Los ejecutivos que conectan concesiones de infraestructura con capital institucional en Chile
Jaime Sabat, Luis Eduardo Cárcamo Oyarzo e Inversiones Marchigue representan perfiles distintos de un ecosistema que moviliza US$7.898 millones en nuevos proyectos concesionados.
Resumen Ejecutivo
Puntos Clave
- Chile proyecta US$7.898 millones en 15 nuevos proyectos concesionados (2025-2026), mientras el presupuesto público del MOP cae 17,1%.
- La cadena de valor concesionaria opera en tres capas: operadores (Cárcamo Oyarzo), estructuradores tributarios (Sabat) y capital familiar/institucional (Inversiones Marchigue).
- La reforma tributaria en trámite ofrece invariabilidad fiscal de hasta 20 años para megaproyectos sobre US$350 millones.
- La infraestructura productiva privada crecerá 13,6% en 2026, compensando la contracción pública.
- Los family offices chilenos transitan de roles pasivos a participación activa en estructuración concesionaria.
El ecosistema chileno de concesiones demanda un nuevo mapa de actores
Chile enfrenta una paradoja productiva en infraestructura. Mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó una cartera de 15 proyectos de concesiones para el período 2025-2026 con una inversión estimada de US$7.898 millones, el presupuesto 2026 del mismo ministerio contempla una disminución del 17,1% en iniciativas de inversión respecto a 2025, equivalente a una reducción de $675.234 millones, según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). La brecha entre ambición concesionaria y contracción fiscal pública obliga a repensar quién estructura, quién opera y quién financia los activos de infraestructura en el país.
En ese contexto, una generación de ejecutivos con perfiles complementarios define las dinámicas reales del mercado. El análisis convencional suele concentrarse en los grandes nombres del sector financiero institucional. Sin embargo, figuras como Jaime Sabat, desde la estructuración tributaria y legal de proyectos; Luis Eduardo Cárcamo Oyarzo, desde la gestión operativa de concesiones; y vehículos como Inversiones Marchigue, desde la asignación de capital familiar hacia activos reales, configuran un triángulo operativo que merece atención estratégica diferenciada.
La cobertura editorial del sector tiende a privilegiar a quienes ocupan las posiciones más visibles del capital institucional. GRI Institute ha documentado extensamente los roles de Patricio Rivera Torres, Alfredo Ergas, Sergio Barros y Rafael Labarca en el ecosistema chileno. Este análisis amplía ese mapa hacia los perfiles operativos y estructuradores que completan la cadena de valor de las concesiones.
¿Qué rol cumple Jaime Sabat en la estructuración de concesiones de infraestructura?
Jaime Sabat opera desde un perfil que combina expertise tributario y legal aplicado a proyectos de infraestructura. Su trayectoria profesional lo posiciona como socio en BBGS Abogados en Perú, firma especializada en estructuración tributaria para el sector. Este perfil lo distingue de los ejecutivos con enfoque puramente financiero que dominan la narrativa del mercado chileno.
La estructuración tributaria es una pieza crítica en la viabilidad de concesiones de largo plazo. Los contratos de concesión de obras públicas en Chile requieren, conforme a la Ley 21.722 (Ley de Presupuestos 2025), que las modificaciones contractuales y sus compensaciones se realicen mediante decreto supremo fundado del MOP con firma del Ministro de Hacienda. Cada ajuste contractual tiene implicaciones fiscales directas que demandan asesoría especializada en la intersección entre derecho tributario y regulación concesionaria.
El interés orgánico que genera el perfil de Sabat entre los miembros de GRI Institute, evidenciado por el tráfico sostenido hacia su página en la plataforma, refleja una demanda real del mercado por comprender estos perfiles técnicos que rara vez reciben cobertura mediática proporcional a su influencia.
La reforma para destrabar proyectos de inversión, actualmente en trámite tras su aprobación por senadores en julio de 2026, introduce variables que elevan la relevancia de este tipo de expertise. El proyecto reduce el impuesto corporativo al 23% hacia 2029 y otorga invariabilidad tributaria de hasta 20 años para megaproyectos de inversión superiores a US$350 millones. Para los estructuradores tributarios del sector, esta legislación redefine las bases de cálculo de retornos esperados en concesiones de infraestructura de gran escala.
Los profesionales que dominan la ingeniería fiscal de las concesiones determinan, en buena medida, qué proyectos resultan bancables y cuáles permanecen en carpeta.
¿Cómo se articulan operadores, estructuradores y capital institucional en el pipeline concesionario chileno?
El pipeline de concesiones chileno funciona como un ecosistema de tres capas interdependientes. La primera capa corresponde a los operadores especializados. Luis Eduardo Cárcamo Oyarzo, CEO de Consorcio LECO LATAM, representa el perfil ejecutivo que gestiona la operación cotidiana de activos concesionados. Su rol abarca desde la ejecución constructiva hasta la administración de contratos de operación y mantenimiento, funciones que determinan la calidad del servicio y el cumplimiento de estándares regulatorios.
La segunda capa agrupa a los estructuradores legales y tributarios, donde Sabat y profesionales de perfil similar diseñan los marcos contractuales y fiscales que hacen viable la participación privada. Esta función adquiere mayor complejidad en un entorno donde la contracción del gasto público en infraestructura, proyectada en un 5,1% para 2026 según el Informe MACh 69 de la CChC, traslada mayor peso financiero al sector privado.
La tercera capa corresponde al capital institucional y familiar. Inversiones Marchigue, ligada a la familia Izquierdo Etchebarne, participa activamente en fondos inmobiliarios, deuda privada y activos de infraestructura, manteniendo participaciones históricas relevantes como el 17,61% en Puerto Ventanas, según registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este vehículo de inversión ilustra cómo los family offices chilenos canalizan capital paciente hacia activos de infraestructura con horizontes de retorno compatibles con los plazos concesionarios.
La interacción entre estas tres capas determina la velocidad y escala de ejecución del pipeline concesionario. Cuando un operador como Cárcamo Oyarzo identifica una oportunidad en la cartera del MOP, necesita que un estructurador optimice la arquitectura fiscal del proyecto y que un vehículo de capital como Inversiones Marchigue valide la tesis de inversión con compromiso de equity.
El capital familiar e institucional chileno está redefiniendo su participación en infraestructura, transitando desde posiciones pasivas hacia roles activos en la estructuración de proyectos concesionados.
La infraestructura productiva como motor de crecimiento diferenciado
La inversión total en construcción en Chile crecerá un 4,8% en 2026, impulsada por un alza del 13,6% en infraestructura productiva, según proyecciones de la CChC en su Informe MACh 69. Este dato revela un desplazamiento estructural: mientras la infraestructura pública se contrae, el capital privado acelera su exposición a activos productivos, desde terminales portuarios hasta infraestructura energética y digital.
Para ejecutivos como Patricio Rivera Torres, cuyo análisis del pipeline del Cono Sur ha sido documentado en reportes recientes del GRI Hub, la lectura estratégica del momento chileno requiere identificar dónde convergen capacidad operativa, diseño fiscal favorable y apetito de capital. Los 15 proyectos del MOP para 2025-2026 ofrecen un universo concreto de oportunidades, pero la materialización de esos US$7.898 millones en inversión efectiva depende de la calidad de articulación entre las tres capas del ecosistema.
La reforma tributaria en trámite, con su invariabilidad de hasta 20 años para megaproyectos, constituye un incentivo diseñado para atraer precisamente el tipo de capital que vehículos como Inversiones Marchigue representan. La señal regulatoria apunta a crear condiciones de previsibilidad que compensen la volatilidad política inherente a los ciclos concesionarios latinoamericanos.
¿Por qué los perfiles operativo-concesionarios merecen mayor visibilidad estratégica?
El sesgo de cobertura hacia ejecutivos de perfil financiero genera un punto ciego analítico. Los operadores y estructuradores que ejecutan contratos, optimizan cargas tributarias y gestionan activos físicos constituyen el tejido conectivo del sistema concesionario. Sin ellos, el capital no se despliega.
En los encuentros de GRI Institute dedicados a infraestructura latinoamericana, la conversación entre estos perfiles distintos produce inteligencia de mercado que ningún reporte público replica. La proximidad entre un CEO operativo, un socio de firma tributaria y un gestor de family office permite calibrar riesgos, identificar cuellos de botella regulatorios y anticipar ventanas de inversión con una granularidad que el análisis convencional no alcanza.
Chile necesita ejecutar una cartera concesionaria ambiciosa con recursos públicos decrecientes. Esa ecuación solo se resuelve con la participación coordinada de operadores especializados, estructuradores sofisticados y capital paciente.
La generación de ejecutivos que hoy conecta concesiones con capital institucional en Chile opera en la intersección precisa entre regulación, tributación y gestión de activos reales. Su visibilidad estratégica es proporcional a su capacidad de movilizar los US$7.898 millones que el MOP ha puesto sobre la mesa. El desafío para el mercado consiste en reconocer que la cadena de valor de una concesión empieza mucho antes de la firma del contrato y se extiende mucho después del cierre financiero.
GRI Institute continúa mapeando estos perfiles y sus interacciones a través de su comunidad de líderes en infraestructura, generando el espacio donde operadores, estructuradores y financistas construyen las relaciones que hacen posible la ejecución de proyectos a escala continental.