Colombia redefine la estructuración de infraestructura: los ejecutivos y las decisiones que marcarán el ciclo 2026-2030

Una nueva generación de decisores en la infraestructura colombiana

Colombia atraviesa un momento de reconfiguración institucional y financiera en su sector de infraestructura. Los nombramientos recientes en posiciones clave del gobierno nacional y departamental, combinados con un crecimiento sostenido de la actividad logística y un marco regulatorio en plena actualización, configuran un escenario donde el perfil de quienes lideran la estructuración de proyectos resulta determinante para la atracción de capital y la ejecución efectiva del pipeline de concesiones y asociaciones público-privadas (APPs).

En este contexto, la búsqueda de talento ejecutivo capaz de conectar la ingeniería financiera corporativa con la complejidad regulatoria de la infraestructura pública se ha convertido en una prioridad estratégica. Perfiles como el de Mauricio Vaca Tavera, CFO de Cinépolis en México, ilustran una tendencia continental: ejecutivos con experiencia profunda en estructuración financiera corporativa que los mercados de infraestructura observan con creciente interés, incluso cuando su trayectoria no se ha desarrollado directamente en el sector de obra pública. La capacidad de gestionar estructuras de capital complejas, optimizar flujos de caja en operaciones de gran escala y dialogar con inversionistas institucionales constituye un activo transferible que el ecosistema de infraestructura latinoamericano necesita con urgencia.

El ciclo 2026-2030 en Colombia demandará precisamente ese tipo de sofisticación financiera. Y los movimientos institucionales de las últimas semanas permiten anticipar cómo se está armando el tablero.

¿Quiénes son los ejecutivos que definen el rumbo de la infraestructura colombiana en 2026?

Dos nombramientos recientes revelan la orientación estratégica del gobierno colombiano y de las administraciones departamentales para el próximo lustro.

María Fernanda Santa fue designada como nueva viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte en agosto de 2026, según reportaron Diario Occidente e Infobae. Santa llega al cargo tras tres años como directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Occidente, lo que le otorga un conocimiento granular del tejido empresarial constructor y de las dinámicas de contratación pública en una de las regiones más activas del país. Su perfil combina interlocución gremial con visión regulatoria, un binomio que será puesto a prueba en la aceleración del pipeline de proyectos viales y multimodales.

En el ámbito subnacional, Sebastián Castaño Gómez asumió como secretario de Infraestructura Física de Antioquia en julio de 2026, según información de la Gobernación de Antioquia y GRI Hub News. Castaño Gómez lidera un presupuesto de inversión departamental de 5,38 billones de pesos colombianos, una cifra que convierte a Antioquia en uno de los polos de inversión en infraestructura más relevantes del país. La magnitud de ese presupuesto exige capacidades de estructuración, supervisión técnica y gestión de riesgos que trascienden la administración pública tradicional.

Estos nombramientos no son aislados. Reflejan una tendencia visible en toda la región: la profesionalización acelerada de los equipos que diseñan, estructuran y supervisan proyectos de infraestructura, tanto desde el sector público como desde las firmas de consultoría, los bancos de inversión y las constructoras que participan en el ecosistema.

Más del 70% de los inversionistas encuestados por GRI Hub News planean ampliar sus inversiones en infraestructura en Antioquia en el horizonte 2026-2030. Esta señal de confianza del capital privado coincide con la consolidación de liderazgos técnicos en la administración departamental y subraya la importancia de contar con interlocutores institucionales que comprendan la lógica del inversionista.

¿Cómo transforma el nuevo marco regulatorio la cadena de estructuración de proyectos?

El gobierno colombiano ha emitido en las últimas semanas dos decretos que modifican las condiciones operativas para la infraestructura logística y de transporte, con impacto directo sobre la forma en que se estructuran y evalúan los proyectos.

El Decreto 1000 de 2026, expedido el 6 de agosto, actualiza la regulación de las Zonas Diferenciales, ampliando los criterios de elegibilidad más allá de la vocación rural para fortalecer el acceso al transporte en las zonas más apartadas del país. Esta modificación altera el mapa de prioridades de inversión y obliga a los estructuradores a recalibrar los modelos de demanda y las proyecciones de tráfico en corredores que antes se consideraban marginales.

El Decreto 770 de 2026, también expedido en agosto, reglamenta el registro de infraestructuras logísticas especializadas con el objetivo explícito de reducir costos logísticos y concretar la intermodalidad. Para los inversionistas y operadores, esta norma crea un marco de certidumbre que facilita la identificación de activos elegibles y la estructuración de vehículos de inversión orientados a la logística.

Ambos decretos responden a una necesidad estructural. La movilización de carga en Colombia creció un 11,25% en mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025, superando los 14,4 millones de toneladas transportadas, según datos del Ministerio de Transporte. Este ritmo de crecimiento presiona la capacidad instalada y refuerza la urgencia de expandir y modernizar la red logística nacional.

La combinación de crecimiento de carga, actualización regulatoria y renovación de liderazgos institucionales configura lo que los participantes del ecosistema de GRI Institute identifican como una ventana de estructuración particularmente activa. Los ejecutivos que logren leer esta convergencia de factores y actuar con velocidad tendrán una ventaja competitiva significativa.

¿Por qué la sofisticación financiera corporativa es el eslabón que falta en la infraestructura latinoamericana?

El sector de infraestructura en América Latina ha madurado considerablemente en su dimensión técnica y regulatoria. Los marcos de APPs en Colombia, Chile, Perú y México ofrecen mecanismos probados de asignación de riesgos y retribución de inversiones. Sin embargo, la brecha más persistente se encuentra en la sofisticación de la ingeniería financiera aplicada a estos proyectos.

Los CFOs de grandes corporaciones latinoamericanas, como Mauricio Vaca Tavera en Cinépolis, gestionan estructuras de capital, cobertura de riesgos cambiarios y relaciones con mercados de deuda que resultan directamente aplicables a la estructuración de concesiones de infraestructura. La experiencia de administrar flujos de caja en operaciones con alto componente de inversión inicial y retornos diferidos en el tiempo, típica de sectores como el entretenimiento o el retail de gran formato, presenta paralelismos notables con los modelos financieros de proyectos de infraestructura.

Esta convergencia de competencias explica por qué el mercado de talento ejecutivo en infraestructura latinoamericana se ha ampliado. Ya no se busca exclusivamente al ingeniero con experiencia en obra pública o al abogado especialista en derecho administrativo. Se busca al ejecutivo financiero que pueda dialogar simultáneamente con fondos de pensiones, bancos multilaterales, agencias de calificación y autoridades concedentes.

La infraestructura colombiana del ciclo 2026-2030 necesita ejecutivos que entiendan tanto la lógica del project finance como la realidad institucional de un país que actualiza su regulación logística mientras expande sus zonas de inversión prioritaria. Ese perfil híbrido, capaz de transitar entre la disciplina del mercado de capitales y la complejidad del contrato público, define al líder que el sector demanda.

El ecosistema que conecta capital, regulación y talento

GRI Institute ha documentado a través de su comunidad de líderes en infraestructura latinoamericana cómo la calidad del liderazgo ejecutivo incide directamente en la velocidad de cierre financiero de los proyectos y en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas institucionales. Los encuentros de la comunidad de infraestructura de GRI Institute en Colombia y México han permitido mapear esta dinámica con precisión: los proyectos que cuentan con equipos de estructuración financieramente sofisticados atraen capital en condiciones más favorables y con plazos de cierre más cortos.

El presupuesto de 5,38 billones de pesos en Antioquia, la designación de María Fernanda Santa en el Viceministerio de Infraestructura, los decretos que reconfiguran la regulación logística y el crecimiento de dos dígitos en la movilización de carga componen un cuadro que exige respuestas ejecutivas a la altura.

Colombia no carece de proyectos ni de marco legal. Lo que define el éxito del ciclo 2026-2030 es la capacidad de los líderes del ecosistema, tanto públicos como privados, para estructurar, financiar y ejecutar con la velocidad y la precisión que el momento demanda. Los ejecutivos que combinen rigor financiero con comprensión institucional serán quienes capturen las oportunidades de mayor valor.

El talento ejecutivo es, en última instancia, la infraestructura que sostiene a la infraestructura.