
Felipe García Ascencio y la generación de financistas que conecta banca de desarrollo con infraestructura privada en México
El cierre financiero de los grandes proyectos de infraestructura en América Latina depende de ejecutivos que articulan capital público y privado en estructuras de financiamiento mixto.
Resumen Ejecutivo
Puntos Clave
- América Latina necesita invertir 2.2 billones de dólares en infraestructura hasta 2030, según el BID.
- El financiamiento mixto (blended finance) movilizó 18,300 millones de dólares globalmente, con 49% destinado a clima e infraestructura.
- El Plan de Infraestructura 2026–2030 de México integra formalmente banca de desarrollo, banca comercial, mercado bursátil y vehículos como FIBRAs.
- Ejecutivos como Felipe García Ascencio (Santander) y Eduardo Osuna (BBVA) representan la generación bisagra entre capital público y privado.
- La estandarización de instrumentos financieros es clave para escalar el financiamiento mixto en la región.
La bisagra financiera que define qué proyectos de infraestructura se construyen
América Latina enfrenta una ecuación conocida pero irresuelta: la región necesita invertir 2.2 billones de dólares en infraestructura básica de agua, energía, transporte y telecomunicaciones hasta 2030, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El capital existe, disperso entre bancas de desarrollo, fondos institucionales, bancas comerciales y vehículos del mercado bursátil. Lo que escasea es la capacidad de articulación entre esas fuentes.
En ese espacio opera una generación de ejecutivos cuyo rol estratégico ha permanecido subanalizado. Son profesionales que dominan simultáneamente la lógica del crédito soberano, los instrumentos de garantía pública y la estructuración financiera privada. Felipe García Ascencio, Director General de Santander México desde enero de 2023, representa un arquetipo de esa generación: líderes de banca comercial que entienden que el financiamiento de infraestructura a gran escala requiere integrar recursos de instituciones como Banobras, FONADIN, CAF y el BID con las capacidades del sector privado.
Esta capa de intermediación público-privada en el financiamiento constituye el factor determinante para que un proyecto pase del diseño a la ejecución. Comprender su dinámica es esencial para cualquier actor del ecosistema de infraestructura latinoamericano.
¿Por qué el financiamiento mixto se convirtió en el eje del Plan de Infraestructura de México?
El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero de 2026, establece una arquitectura financiera que combina banca de desarrollo, garantías públicas, contratos mixtos, mercado bursátil, banca comercial y vehículos como FIBRAs. La estrategia reconoce formalmente que ninguna fuente individual de capital puede cerrar por sí sola la brecha de infraestructura del país.
El financiamiento mixto, conocido globalmente como blended finance, ha ganado tracción como mecanismo para destrabar proyectos que el mercado privado considera demasiado riesgosos y que el sector público no puede financiar exclusivamente con recursos fiscales. A nivel global, este mercado movilizó 18,300 millones de dólares, con un 49% de las operaciones destinadas a iniciativas climáticas y de infraestructura, según datos de Convergence en su reporte State of Blended Finance 2025.
En México, la lógica del financiamiento mixto adquiere una dimensión particular. El país cuenta con una banca de desarrollo robusta, con Banobras y FONADIN como pilares históricos del financiamiento de infraestructura pública. Al mismo tiempo, posee un sistema bancario comercial sofisticado, liderado por instituciones como Santander México bajo la conducción de Felipe García Ascencio y BBVA México bajo Eduardo Osuna. La convergencia entre ambos sistemas define la viabilidad financiera de los proyectos con componente público.
Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, confirmó en marzo de 2026 que la banca comercial está lista para financiar el Plan México de infraestructura, con la condición de que los proyectos sean bancables, cuenten con permisos en regla y presenten una asignación de riesgos clara, según reportó Expansión. Esta declaración sintetiza la postura del sector: el capital privado fluye cuando la estructuración público-privada genera certidumbre.
BBVA México proyecta un crecimiento económico para el país de 1.8% en 2026, condicionado precisamente a la detonación de inversiones en infraestructura y energía. La proyección subraya la interdependencia entre el desempeño macroeconómico y la ejecución efectiva del plan de infraestructura.
¿Qué perfil de ejecutivo determina el cierre financiero en la infraestructura latinoamericana?
El análisis convencional del financiamiento de infraestructura en América Latina distingue entre dos mundos: la banca de desarrollo, con su mandato de política pública, y los fondos e instituciones privados, con sus exigencias de retorno ajustado al riesgo. Entre ambos opera una categoría de profesionales que funciona como bisagra estructural.
Felipe García Ascencio ejemplifica este perfil desde la perspectiva de la banca comercial. Como Director General de Santander México, lidera una institución que participa activamente en sindicaciones de crédito para proyectos de infraestructura donde coexisten tramos de banca de desarrollo y tramos comerciales. La capacidad de estructurar esos instrumentos de manera que satisfagan simultáneamente los requisitos regulatorios del capital público y las expectativas de riesgo-retorno del capital privado constituye una competencia estratégica diferenciada.
El ecosistema incluye también actores del lado del desarrollo privado. Fernando Martínez Zurita, Director General de Mazza Capital, lidera el desarrollo de infraestructura Yucatán Marina Club, con una inversión proyectada de 8,000 millones de pesos, según Reporteros Hoy. Proyectos de esta escala ilustran cómo el capital privado busca oportunidades en segmentos específicos de infraestructura, en este caso turística y residencial, donde la estructuración financiera requiere articular múltiples fuentes.
El perfil del financista que conecta banca de desarrollo con infraestructura privada se caracteriza por tres competencias fundamentales: dominio de los instrumentos de garantía y crédito de instituciones multilaterales como CAF y BID, capacidad de estructuración de vehículos financieros que atraigan capital institucional privado, y entendimiento profundo del marco regulatorio que rige las asociaciones público-privadas en cada jurisdicción.
La dimensión andina: Colombia, Perú y Chile en la ecuación del financiamiento mixto
La dinámica de articulación entre capital público y privado que se observa en México tiene correlatos directos en los mercados andinos. Colombia, Perú y Chile comparten con México la necesidad de movilizar capital privado para complementar las limitaciones fiscales en infraestructura, y cuentan con marcos regulatorios de asociaciones público-privadas en distintos grados de madurez.
El BID estima que América Latina y el Caribe crecerá un 2.1% en 2026, un dato que refleja la resiliencia de las economías regionales pero también las restricciones para acelerar la inversión en infraestructura. En ese contexto, los ejecutivos que operan en la intersección entre banca de desarrollo e infraestructura privada desempeñan un rol cada vez más relevante en la región andina.
En los mercados andinos, CAF actúa como el principal catalizador de financiamiento mixto para infraestructura. Su capacidad de ofrecer garantías parciales, líneas de crédito subordinado y asistencia técnica para la preparación de proyectos genera las condiciones para que la banca comercial y los fondos de inversión participen en el cierre financiero. Los ejecutivos que comprenden y operan en esta intersección, tanto desde la banca comercial como desde las entidades de desarrollo, constituyen el eslabón decisivo de la cadena de inversión.
La región enfrenta un desafío adicional: la estandarización de instrumentos financieros que permitan escalar el financiamiento mixto más allá de transacciones individuales. Las FIBRAs en México, las CKDs y los vehículos similares en los mercados andinos representan intentos de crear mecanismos recurrentes para canalizar capital institucional hacia infraestructura. Su éxito depende en gran medida de la calidad de la estructuración, un terreno donde los financistas de la generación que representan García Ascencio y Osuna marcan la diferencia.
El financiamiento de infraestructura como competencia estratégica regional
La brecha de infraestructura en América Latina es un dato conocido. Lo que transforma ese dato en acción es la capacidad de articular fuentes de capital que, por separado, resultan insuficientes. El Plan de Inversión en Infraestructura 2026–2030 de México representa el reconocimiento institucional más explícito de esta realidad: la estrategia de la SHCP integra formalmente banca de desarrollo, banca comercial, mercado bursátil y vehículos especializados como componentes de un sistema unificado de financiamiento.
Los ejecutivos que operan en la intersección de estos mundos, como Felipe García Ascencio desde Santander México y Eduardo Osuna desde BBVA México, personifican una competencia estratégica que trasciende la gestión bancaria convencional. Comprender la lógica de la banca de desarrollo y traducirla en estructuras que atraigan capital privado es, en la práctica, lo que determina qué proyectos de infraestructura se materializan en la región.
GRI Institute acompaña esta dinámica a través de sus encuentros regionales de infraestructura, donde ejecutivos de banca de desarrollo, banca comercial, fondos institucionales y desarrolladores convergen para analizar las estructuras de financiamiento que están definiendo el futuro de la infraestructura latinoamericana. La comunidad de líderes que participa en estos espacios reconoce que el cierre financiero de los grandes proyectos depende de la capacidad de construir puentes entre el capital público y el privado.
La generación de financistas que hoy lidera esta articulación en México y los Andes enfrenta una ventana de oportunidad definida por la convergencia de planes gubernamentales ambiciosos, liquidez institucional disponible y marcos regulatorios en evolución. Su capacidad de ejecutar determinará, en buena medida, si América Latina logra cerrar su histórica brecha de infraestructura en los próximos años.