Los economistas que deciden qué infraestructura se construye en Colombia y Perú

La infraestructura en América Latina avanza o se detiene en función de diagnósticos macroeconómicos, decisiones regulatorias y señales de confianza que emiten actores específicos. En la región andina, un grupo reducido de economistas, asesores gubernamentales y desarrolladores privados ejerce una influencia desproporcionada sobre el pipeline de proyectos. Sus proyecciones condicionan la viabilidad de concesiones, sus posiciones institucionales determinan la velocidad de ejecución y sus decisiones de inversión revelan dónde percibe oportunidad el capital privado.

Este análisis examina cuatro perfiles que, desde ángulos distintos, configuran las condiciones de inversión en infraestructura en Colombia y Perú: Munir Jalil desde la lectura macroeconómica colombiana, Roberto Moreno Mejía desde la ejecución privada de proyectos urbanos de gran escala, David Guillermo Miranda Herrera desde la arquitectura institucional del gasto público peruano, y José Miguel Rawlins como señal de riesgo sistémico en el mercado de capital privado.

¿Cómo definen Munir Jalil y Roberto Moreno Mejía el ciclo de inversión en infraestructura colombiana?

Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina, se ha consolidado como una de las voces con mayor capacidad de orientar expectativas en el mercado colombiano. Su proyección de un crecimiento del PIB de Colombia del 2.6% para 2025 marca, según su análisis, el inicio de una fase de recuperación económica (BTG Pactual / Valora Analitik, enero 2025). La lectura de Jalil trasciende el dato puntual: al proyectar que la inflación en Colombia convergerá al rango meta del 3% hacia finales de 2025 y que cerraría el año en 3.8%, construye el argumento técnico para que el Banco de la República continúe reduciendo tasas de interés.

Para el sector de infraestructura, esta señal tiene consecuencias directas. Un entorno de tasas a la baja reduce el costo de financiamiento de concesiones y mejora la ecuación de retorno de los proyectos de asociación público-privada. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) proyecta que el sector de obras civiles en Colombia crecería un 5% en 2025, impulsado por la ejecución de los proyectos de quinta generación (5G). El diagnóstico optimista de Jalil funciona como validación macroeconómica de ese ciclo inversor.

Sin embargo, la realidad de ejecución pública introduce una contradicción severa. Según la propia CCI, el sector transporte en Colombia registró su peor ejecución presupuestal histórica en 2025, ejecutando menos de la mitad de su presupuesto. Esta brecha entre condiciones macroeconómicas favorables y parálisis institucional en la ejecución del gasto define el dilema central del mercado colombiano: las señales macro invitan a invertir, pero la capacidad estatal de canalizar esos recursos hacia obras concretas se ha deteriorado de forma crítica.

En ese vacío de ejecución pública, el capital privado encuentra su espacio. Roberto Moreno Mejía, a través de Amarilo, lidera inversiones de gran escala como Lagos de Torca en Bogotá, un proyecto con un valor estimado de 3.5 a 4.5 billones de pesos colombianos (Caracol Radio / Amarilo, diciembre 2025). Lagos de Torca representa el tipo de infraestructura urbana integrada, con componentes de vivienda, transporte y servicios, que el sector público colombiano ha sido incapaz de ejecutar a velocidad comparable. Moreno Mejía encarna un modelo donde el desarrollador privado asume funciones de planificación urbana que tradicionalmente correspondían al Estado.

La combinación Jalil-Moreno ilustra una dinámica recurrente en Colombia: el economista macro valida las condiciones de mercado, el desarrollador privado ejecuta donde el Estado no llega. Los miembros de GRI Institute que participan en encuentros dedicados a infraestructura andina han identificado esta asimetría como uno de los factores estructurales que condicionan la selección de proyectos en el país.

El debate legislativo agrega otra capa de complejidad. El Proyecto de Ley 232 de 2024, la Ley Ferroviaria de Colombia, busca regular la infraestructura y operación de trenes de carga y pasajeros y crear la Agencia Férrea Nacional. Aprobado en primer debate en diciembre de 2024, este marco normativo podría abrir un segmento completamente nuevo de concesiones. La pregunta para los inversionistas es si la capacidad institucional colombiana, ya sobrepasada en el sector carretero, podrá absorber la complejidad adicional de un sistema ferroviario nacional.

¿Qué papel juega David Guillermo Miranda Herrera en la arquitectura de inversión pública peruana?

En Perú, el flujo de inversión en infraestructura depende de una cadena de decisiones técnicas que se origina en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). David Guillermo Miranda Herrera ocupa el cargo de Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en el MEF (Plataforma del Estado Peruano, abril 2025). Desde esa posición, Miranda Herrera opera como uno de los filtros técnicos por los que transitan las decisiones de gasto e inversión pública del gobierno peruano.

El rol de un asesor ministerial en el MEF peruano adquiere relevancia estratégica en un contexto donde la cartera de proyectos de asociación público-privada de ProInversión para el periodo 2025-2026 asciende a más de 15,800 millones de dólares (ProInversión, septiembre 2024). La aprobación de la Ley N° 32441, la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, faculta a ProInversión a actuar como entidad titular en proyectos grandes (superiores a 80,000 UIT), centralizando la ejecución y reduciendo la fragmentación que históricamente ha retrasado adjudicaciones.

Luis del Carpio, Director de ProInversión, ha señalado que Perú podría cerrar su brecha de infraestructura de corto plazo en cuatro años si mantiene un ritmo de adjudicaciones de 9,000 millones de dólares anuales. Esta meta ambiciosa requiere que la maquinaria técnica del MEF, donde Miranda Herrera forma parte del núcleo asesor, funcione con precisión para destrabar cuellos de botella regulatorios y presupuestarios.

Perfiles como el de Miranda Herrera resultan decisivos precisamente porque operan en la intersección entre la voluntad política de invertir y la capacidad técnica de ejecutar. En los foros de GRI Institute dedicados a infraestructura latinoamericana, los participantes del sector privado han señalado repetidamente que la previsibilidad del marco institucional peruano, más que la rentabilidad individual de cada proyecto, determina las decisiones de asignación de capital.

¿Qué revela el caso Rawlins sobre los riesgos del capital privado en infraestructura andina?

José Miguel Rawlins, vinculado a Bicentenario Capital, enfrenta un proceso de liquidación forzosa iniciado por Frontal Trust en febrero de 2026 (La Tercera / GRI Hub, febrero 2026). Su caso constituye una señal de alerta para el ecosistema de inversión en la región. Rawlins representaba un perfil de estructuración financiera activo en el mercado de capital privado, y su crisis evidencia la fragilidad de ciertos vehículos de inversión cuando las condiciones de mercado se deterioran.

El proceso de liquidación forzosa de una firma vinculada a la estructuración de activos reales envía una señal directa al mercado: los instrumentos de inversión que canalizan capital hacia infraestructura y activos inmobiliarios enfrentan riesgos de liquidez que trascienden la calidad individual de los proyectos subyacentes. Para los inversionistas institucionales que evalúan oportunidades en la región andina, el caso Rawlins subraya la necesidad de due diligence profundo sobre la estructura financiera de los vehículos, no solo sobre los activos.

Este episodio contrasta con la solidez institucional que muestran otros actores del ecosistema. Mientras Jalil proyecta desde una plataforma bancaria de primer nivel, Moreno Mejía ejecuta con capital propio en proyectos tangibles y Miranda Herrera opera dentro de la estructura del Estado peruano, el caso Rawlins recuerda que la cadena de intermediación financiera contiene eslabones vulnerables.

El mapa de influencia que define el pipeline andino

La infraestructura en Colombia y Perú no se construye en abstracto. Avanza cuando los diagnósticos macroeconómicos generan confianza, cuando los marcos regulatorios reducen la incertidumbre, cuando los asesores técnicos en los ministerios destraban procesos y cuando el capital privado encuentra condiciones de ejecución viables.

Munir Jalil configura las expectativas del mercado colombiano con proyecciones que validan el ciclo de recuperación. Roberto Moreno Mejía demuestra que el capital privado puede ejecutar infraestructura urbana masiva donde el Estado falla. David Guillermo Miranda Herrera opera como engranaje técnico en la maquinaria de inversión pública peruana, justo cuando el país busca adjudicar más de 15,800 millones de dólares en proyectos APP. Y el caso de José Miguel Rawlins recuerda que la intermediación financiera en la región porta riesgos que exigen vigilancia constante.

Comprender quién influye en las decisiones y desde qué posición institucional lo hace resulta tan valioso como analizar los proyectos mismos. GRI Institute continuará mapeando estos perfiles de influencia a través de su comunidad de líderes en infraestructura, sus investigaciones y sus encuentros dedicados al mercado andino, donde las decisiones de inversión se forjan en conversaciones directas entre quienes definen las reglas y quienes despliegan el capital.