Infraestructura en México: ¿Qué cambia para los afores con la LGIB?

En México, la participación privada en infraestructura se estructura desde 2012 principalmente a través de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP). Esta ley se crea para aprovechar el capital y la capacidad técnica del sector privado en proyectos de largo plazo, con esquemas de pagos diferidos y contratos de disponibilidad, buscando aliviar la presión sobre el gasto público. 

Con más de una década de operación, sin embargo, distintos diagnósticos oficiales y académicos señalan problemas recurrentes: distribución de riesgos muy cargada al Estado, concentración de proyectos en zonas rentables y no necesariamente estratégicas para el país y problemas de transparencia como contratos protegidos por “secreto comercial” o compromisos fiscales de largo plazo poco definidos. 

En este contexto, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó la iniciativa que da vida a la Ley General de Infraestructura para el Bienestar (LGIB). Suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la iniciativa fue presentada en julio de 2024 ante la Cámara de Diputados y propone un modelo en el que los proyectos se seleccionarán no solo por su rentabilidad financiera, sino también por su impacto social, equidad territorial y sostenibilidad ambiental.

El nuevo marco propone que los entes privados actúen como “socios inversionistas”, asumiendo en mayor medida los riesgos de construcción, financiamiento y operación, mientras el Estado fortalece su papel en la planeación, supervisión y evaluación de resultados. Al mismo tiempo, la LGIB establece procedimientos específicos para la coinversión y un registro nacional de proyectos, con criterios de transparencia y medición de beneficios sociales mucho más estrictos.  

¿Qué implicaría la medida, si se aprueba? 

En términos jurídicos, si el proyecto se aprueba tal como está redactado, la LGIB abroga la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se convierte en el nuevo marco general para la participación privada en infraestructura federal. A noviembre de 2025, sin embargo, se trata todavía de un proyecto de decreto turnado a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, y que se discute en foros con cámaras empresariales y colegios profesionales. 

Si bien la LAPP sigue vigente, el debate político ya gira en torno a cómo transitar de un esquema percibido como excesivamente pro-capital a uno que mantenga la coinversión privada, pero con mayor control público, mejor reparto de riesgos y un sesgo explícito hacia proyectos de alto impacto social.

En este escenario actual, según la Consar, los afores gestionan más de 8 billones de pesos, lo que representa aproximadamente 23% del PIB mexicano. De estos recursos, una parte significativa está invertida en infraestructura, alcanzando 985,111 millones de pesos (aproximadamente 12.3% de sus activos netos), lo que refleja el rol clave que tienen estas entidades en el sector. 

Actualmente, uno de cada dos pesos emitidos en el mercado con etiqueta de infraestructura es financiado por las Afores, y más del 7% de sus portafolios está invertido en esta clase de activos, lo que incluye proyectos como más de 10,000 kilómetros de carreteras, aeropuertos y proyectos de energía y agua (Fuente: Amafore).

Según la Consar, los recursos administrados por las Afores podrían alcanzar 12 billones de pesos hacia 2030 y 30 billones de pesos hacia 2050, lo que representaría más del 50% del PIB mexicano, consolidando al Sistema de Ahorro para el Retiro como la principal fuente de financiamiento en el país.

No obstante, las Afores aún enfrentan límites en los vehículos de inversión disponibles, una oferta insuficiente de proyectos adecuados para financiamiento a largo plazo y desafíos regulatorios–obstáculos que podrían ser contorneados caso el nuevo marco propuesto se torne vigente, consolidando aún más a estos entes como el principal músculo financiero para la infraestructura mexicana.

Perspectivas del mercado 
 

Durante el Mexico GRI Infra & Energy 2025, Salvador Cruz, jefe de Inversiones de Capital de Profuturo Afore, resalta la importancia de un marco regulatorio claro y estable para poder escalar las inversiones en infraestructura: “Como fondo de pensiones con horizonte de largo plazo, buscamos proyectos que no solo sean financieramente viables, sino que también ofrezcan estabilidad regulatoria y flujos predecibles para poder escalar nuestras inversiones”.

Moisés Cona, socio y managing director de GRI Institute Infrastructure, afirma, a su vez,  que: “El nuevo marco propone una serie de modernizaciones importantes para el sector, y este tipo de incentivos para la inversión privada son fundamentales para concretar una de las iniciativas más osadas y estratégicas del país: el Plan México”. 

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