Jaime Chico Pardo, Rafael Cervantes de la Teja y la lógica patriarcal que aún gobierna las concesiones en México

La persistencia de un modelo de poder concentrado

La infraestructura mexicana se construye sobre relaciones de poder que preceden a cualquier marco regulatorio. Antes de que un proyecto carretero reciba aprobación, antes de que un vehículo de propósito específico (VPE) canalice recursos de las Afores, existe una arquitectura de decisión donde figuras patriarcales, tanto en el ámbito corporativo como en el gubernamental, determinan qué se construye, quién participa y bajo qué condiciones.

Jaime Chico Pardo representa el arquetipo del operador corporativo cuya influencia trasciende los organigramas formales. Su trayectoria en el ecosistema de concesiones mexicanas ilustra un modelo donde el capital relacional pesa tanto como el capital financiero. Rafael Cervantes de la Teja, Director General de Desarrollo Carretero en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encarna la contraparte gubernamental de esa lógica: según reportes de El Heraldo de México, ha sido señalado por detener reequilibrios económicos y frenar inversiones mixtas carreteras, funcionando como un gatekeeper institucional cuyas decisiones definen el ritmo de ejecución del portafolio carretero nacional.

Este modelo de gobernanza, donde la autoridad se concentra en figuras individuales con capacidad de veto sobre procesos técnicos, constituye un rasgo estructural del sector. Para los inversionistas institucionales que analizan la infraestructura mexicana, comprender esta dinámica resulta tan relevante como evaluar las tasas internas de retorno de los proyectos.

¿Por qué persiste el modelo patriarcal frente a la profesionalización del sector?

La respuesta reside en la naturaleza misma de las concesiones de infraestructura en México: son activos de largo plazo cuya rentabilidad depende de decisiones administrativas recurrentes. Cada reequilibrio económico, cada extensión de plazo, cada autorización de inversión adicional requiere la aprobación de funcionarios específicos. Cuando esa aprobación se concentra en una sola persona, como ocurre con Rafael Cervantes de la Teja en el caso de las carreteras, el sistema genera incentivos para que los concesionarios cultiven relaciones personales antes que capacidades institucionales.

El resultado es un ecosistema donde la profesionalización avanza en las capas técnicas y financieras, pero las decisiones estratégicas siguen fluyendo por canales informales. Los conglomerados familiares que obtuvieron las primeras concesiones en las décadas de 1990 y 2000 consolidaron ventajas que se reproducen generación tras generación: conocimiento regulatorio acumulado, redes de contacto con funcionarios clave y posiciones dominantes en corredores estratégicos.

Esta concentración de poder tiene consecuencias medibles. Cuando un funcionario frena reequilibrios económicos, como se ha documentado en la SICT, no solo afecta la rentabilidad de proyectos individuales, sino que distorsiona las señales de mercado para todo el sector. Los inversionistas institucionales, las Afores y los bancos de desarrollo perciben un riesgo de gobernanza que eleva el costo de capital para la infraestructura mexicana en su conjunto.

La tensión entre este modelo y las exigencias de transparencia del capital institucional contemporáneo define uno de los debates más relevantes en el sector. Como han señalado participantes en encuentros de GRI Institute dedicados a infraestructura latinoamericana, la gobernanza de los activos concesionados representa un factor determinante para la asignación de capital de largo plazo en la región.

¿Qué sucesión generacional está en marcha y cuáles son sus implicaciones para el capital institucional?

Frente al modelo patriarcal consolidado, una nueva generación de actores plantea una lógica diferente. Eudelio Garza Mercado, CEO de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), ha comprometido inversiones para megaproyectos de infraestructura urbana y usos mixtos en Nuevo León, según reportes de SiiLA e Industry & Energy Magazine. Su enfoque, centrado en el desarrollo regional y la integración de usos, representa una sofisticación respecto al modelo tradicional de concesión pura.

Felipe García Ascencio, CEO de Santander México, anunció que el banco está listo para fondear dos proyectos carreteros por 2 mil millones de dólares bajo el nuevo esquema de infraestructura, de acuerdo con información de La Silla Rota. Este dato revela que el capital bancario ya se posiciona para operar bajo las nuevas reglas, donde los VPEs y la participación de las Afores reconfiguran la estructura de financiamiento.

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de marzo de 2026 y turnada al Senado, formaliza esta transición. La legislación permite elevar hasta un 30% el límite de recursos de las Afores destinados a infraestructura y establece la creación de Vehículos de Propósito Específico para canalizar ahorro institucional sin generar deuda pública directa. La Reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada en la misma fecha, complementa este marco al facilitar la ejecución de proyectos mixtos con disciplina fiscal.

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, presentado por el Gobierno de México en febrero de 2026, proyecta una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos. Según datos del Gobierno de México y del IMCO, la distribución contempla 54.15% para el sector energético, 15.63% para trenes, 13.94% para carreteras y 6.48% para puertos. El plan destinará recursos adicionales equivalentes al 2% del PIB para sectores estratégicos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el primer paquete de proyectos bajo la nueva ley, el 54% corresponderá a recursos públicos y el 46% a capital privado, según datos de la Cámara de Diputados. Esta proporción indica que el gobierno reconoce la necesidad del capital privado pero mantiene la vocación de control estatal sobre la dirección estratégica de la inversión.

La gobernanza real como variable de inversión

Para los inversionistas institucionales que evalúan la infraestructura mexicana, el marco legal representa solo una capa de análisis. La gobernanza real de los activos, es decir, quién toma las decisiones operativas y bajo qué lógica, constituye una variable igual de determinante.

El contraste entre la generación patriarcal y los nuevos estructuradores no es meramente generacional. Refleja dos modelos de creación de valor en infraestructura. El primero se apoya en relaciones personales con funcionarios clave, conocimiento regulatorio opaco y posiciones de mercado heredadas. El segundo busca legitimidad a través de estructuras financieras transparentes, gobernanza corporativa alineada con estándares institucionales y diversificación de fuentes de capital.

La coexistencia de ambos modelos genera una dualidad que los analistas del sector deben incorporar en sus evaluaciones de riesgo. Un activo concesionado cuya rentabilidad depende de la voluntad de un funcionario específico presenta un perfil de riesgo fundamentalmente diferente al de un proyecto estructurado bajo un VPE con gobernanza institucional y supervisión de múltiples inversionistas.

La infraestructura mexicana no se transformará solo con nuevas leyes; requiere una evolución en la cultura de gobernanza de quienes controlan los activos y las decisiones regulatorias. Este es, quizá, el desafío más complejo que enfrenta el sector en el ciclo 2026-2030.

¿Cómo deben leer los inversionistas la transición de poder en infraestructura mexicana?

La respuesta exige distinguir entre tres planos simultáneos. En el plano regulatorio, la nueva Ley de Infraestructura y la reforma a la LFPRH crean condiciones formales para una participación privada más estructurada. En el plano financiero, actores como Felipe García Ascencio en Santander y los gestores de Afores cuentan con instrumentos para canalizar capital institucional hacia infraestructura. En el plano de gobernanza, figuras como Rafael Cervantes de la Teja en la SICT mantienen capacidad de influencia sobre la velocidad y dirección de la inversión.

La capacidad del sector para absorber 5.6 billones de pesos en cinco años dependerá menos de la disponibilidad de capital y más de la calidad de gobernanza en cada eslabón de la cadena de decisión. Los inversionistas que comprendan la estructura de poder real, más allá de los marcos legales, tendrán una ventaja analítica significativa.

Desde GRI Institute, el seguimiento de esta dinámica forma parte del análisis continuo sobre gobernanza y estructuración de infraestructura en América Latina. Las investigaciones y encuentros del Instituto abordan precisamente esta intersección entre marcos regulatorios, estructuras de capital y liderazgo sectorial, ofreciendo a sus miembros una perspectiva que integra lo técnico con lo institucional.

La pregunta para el próximo lustro no es si habrá capital disponible para la infraestructura mexicana, sino si la gobernanza del sector evolucionará al ritmo que exigen los nuevos instrumentos financieros y la escala de inversión proyectada. La respuesta definirá no solo la rentabilidad de los proyectos, sino la credibilidad de México como destino de inversión institucional en infraestructura a largo plazo.