ 9.050 millones, la capacidad de un estructurador para navegar el entramado regulatorio determina qué proyectos avanzan y cuáles se estancan. ProInversión proyecta adjudicar 46 proyectos por más de US$ 8.200 millones durante 2026, lo que implica un ritmo de ejecución sin precedentes que demanda interlocutores corporativos con dominio simultáneo del marco legal, la dinámica política y la gestión territorial.

¿Por qué la licencia social y la gobernanza ESG definen el éxito de las concesiones andinas?

La experiencia peruana demuestra que los proyectos de infraestructura que fracasan rara vez lo hacen por deficiencias técnicas. Las causas más frecuentes se vinculan con conflictos sociales, vacíos de gobernanza y debilidades en la gestión de expectativas comunitarias. En ese contexto, perfiles como el de Luciana Caravedo adquieren relevancia estratégica.

Caravedo ejerce como Directora de Sostenibilidad y Comunicaciones en Cálidda, donde se enfoca en la licencia social, criterios ESG y la masificación del gas natural en Perú. Su trabajo ilustra cómo la agenda de sostenibilidad dejó de ser un componente accesorio de la estrategia corporativa para convertirse en condición necesaria de operación. En la infraestructura andina contemporánea, obtener la licencia social equivale a obtener la licencia de construcción: sin una, la otra carece de valor práctico.

El corredor que conecta Lima con los Andes representa un laboratorio vivo de esta dinámica. Proyectos de transporte, energía y logística que atraviesan múltiples jurisdicciones, comunidades y ecosistemas requieren una gestión de gobernanza que integre la dimensión técnica, financiera, ambiental y social de manera simultánea. La nueva Ley de APP (Ley N° 32441) y su modificatoria (DL 1712) reconocen implícitamente esta complejidad al fortalecer las competencias institucionales de los organismos promotores.

En el plano logístico, actores como Inmobiliaria Koricancha (IKSA), empresa del Grupo Sandoval que administra plataformas logísticas como Lima Cargo City, complementan el ecosistema. La designación de Jaime Alvarado como Gerente General en junio de 2025, según reportó Rumbo Económico, refleja la profesionalización acelerada de un segmento que conecta la infraestructura de transporte con las cadenas de valor productivas del país.

La arquitectura invisible de la infraestructura

La discusión sobre infraestructura en América Latina tiende a centrarse en montos de inversión, plazos de adjudicación y especificaciones técnicas. Esa perspectiva, aunque necesaria, resulta insuficiente. Los proyectos que efectivamente se materializan son aquellos donde la arquitectura de gobernanza, el tejido de relaciones institucionales y la gestión de la licencia social funcionan como un sistema integrado.

La generación de estructuradores que representan Haya de la Torre y Caravedo opera precisamente en esa arquitectura invisible. Su contribución no se mide en metros de concreto ni en megavatios instalados, sino en la capacidad de traducir la complejidad regulatoria en estrategias corporativas ejecutables y en convertir la demanda social en procesos de diálogo sostenibles.

El contexto peruano de 2026 ofrece condiciones excepcionales para esta función. La combinación de un marco regulatorio renovado, una cartera de proyectos sin precedentes y una reestructuración corporativa profunda de los principales actores del sector genera una ventana de oportunidad que exige perfiles capaces de integrar disciplinas tradicionalmente fragmentadas.

¿Cómo se conecta esta transformación con el ecosistema regional de infraestructura?

La experiencia peruana no es un caso aislado. En toda la región andina, desde Colombia hasta Chile, los procesos de concesión y APP enfrentan desafíos similares de gobernanza, licencia social y articulación institucional. Los encuentros regionales de GRI Institute han documentado consistentemente esta tendencia: los líderes del sector coinciden en que la sofisticación regulatoria exige una sofisticación equivalente en la gestión de asuntos públicos y stakeholders.

La cartera peruana de US$ 70.000 millones promovida por ProInversión posiciona al país como uno de los mercados de referencia para la inversión en infraestructura en América Latina. Pero la magnitud de la oportunidad será proporcional a la calidad de su ejecución. Y esa calidad depende, en medida creciente, de la generación de profesionales que entienden que estructurar un proyecto significa mucho más que armar un modelo financiero.

El seguimiento de estas dinámicas forma parte del análisis continuo que GRI Institute realiza sobre el mercado de infraestructura latinoamericano, conectando a los principales tomadores de decisión del sector con inteligencia estratégica y espacios de diálogo de alto nivel. En un entorno donde la gobernanza define la viabilidad, contar con información precisa y redes de confianza constituye una ventaja competitiva determinante.