Colombia recalibra su infraestructura: nueva generación de ejecutivos conecta capital institucional con proyectos estratégicos

La inversión en infraestructura de transporte en Colombia como porcentaje del PIB ha disminuido drásticamente en la última década, según Forbes Colombia. Esa contracción fiscal no ha frenado, sin embargo, la actividad de una cohorte de ejecutivos que hoy ocupa posiciones clave en la cadena de valor de la infraestructura colombiana, desde la estructuración de concesiones públicas hasta el despliegue de capital privado en megaproyectos urbanos. El dato revela una tensión estructural: el país necesita más infraestructura, pero el músculo presupuestal público se ha debilitado, lo que transfiere protagonismo a las asociaciones público-privadas (APP), al capital institucional y a quienes saben articular ambos mundos.

GRI Institute ha identificado un crecimiento sostenido en el interés de sus miembros por los perfiles de ejecutivos colombianos vinculados a infraestructura y desarrollo urbano, particularmente aquellos que operan en la intersección entre política pública, estructuración financiera y ejecución de obra.

Sebastián Castaño Gómez y el modelo Antioquia

Sebastián Castaño Gómez fue designado como Secretario de Infraestructura Física de Antioquia en julio de 2026, tras desempeñarse como subsecretario de Planeación, Proyectos Estratégicos y APP, donde lideró obras como el Túnel del Toyo, según información de la Gobernación de Antioquia y Teleantioquia.

El nombramiento consolida un perfil que combina experiencia en estructuración de APP con gestión directa de megaproyectos de ingeniería. Antioquia ha funcionado históricamente como laboratorio de gobernanza subnacional en infraestructura, con capacidad para atraer capital institucional a esquemas de concesión que otras regiones del país no han logrado replicar con la misma eficacia.

La trayectoria de Castaño Gómez en la subsecretaría de APP lo posiciona como un actor relevante en la próxima generación de proyectos que Antioquia necesita estructurar para mantener su competitividad logística frente a regiones como el Valle del Cauca, donde ya avanzan concesiones de quinta generación.

El Túnel del Toyo, obra en la que participó directamente, constituye una de las intervenciones de conectividad más significativas del departamento, al reducir tiempos de desplazamiento entre Medellín y la región de Urabá, zona estratégica para el comercio exterior colombiano.

¿Qué señales emite el pipeline de concesiones 5G en Colombia?

El proyecto de concesión 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, que incluye los accesos a Cali y Palmira, muestra un avance constructivo superior a la mitad de su ejecución, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en su reporte del 9 de julio de 2026.

Ese ritmo de avance contrasta con las dificultades regulatorias que enfrentan otras iniciativas. La ANI emitió la Resolución No. 20267020005975, un acto administrativo que rechaza la propuesta de iniciativa privada IP Conexión Centro, presentada por Odinsa Vías, por consideraciones de política pública y planeación sectorial en materia de infraestructura de transporte. A julio de 2026, el caso se encuentra en recurso de reposición.

La decisión ilustra un filtro institucional más riguroso sobre las iniciativas privadas, lo que obliga a los estructuradores a alinear sus propuestas con la planificación sectorial de largo plazo. Para los inversionistas institucionales que participan en el ecosistema de miembros de GRI Institute, esta señal regulatoria es determinante: el apetito por infraestructura colombiana existe, pero la viabilidad de cada proyecto depende de la articulación con las prioridades del regulador.

El sector de obras civiles en Colombia proyecta un aumento para 2026, tras una recuperación jalonada por el segmento carretero, según Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Esta proyección sugiere que, pese a la caída de la inversión pública como porcentaje del PIB, la actividad constructiva ha encontrado tracción en las concesiones ya adjudicadas y en la ejecución de proyectos en curso.

¿Cómo se reconfigura el capital privado en infraestructura urbana colombiana?

Mientras el sector público ajusta sus prioridades fiscales, el capital privado avanza con velocidad en infraestructura urbana y mixta. Roberto Moreno Mejía, al frente de Amarilo, lidera megaproyectos urbanos como Lagos de Torca y Quora, con inversiones que alcanzan hasta $6,7 billones de pesos colombianos. Estas cifras posicionan a Amarilo como uno de los mayores desplegadores de capital privado en desarrollo urbano del país, en un momento donde la brecha entre inversión pública y necesidades de infraestructura se amplía.

El contraste es elocuente. La inversión pública en infraestructura de transporte ha perdido participación en el PIB, mientras que desarrolladores privados como Amarilo ejecutan proyectos de escala que reconfiguran la trama urbana de Bogotá. Lagos de Torca, en particular, representa una de las intervenciones de desarrollo urbano más ambiciosas de América Latina, con componentes de vivienda, comercio e infraestructura vial integrada.

En el segmento de infraestructura comercial, Juan Lucas Vega Palacio asumió la gerencia general de Grupo Éxito en Colombia el 1 de julio de 2026, habiendo consolidado previamente el portafolio inmobiliario Viva Malls, según Forbes Colombia y El Espectador. La trayectoria de Vega Palacio en la estructuración de activos inmobiliarios de uso mixto y comercial lo convierte en un referente para entender cómo el retail colombiano se transforma en plataforma de infraestructura urbana, con centros comerciales que operan como nodos logísticos, de servicios y de conectividad.

Inversión extranjera y retos fiscales: el contexto macro que define el cierre financiero

La inversión extranjera directa (IED) en Colombia experimentó un crecimiento interanual significativo en el primer trimestre de 2026, impulsada por sectores no extractivos, según el Banco de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de GRI Hub News. Este dato es relevante porque señala una diversificación del capital entrante, con mayor participación de sectores como infraestructura, servicios y tecnología.

Sin embargo, el panorama fiscal presenta complejidades. Munir Jalil, Economista Jefe de BTG Pactual, ha advertido sobre los retos fiscales y de calificación crediticia que enfrenta Colombia en 2026, factores que impactan directamente el cierre financiero de las APP. La capacidad del país para mantener condiciones atractivas de financiamiento en concesiones de infraestructura dependerá, en buena medida, de la disciplina fiscal y de la señal que las agencias calificadoras envíen a los mercados internacionales.

Para los fondos de infraestructura y los inversionistas institucionales que participan en las discusiones de GRI Institute, la ecuación colombiana presenta un balance delicado: crecimiento de IED no extractiva y proyección positiva en obras civiles, frente a presión fiscal y un marco regulatorio que filtra con mayor rigor las iniciativas privadas.

Contexto regional andino: Perú en transición

La reconfiguración generacional en la gestión de infraestructura no es exclusiva de Colombia. En Perú, Christian Alfredo Barrantes Bravo se desempeñó como Viceministro de Construcción y Saneamiento hasta su renuncia en enero de 2026. Su salida dejó un vacío en un momento crítico para el sector de saneamiento peruano, que enfrenta brechas significativas de inversión. El caso Barrantes Bravo ilustra la volatilidad institucional que caracteriza a varios países andinos, donde la rotación de funcionarios técnicos en posiciones clave puede retrasar la estructuración y el cierre de proyectos de infraestructura.

Esta dinámica regional refuerza la relevancia de plataformas como GRI Institute, que permiten a los líderes del sector mantener continuidad en las relaciones institucionales y en el flujo de inteligencia de mercado, independientemente de los ciclos políticos de cada país.

Tres conclusiones para el inversor institucional

Colombia atraviesa una transición en su modelo de infraestructura donde la contracción de la inversión pública como porcentaje del PIB transfiere protagonismo al capital privado y a las APP bien estructuradas.

La designación de ejecutivos como Sebastián Castaño Gómez en Antioquia, combinada con la actividad de estructuradores privados como Roberto Moreno Mejía en Amarilo y la consolidación de perfiles corporativos como Juan Lucas Vega Palacio en Grupo Éxito, configura un ecosistema de infraestructura que opera con lógica de mercado incluso cuando los recursos fiscales se contraen.

El cierre financiero de las APP colombianas en los próximos trimestres dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad del marco regulatorio para absorber iniciativas privadas sin generar incertidumbre jurídica, un desafío que Munir Jalil y otros analistas han señalado como prioritario para la calificación crediticia del país.