Chile necesita una nueva generación de estructuradores para capitalizar su pipeline de concesiones

El ciclo de concesiones más ambicioso de Chile exige nuevos liderazgos

Chile se encuentra ante una inflexión histórica en su modelo de concesiones. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó una cartera que incluye 15 proyectos estratégicos para el período 2025-2026, según datos de InvestChile. Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Obras Públicas ha delineado el objetivo de cuadruplicar el ritmo de inversión anual en obras concesionadas a partir de 2026, de acuerdo con declaraciones del subsecretario Nicolás Balmaceda recogidas por Ex-Ante. La nueva administración gubernamental ha trazado además una agenda de infraestructura prioritaria para el período presidencial 2026-2030, según BNamericas.

Esta convergencia de ambición política y pipeline concreto plantea una pregunta que trasciende los números: ¿cuenta Chile con la masa crítica de ejecutivos capaces de estructurar, financiar y ejecutar concesiones a la escala que el país requiere?

La respuesta no es evidente. El ecosistema chileno de infraestructura ha construido su reputación sobre una generación de profesionales que dominaron la ingeniería financiera de las concesiones desde los años noventa. Pero el nuevo ciclo incorpora complejidades que esa generación no enfrentó en su momento: la integración de criterios ESG en las bases de licitación, la convergencia entre infraestructura tradicional y digital, la presión social sobre la gobernanza de activos públicos concesionados y la expansión del modelo hacia sectores antes no contemplados, como la infraestructura hídrica.

La aprobación de la Ley de Desalinización, actualmente en fase de implementación reglamentaria, ilustra esta ampliación del perímetro concesional. El gobierno busca finalizar su reglamento de aplicación y extender el alcance del sistema de concesiones a nuevos tipos de infraestructura hídrica. Este movimiento regulatorio demanda perfiles ejecutivos con capacidad para operar en la intersección entre ingeniería, finanzas estructuradas y regulación sectorial, una combinación que no abunda en el mercado.

¿Qué perfil de ejecutivo necesita el nuevo ciclo concesional chileno?

El modelo chileno de concesiones, pionero en América Latina, se construyó sobre una arquitectura institucional robusta que separó con claridad los roles del Estado como regulador y del sector privado como operador e inversor. Los ejecutivos que lideraron ese proceso tenían formación predominantemente financiera o legal, y su mérito principal fue traducir el riesgo de proyectos greenfield en estructuras bancables.

El ciclo que se abre a partir de 2026 exige competencias adicionales. La estructuración de concesiones modernas requiere integrar variables climáticas en los modelos de riesgo, negociar con comunidades que ejercen presión legítima sobre la gobernanza de activos, articular esquemas de financiamiento que combinen deuda bancaria con mercados de capitales e instrumentos verdes, y manejar marcos regulatorios en constante evolución.

Este perfil híbrido, capaz de conectar la gobernanza pública con el capital privado, define a la generación de ejecutivos que Chile necesita formar y retener. Los miembros de GRI Institute que participan en los encuentros de infraestructura andina han señalado recurrentemente esta brecha de talento como uno de los principales cuellos de botella para la materialización efectiva de los pipelines anunciados por los gobiernos de la región.

El desafío es particularmente agudo en Chile porque el país compite por talento ejecutivo con mercados que ofrecen oportunidades igualmente atractivas. Los estructuradores chilenos de alto nivel son demandados en Colombia, Perú y México, donde los programas de asociaciones público-privadas también se están expandiendo. La capacidad de retención de este capital humano determinará en buena medida si el objetivo de cuadruplicar la inversión concesional es viable o permanece como aspiración.

¿Cómo se reconfigura el mapa de capital privado chileno hacia la infraestructura?

Paralelamente al fortalecimiento del pipeline estatal, el capital privado chileno está reconfigurando sus estrategias de asignación hacia activos de infraestructura y sectores adyacentes. Inversiones Marchigue Limitada, vehículo ligado a la familia Izquierdo Etchebarne, participa en 20 fondos inmobiliarios y de infraestructura y mantiene una participación significativa en Puerto Ventanas, según registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y medios financieros especializados. Este tipo de plataforma familiar, con exposición simultánea a fondos de infraestructura y activos operacionales, representa un modelo de capital paciente que resulta particularmente funcional para el largo plazo que demandan las concesiones.

En el sector inmobiliario, que mantiene vasos comunicantes crecientes con la infraestructura urbana, Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, lidera la expansión de la compañía hacia el segmento multifamily en Chile, incluyendo inversiones emblemáticas como Parque Arauco Kennedy, según información corporativa de la compañía correspondiente a 2024. Aunque Parque Arauco opera en el sector de renta inmobiliaria y no en concesiones de obra pública, la migración de capitales inmobiliarios hacia activos de infraestructura con flujos predecibles es una tendencia que se observa con creciente frecuencia en la región andina.

La convergencia entre capital inmobiliario y de infraestructura genera oportunidades de coinversión que no existían hace una década. Los fondos de infraestructura chilenos, alimentados por capital institucional doméstico y por vehículos como Inversiones Marchigue, están construyendo portafolios diversificados que incluyen desde concesiones viales hasta activos portuarios y energéticos. Esta diversificación del capital local constituye una ventaja competitiva para Chile frente a otros mercados andinos donde la dependencia de financiamiento internacional es mayor.

La frontera regulatoria como campo de diferenciación

El nuevo ciclo concesional chileno no se define solo por el volumen de inversión proyectado, sino por la sofisticación regulatoria que lo acompaña. La Ley de Desalinización representa un caso paradigmático: al extender el modelo de concesiones hacia la infraestructura hídrica, Chile establece un precedente que otros países de la región observan con atención.

La implementación reglamentaria de esta ley determinará si el país logra atraer capital especializado en agua y saneamiento, un segmento donde la experiencia concesional latinoamericana es limitada. Los ejecutivos que logren estructurar las primeras concesiones de desalinización bajo este marco estarán definiendo estándares para toda la región andina.

Esta frontera regulatoria crea un espacio de diferenciación competitiva para los estructuradores chilenos. Mientras los mercados más maduros de Europa y Asia Pacífico ya han desarrollado marcos robustos para concesiones hídricas, América Latina se encuentra en las etapas iniciales. Chile tiene la oportunidad de exportar conocimiento concesional hídrico, del mismo modo que exportó su modelo general de concesiones viales en las décadas anteriores.

¿Puede Chile mantener su liderazgo concesional en la región andina?

La respuesta depende de tres factores que operan de manera simultánea. Primero, la capacidad del Estado de ejecutar los 15 proyectos de la cartera 2025-2026 dentro de plazos razonables, demostrando que la ambición de cuadruplicar la inversión es operativamente viable. Segundo, la disponibilidad de capital paciente doméstico, representado por vehículos como Inversiones Marchigue y los fondos de pensiones chilenos, que otorguen profundidad financiera al pipeline. Tercero, y quizás más determinante, la formación y retención de una generación de ejecutivos capaces de operar en la complejidad del nuevo entorno concesional.

Chile mantiene ventajas estructurales significativas: un marco institucional maduro, un historial de concesiones exitosas que reduce la percepción de riesgo y un ecosistema de capital local sofisticado. Pero estas ventajas no son permanentes. Colombia está acelerando su programa de concesiones 5G, Perú busca destrabar proyectos represados y México expande su agenda de infraestructura con mecanismos renovados de participación privada.

La competencia regional por capital y talento ejecutivo se intensificará en los próximos años. Los debates que se generan en los encuentros de GRI Institute sobre infraestructura latinoamericana reflejan esta tensión: los líderes del sector reconocen que el cuello de botella ya no es la disponibilidad de capital ni la voluntad política, sino la capacidad de estructuración y ejecución.

El próximo ciclo de concesiones chileno será un test definitivo. Si el país logra materializar su agenda ambiciosa, consolidará su posición como referente concesional del continente. Si la brecha de talento ejecutivo y la lentitud regulatoria ralentizan la ejecución, otros mercados andinos capturarán una proporción creciente del capital de infraestructura disponible en la región.

La generación de estructuradores que emerja de este ciclo no solo definirá el futuro de la infraestructura chilena, sino que establecerá el estándar de profesionalización para toda América Latina.