Gobernanza corporativa como ventaja competitiva: la generación de ejecutivas que redefine la infraestructura en América Latina

La infraestructura latinoamericana atraviesa un punto de inflexión donde la capacidad técnica y financiera ya no basta para ganar concesiones. La gobernanza corporativa, entendida como la solidez de los boards, la transparencia patrimonial y los marcos de compliance, se consolida como la variable que separa a los operadores viables de los descartables. Dos episodios recientes, ocurridos con semanas de diferencia, ilustran los polos opuestos de esta realidad: la salida planificada de Martha Woodcock de la presidencia ejecutiva de Banco Santander Colombia tras una gestión récord, y la renuncia forzada de Carlos María Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura en Argentina tras admitir la omisión de propiedades en su declaración jurada.

El contraste no es anecdótico. Refleja una tendencia estructural que los líderes del sector discuten con creciente frecuencia en foros como los que organiza GRI Institute: los marcos regulatorios de México, Colombia, Chile y Perú elevan progresivamente los estándares de gobernanza exigidos a los participantes en licitaciones de infraestructura, y las ejecutivas que dominan esa dimensión están configurando una ventaja competitiva diferencial.

¿Por qué la gobernanza corporativa condiciona hoy la adjudicación de concesiones en la región?

La respuesta se encuentra en la convergencia de tres factores. Primero, la escala de los planes de inversión exige vehículos financieros sofisticados que solo funcionan bajo estructuras de gobierno robustas. México, por ejemplo, contempla una inversión total de 5,6 billones de pesos durante el sexenio 2026–2030 a través de su Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La misma dependencia proyecta un impacto estimado de 2% adicional al PIB en 2026, equivalente a alrededor de 722 mil millones de pesos. Movilizar capital de esa magnitud mediante esquemas de participación público-privada requiere contrapartes cuya estructura de boards y mecanismos de compliance satisfagan tanto a reguladores como a inversionistas institucionales.

Segundo, el marco normativo se ha endurecido. El Reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2026, aterriza el funcionamiento operativo para habilitar esquemas de APP, vehículos de propósito específico (VPE), fideicomisos y financiamiento respaldado por flujos futuros. La reducción de incertidumbre jurídica que esta reglamentación aporta viene acompañada de exigencias más precisas sobre la estructura corporativa de los participantes. En otras palabras, el pipeline se abre, pero el filtro de entrada se estrecha.

Tercero, los costos reputacionales de la mala gobernanza se han vuelto inmediatos y devastadores. El caso de Carlos María Frugoni, exsecretario de Coordinación de Infraestructura en Argentina y exdirectivo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), quien renunció en abril de 2026 tras admitir la omisión de siete propiedades en Miami en su declaración jurada, según reportaron Infobae y TN, evidencia los riesgos sistémicos de la falta de transparencia patrimonial. La gobernanza deficiente en un cargo público conectado directamente con la adjudicación de concesiones no solo destruye carreras individuales, sino que contamina la credibilidad de todo el ecosistema de infraestructura de un país.

La gobernanza corporativa ha dejado de ser un requisito formal para convertirse en el principal diferenciador competitivo en los procesos de licitación de infraestructura latinoamericana.

¿Qué perfil de liderazgo ejecutivo están premiando los mercados de infraestructura?

Martha Woodcock representa el arquetipo de una generación de ejecutivas que combina rigor financiero con estándares de gobernanza de clase mundial. Su gestión al frente de Banco Santander Colombia, que concluyó con su salida anunciada el 20 de mayo de 2026 para ser reemplazada por Marcel Patiño Sedán, dejó resultados contundentes: utilidades trimestrales por 25.027 millones de pesos colombianos, un crecimiento del 222% interanual, según Forbes Colombia. Woodcock, quien actuará como asesora de la entidad hasta finales de 2026, orientó su gestión hacia el crecimiento sostenible y el financiamiento de impacto e infraestructura, dos ejes que conectan directamente con las necesidades de capital del pipeline regional.

Su trayectoria ilustra un fenómeno que los miembros de GRI Institute observan con atención: las ejecutivas que entienden la gobernanza corporativa como herramienta estratégica, y no como mero cumplimiento regulatorio, generan resultados financieros superiores y posicionan a sus organizaciones como contrapartes preferentes en proyectos de gran escala.

El financiamiento de infraestructura en América Latina favorece cada vez más a las instituciones cuyo liderazgo ejecutivo integra compliance, transparencia y visión estratégica en una sola propuesta de valor.

El perfil no se limita al sector bancario. Karen Scarpetta, actual Country Manager de Tesla en Colombia y ex CEO de WeWork Hispanoamérica, lidera la transición hacia la movilidad sostenible y la estrategia urbana desde una posición que cruza infraestructura de carga, planificación de ciudades y sostenibilidad corporativa. Según Valora Analitik, Scarpetta ha destacado que la flexibilidad y la sostenibilidad son esenciales para la resiliencia de las ciudades en expansión, un planteamiento que conecta la infraestructura digital y energética con la gobernanza de los ecosistemas urbanos.

Lo que une a Woodcock y Scarpetta es una concepción del liderazgo ejecutivo donde la estructura de gobierno corporativo funciona como plataforma de crecimiento. Ambas operan en mercados donde la confianza institucional se construye desde la composición de los boards y la calidad de los mecanismos de supervisión interna, mucho antes de que se firme un contrato de concesión.

¿Cómo cambia la ecuación para México y Colombia con los nuevos marcos regulatorios?

México y Colombia representan los dos mercados donde la intersección entre gobernanza corporativa y pipeline de infraestructura es más visible. En México, la publicación del Reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, apenas dos semanas antes de esta publicación, establece reglas operativas claras para los esquemas de APP y los vehículos de propósito específico. Los operadores que cuenten con estructuras de gobierno sólidas tendrán ventaja en la estructuración de fideicomisos y en la captación de financiamiento respaldado por flujos futuros, los dos mecanismos centrales que la nueva regulación habilita.

En Colombia, la salida de Woodcock de Santander abre interrogantes sobre la continuidad de la estrategia de financiamiento de impacto en infraestructura que ella consolidó. Su paso por la presidencia demostró que una gestión centrada en gobernanza y sostenibilidad puede producir crecimientos financieros extraordinarios. El desafío para su sucesor y para el mercado colombiano en general será mantener esos estándares mientras el pipeline de proyectos de cuarta generación (4G) y las iniciativas de infraestructura social demandan volúmenes crecientes de capital.

Para los mercados andinos en su conjunto, la lección del caso Frugoni es clara: la opacidad en la gobernanza de los actores públicos y privados vinculados a infraestructura genera un efecto dominó que encarece el capital, ahuyenta a los inversionistas institucionales y retrasa la ejecución de proyectos críticos.

La nueva generación de marcos regulatorios en la región premia la transparencia y la solidez de los boards corporativos con acceso preferente a los mecanismos de financiamiento más eficientes.

Esta dinámica configura un escenario donde el perfil de liderazgo importa tanto como el proyecto mismo. Las discusiones que GRI Institute facilita entre líderes del sector reflejan este cambio: la conversación ha migrado de la ingeniería financiera pura hacia la arquitectura institucional de las organizaciones que compiten por concesiones.

El governance como infraestructura invisible

Existe una infraestructura que no se ve en los planos de obra pero que determina si un proyecto se ejecuta, se financia y se completa: la infraestructura de gobernanza. Los boards bien compuestos, los comités de compliance funcionales, la transparencia patrimonial de los directivos y la alineación entre estructura corporativa y exigencias regulatorias constituyen los cimientos sobre los que se construye la confianza del capital institucional.

Martha Woodcock, Karen Scarpetta y los casos análogos que emergen en Chile y Perú representan una generación de ejecutivas que ha entendido esta realidad y la ha convertido en estrategia. El contraste con episodios como el de Carlos María Frugoni confirma que el mercado ya está diferenciando entre quienes practican la gobernanza como cultura organizacional y quienes la tratan como formalidad prescindible.

Para los líderes que participan en el ecosistema de GRI Institute, la implicación estratégica es directa: en un contexto donde México moviliza 5,6 billones de pesos en infraestructura y Colombia busca sostener el impulso de su financiamiento de impacto, la gobernanza corporativa ha dejado de ser un costo de cumplimiento para convertirse en la principal barrera de entrada competitiva. Las organizaciones que lo comprendan primero capturarán una proporción desproporcionada del pipeline regional.