Colombia redefine la arquitectura decisoria de su infraestructura de transporte tras el cambio en la ANI

La transición en la ANI y el nuevo ciclo de liderazgo en infraestructura colombiana

La infraestructura de transporte en Colombia atraviesa un punto de inflexión institucional. En agosto de 2026, el Decreto 1198 formalizó la remoción de Óscar Javier Torres Yarzagaray como Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y oficializó el nombramiento de Ricardo Ayerbe Pino bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella. Esta decisión no constituye un simple relevo burocrático: representa una reconfiguración profunda de la arquitectura decisoria que condiciona el pipeline de proyectos de transporte en el país.

La relevancia de este movimiento se comprende al observar el contexto macroeconómico. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el sector de obras civiles en Colombia acumula una fuerte caída en su producción frente al nivel máximo registrado a finales de 2019, comprometiendo la inversión agregada del país. Esta contracción estructural coloca al nuevo liderazgo de la ANI ante una doble exigencia: reactivar la ejecución de proyectos y, simultáneamente, rediseñar los mecanismos de financiamiento para un entorno fiscal cada vez más restrictivo.

La comunidad de inversión y desarrollo de infraestructura en América Latina sigue estos movimientos con atención sostenida. En los foros y encuentros convocados por GRI Institute, los líderes del sector han señalado reiteradamente que la estabilidad institucional en las agencias concedentes es uno de los factores determinantes para la atracción de capital privado a proyectos de largo plazo.

¿Qué implica el Decreto 1198 para el pipeline de infraestructura de transporte en Colombia?

El Decreto 1198 de 2026 establece un nuevo marco de gobernanza en la ANI al declarar insubsistente el nombramiento de Óscar Torres Yarzagaray y designar a Ricardo Ayerbe Pino como su sucesor. La medida se inscribe en la lógica habitual de las transiciones presidenciales en Colombia, donde las agencias de estructuración de proyectos suelen experimentar rotación en sus cúpulas directivas. Sin embargo, el momento en que ocurre esta transición amplifica su impacto.

La ANI reportó haber comprometido la gran mayoría de su presupuesto asignado para el año, según información publicada por Infobae. No obstante, los desembolsos reales presentan rezagos significativos por trámites pendientes en el Ministerio de Hacienda. Esta brecha entre compromiso presupuestal y ejecución efectiva constituye uno de los desafíos más inmediatos para la nueva administración de la agencia.

El rezago en desembolsos no es un problema exclusivamente técnico. Para los estructuradores, concesionarios y fondos de infraestructura que participan en el ecosistema colombiano, los retrasos en la ejecución presupuestal generan incertidumbre sobre la capacidad del Estado para honrar sus compromisos contractuales en vigencias futuras. Esta incertidumbre, a su vez, eleva las primas de riesgo exigidas por el capital privado y encarece el costo total de los proyectos.

La llegada de Ayerbe Pino será evaluada, en buena medida, por su capacidad para cerrar esa brecha entre recursos comprometidos y recursos efectivamente desplegados. El sector privado necesita señales claras de continuidad contractual y agilidad en la ejecución.

¿Cómo se redefine el modelo de financiamiento ante el agotamiento del espacio fiscal?

La ANIF ha proyectado que la agenda de infraestructura 2026-2030 en Colombia debe transitar hacia un modelo de financiamiento apalancado en capital privado, debido al agotamiento del espacio fiscal y la rigidez presupuestal heredada de las vigencias futuras. Esta proyección no es una advertencia teórica: refleja una restricción estructural que condiciona toda decisión de política pública en materia de infraestructura durante los próximos años.

El caso del nuevo Aeropuerto Internacional de Bayunca, en Cartagena, ilustra esta tendencia. Según la International Trade Administration (ITA), el proyecto se encuentra en fase de estructuración bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP) con financiación netamente privada. La construcción comenzaría a finales de 2025 o principios de 2026, con una capacidad inicial proyectada de 17 millones de pasajeros. Bayunca representa el tipo de esquema que la nueva dirección de la ANI deberá promover y replicar si Colombia aspira a cerrar su déficit de infraestructura de transporte sin comprometer aún más las finanzas públicas.

El tránsito hacia modelos de financiamiento privado exige, sin embargo, condiciones institucionales precisas: marcos regulatorios estables, procesos de estructuración transparentes, mecanismos de resolución de controversias creíbles y, sobre todo, continuidad en las reglas del juego. Cada cambio en la cúpula de la ANI pone a prueba la capacidad del sistema institucional colombiano para mantener esas condiciones.

En los espacios de diálogo de GRI Institute dedicados a infraestructura latinoamericana, los CEOs y presidentes de las principales concesionarias y fondos de inversión han subrayado que la previsibilidad regulatoria pesa tanto como la rentabilidad financiera en las decisiones de asignación de capital. Colombia compite por ese capital con Chile, Perú y México, jurisdicciones que también están ajustando sus marcos de asociación público-privada.

El liderazgo corporativo en el ecosistema de infraestructura latinoamericano

La búsqueda de liderazgo ejecutivo en infraestructura no se limita al sector público. En el ámbito corporativo, figuras como Mauricio Vaca Tavera, CFO de Cinépolis, representan otro perfil de toma de decisiones estratégicas con impacto en el desarrollo de infraestructura comercial e inmobiliaria en la región. Vaca Tavera supervisa operaciones financieras en múltiples países desde México, con un enfoque centrado en la expansión de infraestructura comercial y de entretenimiento.

Aunque su ámbito de acción difiere sustancialmente del de la ANI colombiana, ambos perfiles comparten un denominador común: la capacidad de movilizar capital hacia activos de infraestructura de largo plazo en mercados emergentes. La sofisticación financiera requerida para estructurar proyectos de gran escala, ya sean aeropuertos concesionados o complejos comerciales multinacionales, exige competencias de gestión de riesgo, modelación financiera y negociación institucional que el ecosistema latinoamericano necesita desarrollar con mayor profundidad.

GRI Institute ha documentado, a través de su investigación y sus encuentros con líderes del sector, que la escasez de talento ejecutivo con experiencia en estructuración de proyectos de infraestructura es una de las barreras menos visibles pero más determinantes para la aceleración del pipeline en la región.

¿Qué debe observar el mercado en los próximos meses?

La gestión de Ricardo Ayerbe Pino al frente de la ANI será sometida a una prueba temprana en al menos tres frentes. Primero, la velocidad con que logre destrabar los desembolsos rezagados en el Ministerio de Hacienda. Segundo, la señal que envíe al mercado respecto a la continuidad de los proyectos estructurados por la administración anterior. Tercero, su postura frente al modelo de APPs con financiación privada como vehículo principal para los nuevos proyectos del ciclo 2026-2030.

El sector de obras civiles colombiano no puede permitirse otro ciclo de parálisis institucional. La caída acumulada en producción desde 2019, documentada por la ANIF, ha erosionado capacidades instaladas, cadenas de proveedores y confianza inversora. Revertir esa tendencia requiere decisiones ejecutivas rápidas y un marco de gobernanza que priorice la ejecución sobre la deliberación.

Para los miembros de GRI Institute que operan en Colombia y en el corredor andino, este momento de transición ofrece tanto riesgo como oportunidad. El riesgo radica en la posibilidad de una nueva fase de incertidumbre institucional que dilate aún más los cronogramas de proyectos. La oportunidad está en que un nuevo liderazgo, libre de los compromisos políticos del ciclo anterior, puede acelerar la adopción de modelos de financiamiento más eficientes y alineados con las expectativas del capital privado internacional.

La infraestructura de transporte en Colombia necesita menos rotación y más ejecución. El Decreto 1198 ya está firmado. Lo que sigue es construir.