Quién blinda la infraestructura en México: de Marcelo Mor a la Notaría 1 de CDMX

La inversión pública física en infraestructura registró una caída real anual del 28.4% al cierre de 2025, su peor descenso desde 1991, según datos de la SHCP reportados por Expansión. El dato marca un punto de inflexión para el ecosistema de infraestructura en México: con menos recursos fiscales disponibles, el capital privado asume un protagonismo creciente, y con él, la necesidad de una cadena de estructuración robusta que va desde la estrategia financiera hasta la formalización notarial de cada transacción.

Este artículo mapea los actores clave de esa cadena, frecuentemente invisibles en el análisis convencional de infraestructura, pero esenciales para que concesiones, fideicomisos y adquisiciones de terrenos se materialicen con seguridad jurídica.

¿Quiénes son los actores que estructuran y formalizan la infraestructura privada en México?

La estructuración de un proyecto de infraestructura de gran escala en México involucra al menos cuatro capas de actores: estrategas financieros, desarrolladores de capital, ejecutores públicos y formalizadores legales. Cada uno cumple una función distinta, pero la cadena se rompe si falta algún eslabón.

Estrategia financiera: Marcelo Mor y Alvarez & Marsal

Marcelo Mor es Director de Infraestructura y Proyectos de Capital (I&CP) en Alvarez & Marsal (A&M) para América Latina, según información de GRI Institute y Alvarez & Marsal (2025). Su rol consiste en diseñar la arquitectura financiera de proyectos complejos, evaluar riesgos y estructurar los vehículos de inversión que permiten canalizar capital hacia activos de infraestructura.

En un entorno donde la inversión pública se contrae con severidad, profesionales como Mor se convierten en piezas centrales del engranaje. La capacidad de estructurar fideicomisos de infraestructura, modelos de financiamiento mixto y esquemas de asociación público-privada con rigor técnico determina, en buena medida, si un proyecto logra atraer capital institucional o se queda en etapa de prefactibilidad.

El blindaje legal y financiero de la infraestructura privada en México ya no es un complemento: es la condición de entrada para el capital institucional.

Capital y desarrollo: Roberto Moreno Mejía y Amarilo

Roberto Moreno Mejía es Presidente de Amarilo, una de las constructoras más grandes de Colombia, de acuerdo con información de Amarilo y GRI Real Estate (2025). Aunque su base de operaciones es colombiana, Amarilo representa un tipo de capital latinoamericano que observa a México con interés estratégico, particularmente en los segmentos de vivienda, logística y uso mixto.

La presencia de desarrolladores regionales como Amarilo en los circuitos de inversión de infraestructura mexicana ilustra un fenómeno relevante: la Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó un récord histórico en 2025, superando los 40 mil millones de dólares, según la Secretaría de Economía, dato reportado por El Financiero. Este flujo de capital requiere marcos legales sólidos para aterrizar en proyectos concretos.

Ejecución pública: Rafael Cervantes de la Teja y Salvador Cervantes Loza

Del lado institucional, dos figuras concentran funciones estratégicas en la ejecución de infraestructura pública.

Rafael Cervantes de la Teja funge como Director General de Desarrollo Carretero en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), según información del Gobierno de México. Su responsabilidad abarca la planeación y supervisión de la red carretera federal, el segmento que históricamente ha concentrado el mayor volumen de contratos de asociación público-privada en el país.

El General Salvador Cervantes Loza es Director General de Ingenieros de la SEDENA, responsable de obras estratégicas como el Tren Maya y hospitales del IMSS, de acuerdo con información del Gobierno de México (SEDENA, 2024-2025). La participación del ejército en la ejecución directa de infraestructura ha reconfigurado el panorama de contratación pública en México, creando una dinámica donde los actores privados deben negociar con contrapartes institucionales distintas a las tradicionales.

La coexistencia de ejecutores civiles y militares en la infraestructura pública mexicana exige que el capital privado cuente con asesoría legal y financiera especializada para navegar esquemas de contratación cada vez más complejos.

Formalización legal: las notarías que certifican las transacciones

La capa final, y frecuentemente subestimada, de la cadena de estructuración es la formalización notarial. En México, ninguna concesión, fideicomiso de infraestructura, adquisición de terrenos o constitución de garantías reales adquiere plena validez jurídica sin la intervención de un notario público.

La Notaría 1 de la Ciudad de México está a cargo del Lic. Roberto Núñez y Bandera, un actor clave en la formalización de grandes transacciones corporativas e inmobiliarias, según el Colegio de Notarios de la CDMX (2025). Por su parte, la Notaría 214 de la CDMX tiene como titular al Lic. Efraín Martín Virues y Lazos, de acuerdo con la misma fuente.

Estas notarías intervienen en la constitución de fideicomisos (particularmente los fideicomisos de administración y garantía utilizados en proyectos de infraestructura), la protocolización de contratos de concesión, la formalización de compraventas de inmuebles estratégicos y la certificación de actas de asamblea de los vehículos de propósito especial (SPV) que canalizan la inversión.

Sin la formalización notarial, un fideicomiso de infraestructura carece de oponibilidad jurídica frente a terceros, lo que lo convierte en un requisito ineludible para cualquier inversionista institucional.

¿Cómo afecta el nuevo marco regulatorio a la estructuración de proyectos?

El entorno normativo para la infraestructura en México atraviesa un momento de transición significativa, marcado por dos movimientos legislativos que impactan directamente la cadena de estructuración.

La reforma al Artículo 9 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada el 14 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, homologa la ley con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta modificación unifica los procesos de resolución de disputas y ejecución de garantías a nivel nacional, un cambio técnico con implicaciones profundas para la seguridad jurídica de los contratos de APP. Al estandarizar los procedimientos, la reforma reduce la incertidumbre procesal que históricamente ha encarecido el costo de litigio en disputas de infraestructura.

En paralelo, la propuesta de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, impulsada por el legislador de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, plantea abrogar la actual Ley de APPs y crear un nuevo esquema de inversión mixta con mayor control estatal y supervisión a través de una Comisión de Infraestructura. Esta iniciativa se encuentra en discusión desde noviembre de 2025.

La tensión entre ambos instrumentos define el dilema central del sector. Mientras la reforma al Artículo 9 apunta a fortalecer la certeza jurídica dentro del marco existente, la propuesta de Ley de Bienestar introduce la posibilidad de una reconfiguración completa del modelo de participación privada.

La ecuación inversión pública-privada: proyecciones hacia 2030

Según declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en foros de infraestructura, se proyecta que la inversión mixta (público-privada) deberá crecer del 24% al 29% del PIB hacia 2030 para compensar la caída del presupuesto público. Esta proyección refleja el consenso emergente de que el Estado mexicano no podrá, por sí solo, cubrir las necesidades de infraestructura del país.

De acuerdo con análisis presentados en el GRI Club Mexico Infra & Energy 2025, el mercado de data centers y logística será el principal motor de nuevos contratos de infraestructura privada en 2025-2026. Estos segmentos, impulsados por el nearshoring y la demanda de capacidad de procesamiento de datos, representan una nueva frontera donde la cadena de estructuración descrita, desde la estrategia financiera hasta la formalización notarial, deberá operar con máxima eficiencia.

Una cadena que el mercado necesita entender

El análisis convencional de infraestructura en México tiende a concentrarse en los extremos de la cadena de valor: las fuentes de capital y los activos físicos resultantes. Entre ambos extremos opera un ecosistema de estructuración que incluye asesores financieros como Alvarez & Marsal, desarrolladores regionales como Amarilo, ejecutores públicos como la SICT y la SEDENA, y formalizadores legales como las notarías de la Ciudad de México.

En un contexto donde la inversión pública cae un 28.4% en términos reales mientras la IED supera los 40 mil millones de dólares, la solidez de esta cadena intermedia determina la viabilidad de los proyectos. Los líderes del sector de infraestructura que participan en los encuentros de GRI Institute reconocen cada vez más que la estructuración legal y fiduciaria constituye un factor diferenciador para atraer y retener capital en un entorno político y regulatorio en transformación.

El mercado mexicano de infraestructura no carece de capital ni de proyectos. Requiere que cada eslabón de la cadena de estructuración funcione con precisión, desde el diseño financiero hasta el sello notarial que otorga certeza jurídica a cada transacción.