Perú estructura una nueva generación de operadores para canalizar US$ 70,000 millones en infraestructura andina

La viabilidad de los megaproyectos peruanos ya no se define solo en la mesa financiera

Perú atraviesa el ciclo más ambicioso de promoción de infraestructura de su historia reciente. ProInversión promoverá 116 proyectos público-privados por cerca de US$ 70,000 millones entre 2025 y 2026, según cifras oficiales de la propia agencia. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que el reglamento de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley N.º 32441) permitirá impulsar la adjudicación y ejecución de 88 proyectos por más de US$ 28,000 millones entre 2026 y 2028. Son cifras que sitúan al país como uno de los mercados de concesiones más activos de América Latina.

Pero la magnitud del pipeline plantea una pregunta que el mercado todavía no responde con claridad: ¿quiénes son los profesionales capaces de traducir esa cartera de proyectos en operaciones ejecutables? La respuesta convencional apunta a los banqueros de inversión y los fondos de infraestructura. Sin embargo, la experiencia peruana reciente demuestra que la viabilización de proyectos de gran escala requiere un perfil híbrido, capaz de articular simultáneamente la dimensión regulatoria, la licencia social y la relación con el capital institucional.

Es en esa intersección donde opera una generación de ejecutivos peruanos cuya influencia sobre el pipeline de infraestructura andina resulta decisiva, aunque menos visible que la de los estructuradores financieros tradicionales.

¿Qué papel cumplen perfiles como José Haya de la Torre y Luciana Caravedo en la cadena de valor de la infraestructura peruana?

José Haya de la Torre ocupa la posición de Gerente Corporativo de Asuntos Públicos en Aenza, el conglomerado de infraestructura y energía que alcanzó una facturación total de US$ 525 millones durante 2025, un crecimiento del 13% respecto al año anterior, según datos de Sustenia y BNamericas. Aenza se encuentra en una fase de transformación estratégica bajo el liderazgo de su CEO Francisco Sardón, quien ingresó en enero de 2026 con un mandato claro: reorientar la compañía hacia concesiones a largo plazo.

En ese contexto, la función de Haya de la Torre adquiere relevancia estructural. La gestión de asuntos públicos en una empresa de infraestructura de esa envergadura implica la articulación permanente con reguladores, gobiernos subnacionales y comunidades. Cada proyecto de concesión que Aenza aspire a ejecutar dentro del portafolio de ProInversión, que impulsa una cartera de 44 proyectos y 8 adendas por cerca de US$ 20,000 millones para 2026, requiere una capa de viabilización política y social que precede a cualquier cierre financiero.

La capacidad de obtener y sostener licencias sociales se ha convertido en un factor diferencial para las empresas que compiten por concesiones en Perú. Los retrasos en proyectos de infraestructura en la región andina tienen, con frecuencia, origen en conflictos socioambientales o en deficiencias de comunicación institucional, más que en restricciones de financiamiento.

Un patrón similar se observa en Cálidda, la distribuidora de gas natural de Lima, donde Luciana Caravedo lidera la estrategia de sostenibilidad y comunicaciones. Cálidda proyectó inversiones por US$ 400 millones hacia 2025 para expandir su red a 20,000 km, según información de GRI Institute. En una operación de esa escala, la construcción de legitimidad ante comunidades y reguladores condiciona directamente el ritmo de despliegue de capital.

Estos perfiles representan un eslabón crítico en la cadena de valor de la infraestructura. Operan en el espacio que conecta la voluntad política de inversión con la ejecución concreta de los proyectos. Su trabajo determina, en buena medida, si los US$ 70,000 millones que ProInversión proyecta promover se materializan en obras o permanecen como cifras en una cartera de intenciones.

¿Cómo transforma la Ley N.º 32441 el ecosistema de estructuración de proyectos en Perú?

La aprobación de la Ley N.º 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, constituye el cambio normativo más significativo para el sector en los últimos años. La ley, aprobada en septiembre de 2025 con reglamento publicado en diciembre de ese mismo año y modificada por el Decreto Legislativo 1712 vigente desde febrero de 2026, introduce procesos más ágiles, reduce plazos de estudios técnicos y fortalece la gobernanza de ProInversión bajo lo que se denomina el modelo APP 5.0.

El nuevo marco normativo altera la ecuación para todos los actores involucrados en la estructuración de proyectos. Para las empresas concesionarias, como Aenza, significa ciclos de adjudicación potencialmente más cortos. Para los fondos de infraestructura que analizan oportunidades en la región andina, implica mayor previsibilidad regulatoria. Y para los profesionales que gestionan la interfaz entre el sector privado y el Estado, como Haya de la Torre y Caravedo, supone un marco institucional más robusto sobre el cual construir acuerdos sostenibles.

La reducción de plazos en estudios técnicos, en particular, tiene un efecto multiplicador. Cada mes que se acorta el proceso de preparación de un proyecto libera recursos institucionales para avanzar con el siguiente en la cartera. En un portafolio del tamaño del que maneja ProInversión, esa eficiencia marginal se traduce en miles de millones de dólares de inversión adelantada.

El modelo APP 5.0 también reconfigura los incentivos para el capital institucional internacional. Los fondos de pensiones, las aseguradoras y los vehículos de infraestructura que evalúan oportunidades en América Latina priorizan jurisdicciones con marcos regulatorios claros y con un historial demostrable de ejecución. Perú, con la nueva ley, fortalece su posición competitiva frente a Colombia, Chile y México en la captación de ese capital.

El eslabón inmobiliario y logístico: cómo la infraestructura genera valor colateral

La cadena de valor de la infraestructura peruana no termina en la concesión. Cada proyecto de transporte, energía o conectividad digital genera oportunidades derivadas en el desarrollo inmobiliario y logístico. Inmobiliaria Koricancha, conformada por el Grupo Sandoval y AC Capitales, ilustra esta dinámica: en 2023 ganó la buena pro para desarrollar la Zona de Carga Sur en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez con una inversión de US$ 19 millones, según el diario Gestión.

Este tipo de operaciones evidencia cómo el pipeline de infraestructura de ProInversión genera efectos de arrastre sobre el ecosistema empresarial peruano. Desarrolladores como Inmobiliaria Koricancha y Grupo Altozano representan el eslabón que capitaliza la nueva infraestructura de transporte, creando valor en zonas logísticas, comerciales y residenciales que se benefician de la mejora en conectividad.

La interconexión entre infraestructura de transporte y desarrollo inmobiliario crea un círculo virtuoso que amplifica el retorno económico de cada dólar invertido en concesiones. Para el capital institucional, esta cadena extendida de valor ofrece múltiples puntos de entrada y diversificación de riesgo dentro de un mismo corredor de inversión.

¿Está Perú formando la masa crítica de talento que su pipeline de infraestructura demanda?

La brecha entre la ambición del portafolio de ProInversión y la capacidad instalada de ejecución es el riesgo estructural menos discutido del mercado peruano. El país necesita profesionales que dominen simultáneamente la ingeniería financiera, la gestión de riesgos políticos, la sostenibilidad corporativa y la relación con comunidades. Esta combinación de competencias es escasa en cualquier mercado, y en Perú la demanda crece más rápido que la oferta.

Los perfiles que hoy ocupan posiciones clave en Aenza, Cálidda y otros actores del ecosistema representan la primera ola de una generación que se formó en la práctica, navegando la complejidad regulatoria peruana. Su experiencia acumulada constituye un activo intangible para el mercado, difícil de replicar y determinante para la velocidad de ejecución del pipeline.

GRI Institute ha documentado esta evolución a través de su comunidad de líderes en infraestructura andina, donde ejecutivos de primer nivel comparten perspectivas sobre los desafíos de estructuración, financiamiento y ejecución de proyectos en la región. Los encuentros del ecosistema GRI en la región andina permiten mapear las redes de decisión que conectan operadores locales con capital institucional global, generando inteligencia de mercado que trasciende el análisis convencional.

El pipeline peruano de infraestructura es, en términos absolutos, uno de los más grandes de América Latina. Su materialización dependerá menos de la disponibilidad de capital y más de la capacidad del ecosistema local para generar los profesionales, los marcos institucionales y las redes de confianza que conviertan proyectos en realidad. Los ejecutivos que hoy articulan esa cadena de valor, desde la licencia social hasta el cierre financiero, definen el ritmo al que Perú convertirá sus ambiciones de infraestructura en activos productivos.