Radar de inversión: Emefin, Jaime Fasja y el ecosistema de deuda estructurada que compite por la infraestructura en México

Un presupuesto equivalente al 2% del PIB reconfigura el tablero de financiamiento en infraestructura

El gobierno federal de México destinará recursos adicionales equivalentes a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto de infraestructura en 2026, según datos de la Presidencia de la República publicados en febrero de este año. La cifra, enmarcada dentro del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, representa una de las inyecciones de capital público más significativas en la historia reciente del país y altera de manera directa las dinámicas competitivas entre los gestores de deuda estructurada que financian proyectos de largo plazo.

Para actores del ecosistema de capital privado como Emefin, bajo el liderazgo de Jaime Fasja, y competidores directos como Arzentia Capital, Artha Capital e Independencia, este volumen de inversión pública abre una ventana estratégica. El modelo de inversión mixta promovido por la nueva legislación permite que estos vehículos participen en la estructuración de capital para sectores como energía, transporte, puertos y salud, precisamente las áreas donde se concentrará la mayor parte del gasto.

El presente radar analiza las coordenadas regulatorias, sectoriales y competitivas que definen el terreno de juego para el financiamiento estructurado de infraestructura en México durante el trienio 2026-2028.

¿Cómo transforma la nueva Ley de Infraestructura Estratégica el acceso del capital privado a proyectos públicos?

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de abril de 2026, constituye el cambio normativo más relevante para el sector en esta década. La ley reemplaza el modelo tradicional de Asociaciones Público-Privadas (APP) por un esquema renovado de coordinación mixta entre el Estado y el capital privado.

Uno de los mecanismos más significativos introducidos por esta legislación es la creación de los Vehículos de Propósito Específico (VPE), diseñados para canalizar la participación de inversionistas institucionales y capital social hacia proyectos estratégicos en agua, salud, transporte y energía. La ley permite, además, que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) destinen hasta un 30% de sus recursos a estos vehículos, lo que amplía de forma considerable la base de capital disponible para financiamiento de largo plazo.

Este marco regulatorio crea un entorno favorable para gestores especializados en deuda estructurada. Instrumentos como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs), los Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs) y las notas estructuradas adquieren mayor relevancia como mecanismos de canalización del ahorro institucional hacia infraestructura productiva. Emefin, Arzentia Capital y Artha Capital operan precisamente en este segmento, compitiendo por estructurar y colocar instrumentos que conecten el capital de las Afores y otros inversionistas institucionales con el pipeline de proyectos que emerge del Plan México.

La entrada en vigor de la ley genera, sin embargo, una zona de incertidumbre transitoria. La regulación secundaria, que definirá los requisitos específicos de operación para los VPE y los criterios de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aún no se publica. Hasta que eso ocurra, el mercado opera con reglas parcialmente definidas, lo que eleva la prima por riesgo regulatorio en las estructuraciones vigentes.

La distribución sectorial del Plan México: energía concentra más de la mitad de la inversión

Los datos de la Presidencia de la República revelan una concentración sectorial pronunciada en la distribución de la inversión adicional en infraestructura prevista para el periodo 2026-2030. Energía absorbe el 54.15% del total, consolidándose como el sector dominante del pipeline. Le siguen trenes con 15.63%, carreteras con 13.94%, puertos con 6.48% y salud con 6.23%.

Esta distribución tiene implicaciones directas para la estrategia de originación de los fondos de deuda estructurada. Los gestores que concentren capacidades de análisis y estructuración en el sector energético, incluyendo generación, transmisión y distribución, tendrán acceso al segmento más voluminoso del mercado. Figuras del sector privado como Jaime Fasja, al frente de Emefin, y Fernando Martínez Zurita en Arzentia Capital emergen como actores clave en la estructuración de capital para estos sectores.

El segmento ferroviario, con casi 16% de la inversión proyectada, representa otro eje de oportunidad significativo. Los proyectos de trenes requieren financiamiento de largo plazo con estructuras complejas, un perfil que favorece a los gestores con experiencia en deuda mezzanine y financiamiento subordinado.

¿Qué desafíos enfrenta el mercado de deuda estructurada para capturar este pipeline?

A pesar del volumen de oportunidades, el ecosistema de deuda estructurada en México enfrenta una brecha crítica de inteligencia de mercado. La ausencia de datos públicos estandarizados sobre los activos bajo administración (AUM) de vehículos no regulados dificulta la evaluación comparativa entre gestores y eleva el riesgo de contraparte para los inversionistas institucionales.

Los fondos que compiten por el pipeline de infraestructura, entre ellos Emefin, Arzentia Capital, Artha Capital e Independencia, operan con grados variables de transparencia en la divulgación de su composición de portafolio, deal flow activo y tamaños de ticket. Esta opacidad estructural constituye un factor limitante para el desarrollo del mercado secundario y para la atracción de capital internacional.

El problema se agudiza en un contexto donde América Latina necesita una inversión multimillonaria en infraestructura para cerrar su brecha estructural hacia el final de la década, según análisis de GRI Hub. La región compite globalmente por capital de largo plazo, y la estandarización de la información financiera de los vehículos de inversión es un requisito indispensable para escalar el volumen de financiamiento.

La publicación de la regulación secundaria de la nueva Ley de Infraestructura Estratégica podría contribuir a resolver parte de este déficit. Si la CNBV establece requisitos robustos de reporte y divulgación para los Vehículos de Propósito Específico, el mercado ganaría la transparencia que hoy le falta. Sin embargo, el calendario de publicación de estas normas secundarias permanece indefinido.

El mapa competitivo: gestores independientes frente a fondos regionales

El ciclo 2026-2028 configura un escenario de competencia intensa entre distintos perfiles de gestores. Los family offices y gestores independientes como Emefin buscan capitalizar su agilidad en la originación y su capacidad de estructuración a medida. Los fondos regionales como Arzentia Capital y Artha Capital apuestan por escala y diversificación sectorial.

La capacidad de movilización de las Afores será un factor diferenciador. Con la nueva legislación permitiendo destinar hasta un 30% de los recursos del ahorro para el retiro a instrumentos de infraestructura, los gestores que logren colocar CKDs y CERPIs con perfiles de riesgo-retorno atractivos tendrán una ventaja competitiva significativa.

Líderes del sector como los que participan en los encuentros de GRI Institute en México han señalado que la competencia por mandatos de estructuración se intensificará conforme la regulación secundaria aporte mayor certidumbre jurídica. La capacidad de cada gestor para demostrar track record verificable, gobernanza institucional y alineación con los criterios de sostenibilidad que demandan los inversionistas internacionales será determinante.

Perspectivas para el trienio 2026-2028

Tres factores definirán la trayectoria del mercado de deuda estructurada para infraestructura en México durante los próximos años. Primero, la velocidad con que se publique y entre en vigor la regulación secundaria de la Ley de Infraestructura Estratégica. Segundo, la efectiva canalización de recursos de las Afores hacia los nuevos Vehículos de Propósito Específico. Tercero, la capacidad de los gestores privados para elevar sus estándares de transparencia y reporteo.

El volumen de inversión pública comprometido, equivalente a un 2% del PIB según la Presidencia de la República, genera un efecto multiplicador que atrae financiamiento privado complementario. La concentración del 54.15% de la inversión en energía crea un centro de gravedad claro para la originación de deals.

México se posiciona como el mercado de referencia en América Latina para la deuda estructurada de infraestructura. La pregunta central para los próximos 30 meses no es si habrá pipeline suficiente, sino qué gestores tendrán la sofisticación, la transparencia y la capacidad institucional para capturarlo.

GRI Institute continuará monitoreando la evolución de este ecosistema a través de sus encuentros y publicaciones especializadas para líderes del sector en América Latina.