Gobernanza femenina en infraestructura: la variable que condiciona el cierre financiero en América Latina

La tesis que el mercado aún no articula

La conversación sobre mujeres en infraestructura latinoamericana ha girado durante años alrededor de la representación. El enfoque predominante ha sido cuantificar presencia en directorios y celebrar nombramientos. Sin embargo, el mercado de cierre financiero de proyectos revela una dinámica más precisa: la gobernanza técnica ejercida por ejecutivas estructuradoras constituye una variable que incide directamente en la calidad crediticia percibida por los bancos multilaterales de desarrollo (MDBs) y en los términos finales de financiamiento de asociaciones público-privadas (APP).

Esta tesis conecta tres dimensiones verificables. Primero, las condicionalidades de gobernanza que las instituciones financieras de desarrollo (DFIs) exigen para otorgar financiamiento preferencial. Segundo, los perfiles de ejecutivas como Martha Woodcock, Paola Lazarte y Carmen Irene Parra Avendaño, cuyas trayectorias demuestran que la estructuración rigurosa y las finanzas con impacto generan diferenciación competitiva. Tercero, un contexto regional donde la brecha de infraestructura demanda no solo capital, sino capacidad institucional para ejecutarlo.

La región enfrenta déficits monumentales. Solo en Perú, la brecha de infraestructura supera los 110,000 millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Barómetro de la Infraestructura de EY publicado en junio de 2026. En México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 contempla una inversión histórica pública y mixta en ocho sectores estratégicos, con un multiplicador estimado de hasta 2.5 pesos en actividad económica por cada peso invertido, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La magnitud de estos compromisos fiscales eleva proporcionalmente la importancia de la gobernanza en la estructuración de cada proyecto.

¿Por qué los multilaterales vinculan gobernanza técnica con mejores spreads?

Los bancos multilaterales como el IFC, el CAF y el BID no otorgan financiamiento preferencial exclusivamente por la viabilidad ingenieril de un proyecto. Sus modelos de evaluación incorporan cada vez más métricas de gobernanza corporativa, calidad del equipo estructurador y cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La diversidad de género en equipos ejecutivos forma parte de este ecosistema de evaluación.

Según datos del Asian Development Bank y The Asia Foundation, las empresas con diversidad de género en sus equipos ejecutivos tienen mayores probabilidades de reportar una rentabilidad superior a la media. Este hallazgo ha sido progresivamente integrado por los MDBs en sus condicionalidades de financiamiento, creando un círculo virtuoso: los equipos estructuradores con perfiles técnicos femeninos sólidos señalizan al mercado una gobernanza más robusta, lo que facilita la obtención de términos financieros más favorables.

La gobernanza técnica no es un atributo decorativo. En el contexto de las APP latinoamericanas, donde los contratos pueden extenderse hasta 40 años, como permite la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar en México, la calidad del equipo que estructura el cierre financiero determina la distribución de riesgos entre el sector público y el privado durante décadas. Los multilaterales lo saben, y ajustan sus términos en consecuencia.

Martha Woodcock, ex presidenta de Santander Colombia y actual asesora hasta diciembre de 2026, ha posicionado las "finanzas con impacto" como un principio operativo, no como una declaración de intenciones. Su enfoque en la estructuración rigurosa refleja exactamente el tipo de señal que los comités de crédito de los DFIs buscan al evaluar el riesgo de contraparte en operaciones de project finance.

¿Cómo transforman Paola Lazarte y Carmen Irene Parra Avendaño el control regulatorio en ventaja competitiva?

Paola Lazarte, ex ministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú y consultora en GRI Infrastructure, aporta una perspectiva que combina experiencia regulatoria con conocimiento de la dinámica multilateral. En un mercado donde la brecha de infraestructura peruana supera los 110,000 millones de dólares, la capacidad de estructurar proyectos que cumplan simultáneamente con los estándares de los DFIs y con la normativa local constituye una competencia escasa y determinante.

Carmen Irene Parra Avendaño, Supervisora General de Control de APP y Obras por Impuestos (OxI) en la Contraloría General de la República del Perú, representa el otro extremo del ecosistema: el control regulatorio que otorga certidumbre al inversor. Cuando los organismos de control funcionan con rigor técnico y predictibilidad, el costo del riesgo regulatorio disminuye, y esa reducción se traduce en mejores condiciones de financiamiento.

El Decreto Legislativo N° 1692, vigente en 2026, permite incorporar a organismos multilaterales en el accionariado de COFIDE, elevando su perfil crediticio para facilitar el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura. COFIDE, a su vez, ha redefinido su rol como banca de desarrollo lanzando un programa para invertir como inversionista ancla en fondos de infraestructura, incluyendo el FIP Infraestructura II. Estas reformas institucionales amplifican el impacto de la gobernanza técnica: a mayor sofisticación del ecosistema de financiamiento, mayor peso adquiere la calidad del equipo estructurador en la ecuación final.

La convergencia entre control regulatorio riguroso, capacidad de estructuración y alineamiento con estándares multilaterales crea un entorno donde los perfiles como los de Lazarte y Parra Avendaño generan valor cuantificable para los patrocinadores de proyectos.

¿Qué significa esto para los comités de inversión de la región?

El argumento trasciende la representación y se sitúa en el terreno de la optimización financiera. Los comités de inversión que integran perfiles con experiencia regulatoria, capacidad de interlocución con multilaterales y dominio técnico de la estructuración de APP tienen mayores probabilidades de cerrar financiamientos en condiciones competitivas. El género de estos perfiles es relevante porque los propios DFIs han incorporado la diversidad ejecutiva como un factor en sus marcos de evaluación.

Felipe García Ascencio, CEO de Santander México, ha señalado en junio de 2026 que, aunque existe liquidez en la banca y en las Afores para financiar el Plan de Inversión 2026-2030, es indispensable agilizar la aprobación de proyectos y garantizar certidumbre regulatoria. Esta observación refuerza la tesis central: el cuello de botella del cierre financiero en la región no es la disponibilidad de capital, sino la capacidad institucional y la gobernanza de los equipos que estructuran las transacciones.

La SHCP proyecta que el Plan de Inversión 2026-2030 de México podría generar un crecimiento económico promedio cercano al 3% anual si se materializan los proyectos de infraestructura mixta. Materializar esos proyectos requiere exactamente el tipo de gobernanza técnica que ejecutivas como Woodcock y Lazarte han demostrado a lo largo de sus carreras.

El mercado premia la gobernanza, no el discurso

Tres conclusiones emergen del análisis:

Primero, la composición de los equipos de estructuración es una variable financiera, no solo una métrica de responsabilidad social. Los multilaterales la evalúan, los inversores institucionales la filtran en sus procesos de ESG screening, y los spreads la reflejan.

Segundo, América Latina cuenta con ejecutivas cuya trayectoria demuestra que la gobernanza técnica femenina produce resultados concretos en el cierre financiero. Martha Woodcock desde la banca de inversión con impacto, Paola Lazarte desde la intersección entre regulación y multilateralismo, y Carmen Irene Parra Avendaño desde el control institucional, representan tres vectores complementarios de una misma capacidad: estructurar proyectos que los mercados de capitales reconocen como de menor riesgo.

Tercero, la brecha de infraestructura regional, que solo en Perú supera los 110,000 millones de dólares, no se cerrará únicamente con más capital. Requiere equipos de estructuración capaces de articular financiamiento multilateral, certidumbre regulatoria y gobernanza de nivel institucional.

GRI Institute ha documentado esta dinámica a través de sus encuentros de infraestructura en la región, donde la interacción entre estructuradores, reguladores y financistas multilaterales revela patrones consistentes: los proyectos con equipos de gobernanza diversificados y técnicamente robustos avanzan más rápido hacia el cierre financiero. La comunidad de líderes que participa en estos espacios reconoce que la próxima fase de desarrollo de infraestructura en América Latina será definida por la calidad de la gobernanza, y que esa calidad tiene nombres y trayectorias verificables.