Chile como plataforma de inversión andina: la generación de ejecutivos que reconfigura el capital institucional en 2026

Chile ya no compite solo por proyectos: compite por definir el estándar de gobernanza en infraestructura latinoamericana

Durante décadas, Chile construyó su reputación como el mercado más predecible de América Latina para la inversión en infraestructura. Contratos de concesión respetados, institucionalidad estable y un Ministerio de Obras Públicas (MOP) con capacidad técnica reconocida configuraron un ecosistema que atrajo capital institucional de largo plazo. En 2026, ese modelo atraviesa una fase de transformación que va más allá del volumen de inversión pública: Chile se posiciona como exportador de marcos regulatorios y prácticas de gobernanza hacia el resto del eje andino.

Los datos respaldan esta lectura. Según BNamericas, los gastos en proyectos del MOP alcanzaron los 3,36 billones de pesos chilenos (aproximadamente US$3.910 millones) a fines de 2025, lo que representó un aumento del 14,9% respecto al año anterior. Sin embargo, el presupuesto de inversión del MOP para 2026 contempla un recorte del 17,2%, equivalente a una reducción de US$700 millones en comparación con el ejercicio previo, también según BNamericas. Esta aparente contradicción, un año récord seguido de un ajuste fiscal significativo, revela la tensión central del momento chileno: el sector público reduce su exposición directa mientras busca que el capital privado asuma un rol estructural más amplio.

Esa transferencia de riesgo y responsabilidad hacia el sector privado exige un marco normativo más sofisticado. La Ley 21.750, publicada y vigente, modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas para establecer la obligación de adoptar medidas de seguridad, incluyendo cámaras de televigilancia, lectores de patentes, sistemas lumínicos e interoperabilidad de datos con las policías. El MOP dispone de un plazo de cinco años para modificar los contratos de concesión actuales. Esta legislación refleja una tendencia clara: Chile agrega capas de exigencia tecnológica y operativa a sus concesiones, elevando el estándar que cualquier operador, nacional o internacional, debe cumplir para participar en el sistema.

El resultado es un modelo de concesiones que funciona como plataforma de exportación regulatoria. Países como Colombia y Perú observan la experiencia chilena para diseñar sus propios marcos de participación privada en infraestructura, adoptando principios de asignación de riesgo, transparencia contractual y supervisión tecnológica que Chile ha perfeccionado durante tres décadas.

¿Qué tipo de liderazgo está redefiniendo la asignación de capital institucional hacia Chile?

El análisis del momentum chileno quedaría incompleto sin examinar la generación de ejecutivos que articula las decisiones de inversión en el eje andino. Dos perfiles ilustran con precisión las fuerzas que convergen en este proceso.

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, lidera una de las plataformas de activos inmobiliarios más relevantes de la región. Según Diario Financiero, bajo su dirección, Parque Arauco proyectó un año récord de inversión para expandir su base de activos en Chile, Perú y Colombia, superando los US$360 millones en 2025. Esta cifra es significativa porque demuestra que el capital corporativo chileno opera con una lógica andina integrada, donde Chile funciona como centro de decisión y gobernanza para inversiones que se despliegan a lo largo de múltiples jurisdicciones.

La estrategia de Parque Arauco bajo Pérez Marchant encarna un patrón que los inversionistas institucionales valoran cada vez más: la capacidad de replicar estándares operativos y de gobierno corporativo chilenos en mercados con mayor volatilidad regulatoria. Chile provee el marco de confianza; Perú y Colombia proveen el crecimiento. La combinación de ambos factores genera un perfil de riesgo-retorno que resulta atractivo para fondos de pensiones, aseguradoras y vehículos de inversión de largo plazo.

Karen Scarpetta representa una trayectoria complementaria. Ex CEO de WeWork Latam y actual Country Manager de Tesla Colombia, Scarpetta fue reconocida por Forbes Colombia como una de las 100 mujeres poderosas de 2026. Su perfil ilustra la convergencia entre liderazgo tecnológico y estructuración corporativa en el eje andino. La movilidad de ejecutivos como Scarpetta entre sectores y países refleja la maduración de un mercado donde la experiencia en gobernanza corporativa y en la navegación de entornos regulatorios complejos se convierte en el activo más valioso.

Estos perfiles comparten una característica definitoria: operan con Chile como referencia de estándares, pero con el conjunto del eje andino como perímetro de acción. La generación que representan Pérez Marchant y Scarpetta toma decisiones de asignación de capital con una visión integrada de la región, donde la calidad institucional de cada mercado pesa tanto como el tamaño de la oportunidad.

¿Por qué los inversionistas reconfiguran su exposición andina en torno a Chile en 2026?

Tres factores estructurales explican la reconfiguración que se observa en los flujos de capital institucional hacia el eje andino, con Chile como eje articulador.

El primero es la entrada acelerada de capital europeo en infraestructura energética. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) inició la construcción del proyecto de almacenamiento de energía (BESS) Patache en Chile, con una capacidad de 300 MW y 1.500 MWh, según información publicada por GlobeNewswire en abril de 2026. Este proyecto consolida la entrada de capital institucional europeo en el mercado chileno de almacenamiento energético, un segmento que combina la necesidad técnica de estabilizar una matriz con alta penetración renovable con la sofisticación financiera que demandan los inversionistas de largo plazo. Chile ofrece a operadores como CIP algo que pocos mercados latinoamericanos pueden garantizar: reglas claras, contratos predecibles y una regulación energética que evoluciona de manera ordenada.

El segundo factor es la evolución del concepto de estrategia urbana en Chile. La planificación de ciudades integra cada vez más la infraestructura verde, la logística urbana eficiente y la densificación planificada como componentes de una visión integral. Programas como Brotar, orientados a la infraestructura verde, reflejan una comprensión madura de que la competitividad urbana depende de la calidad del entorno construido tanto como de la conectividad física. Para los inversionistas, esta evolución amplía el universo de activos elegibles y crea oportunidades en segmentos que antes se consideraban exclusivamente públicos.

El tercer factor es la propia dinámica fiscal. El recorte del 17,2% en el presupuesto de inversión del MOP para 2026 no representa una señal de debilidad, sino un catalizador para la participación privada. Cuando el Estado reduce su inversión directa en un contexto de demanda creciente por infraestructura, el espacio para concesiones, asociaciones público-privadas y vehículos de inversión alternativos se amplía de manera estructural. Los inversionistas que comprenden esta dinámica están adelantando sus decisiones de posicionamiento.

La combinación de estos tres factores configura un escenario donde Chile funciona como punto de entrada preferente para inversionistas que buscan exposición al crecimiento andino con un marco de gobernanza de primer nivel. La pregunta relevante para los asignadores de capital en 2026 es directa: ¿cuál es la combinación óptima de activos chilenos, colombianos y peruanos que maximiza el retorno ajustado por riesgo institucional?

El rol del GRI Institute como espacio de articulación estratégica

En este contexto de reconfiguración, los espacios donde líderes del sector público y privado pueden alinear expectativas y construir relaciones de confianza adquieren un valor estratégico superior. El evento Chile en Movimiento, organizado por el GRI Institute, se posiciona como uno de los foros más relevantes para discutir la alineación entre las prioridades gubernamentales y las necesidades del mercado de infraestructura chileno.

El GRI Institute, como club global de líderes en real estate e infraestructura, facilita precisamente el tipo de conversación que este momento demanda: encuentros de alto nivel donde CEOs, inversionistas institucionales y responsables de política pública pueden explorar las oportunidades que genera la transición del modelo chileno. La investigación y el análisis que el GRI Institute produce sobre el eje andino complementan estos encuentros con datos y perspectivas que permiten a sus miembros tomar decisiones informadas.

Chile en 2026 presenta una tesis de inversión clara: un mercado que reduce su gasto público directo mientras eleva sus estándares de gobernanza genera, paradójicamente, las condiciones más favorables para el capital privado de largo plazo. Los ejecutivos que entienden esta lógica, y que operan con una visión integrada del eje andino, están definiendo la próxima década de infraestructura en la región.