Radar de inversión: los perfiles que estructuran el pipeline de infraestructura energética en Perú y los Andes
ProInversión impulsa una cartera de US$ 19.797 millones en 2026 mientras actores clave del sector financiero y concesional reconfiguran el mapa de capital en la región andina.
Resumen Ejecutivo
Puntos Clave
- ProInversión impulsa una cartera de US$ 19.797 millones en 44 proyectos y 8 adendas para 2026, con US$ 2.455 millones ya adjudicados en los primeros siete meses.
- Energía y minería concentran 19 proyectos por US$ 3.059 millones, con transmisión eléctrica como segmento clave.
- Engie Energía Perú obtuvo cuatro proyectos de transmisión por US$ 339 millones en regiones con brecha eléctrica crítica.
- Nuevos instrumentos normativos (PNI 2026-2031 y Ley N° 32441) elevan estándares de gobernanza y agilizan la estructuración de APP.
- La banca corporativa peruana, liderada por actores como el BCP, evoluciona hacia un rol activo de estructuración con instrumentos verdes.
US$ 19.797 millones en cartera: el volumen que define la temporada de inversión en Perú
ProInversión impulsa una cartera de 44 proyectos y 8 adendas bajo modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos para 2026, con una meta de compromisos de inversión de US$ 19.797 millones, según datos publicados por la propia agencia y recogidos por Infobae en marzo de 2026. La cifra posiciona a Perú como uno de los mercados con mayor volumen de estructuración activa en América Latina, y convierte a los perfiles que operan entre el capital institucional y la adjudicación de proyectos en piezas centrales del ecosistema.
Durante los primeros siete meses de 2026, la agencia ya adjudicó seis proyectos y dos adendas por más de US$ 2.455 millones, según reportó el diario Gestión en agosto de 2026. Ese ritmo de ejecución anticipa un segundo semestre intenso, particularmente en los segmentos de energía, transmisión eléctrica y conectividad, donde la presión de demanda y la regulación reciente aceleran los cronogramas.
¿Quiénes son los estructuradores emergentes que conectan capital con infraestructura en los Andes?
El pipeline energético andino se articula a través de una cadena de actores que abarca desde la banca corporativa hasta la dirección ejecutiva de las agencias promotoras y los operadores de concesiones. En ese mapa, varios nombres concentran la atención del mercado.
César Stuart, Head de Banca Corporativa del BCP, ocupa una posición estratégica en la intersección entre el capital institucional peruano y los grandes proyectos de infraestructura. Su relevancia radica en la capacidad de movilizar financiamiento de largo plazo para activos de transición energética. Un ejemplo concreto de esa función es el préstamo de US$ 100 millones estructurado para Luz del Sur, destinado al desarrollo de parques eólicos, una operación que ilustra la creciente orientación del crédito corporativo peruano hacia instrumentos verdes vinculados a infraestructura.
La figura de Stuart resulta representativa de un fenómeno más amplio: la banca comercial andina ha dejado de ser un actor pasivo en la cadena de infraestructura para convertirse en un estructurador con capacidad de influir en la selección y viabilidad de proyectos. En un mercado donde ProInversión proyecta ejecutar una cartera de aproximadamente US$ 40.000 millones para el período 2026-2028, priorizando agua, saneamiento, energía y transporte, según datos de Gestión, la capacidad de originar financiamiento competitivo es un diferencial decisivo.
Luis del Carpio, ratificado como Director Ejecutivo de ProInversión a fines de 2025, lidera esa ambiciosa cartera bajo el esquema denominado "APP 5.0". Su gestión se mide directamente contra las metas de adjudicación y los plazos de estructuración que el gobierno peruano ha fijado como prioritarios. La cartera de ProInversión para 2026 contempla 19 proyectos en los sectores de energía y minería, que representan inversiones por US$ 3.059 millones, según datos de la propia agencia publicados en marzo de 2026.
Esa concentración de capital en energía y minería refleja una decisión estratégica clara: Perú apuesta por fortalecer su matriz de generación y transmisión eléctrica como condición previa para atraer inversión productiva en otros sectores.
La transmisión eléctrica como columna vertebral del pipeline
Uno de los hitos de adjudicación más relevantes del primer semestre fue la asignación de cuatro proyectos estratégicos de transmisión eléctrica a Engie Energía Perú por US$ 339 millones, según informó ProInversión en junio de 2026. Estos proyectos buscan fortalecer el suministro en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho, regiones donde la brecha de infraestructura eléctrica limita tanto la actividad minera como el desarrollo urbano.
La adjudicación a Engie confirma que los grandes operadores internacionales mantienen apetito por el mercado peruano de transmisión, un segmento que ofrece flujos regulados de largo plazo y riesgo de demanda relativamente acotado. Para los estructuradores financieros como César Stuart, estas operaciones representan oportunidades de sindicación y cofinanciamiento que refuerzan la posición de la banca local en el ecosistema de infraestructura.
La presión sobre el sistema eléctrico peruano tiene, además, un horizonte de mediano plazo que intensifica la urgencia. Según la Agencia Internacional de Energía, citada por Revista Economía, el crecimiento de la infraestructura digital y centros de datos podría duplicar la demanda energética hacia 2030, elevando la presión sobre el cobre y minerales críticos. Perú, como segundo productor mundial de cobre, enfrenta un doble desafío: expandir su capacidad de generación y transmisión para alimentar tanto la demanda interna como la cadena global de suministro de minerales estratégicos.
¿Cómo redefine el nuevo marco regulatorio la estructuración de proyectos?
Dos instrumentos normativos aprobados en 2026 configuran el entorno institucional en el que operan estos perfiles emergentes.
El Decreto Supremo N° 039-2026-EF aprobó el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (PNI), introduciendo herramientas de gestión vinculantes y un enfoque territorial para priorizar inversiones de alto impacto. Este instrumento obliga a los estructuradores, tanto públicos como privados, a alinear sus carteras con criterios de priorización que trascienden la simple viabilidad financiera.
Paola Lazarte, exministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y actual consultora, aporta una perspectiva crítica sobre este punto: la necesidad de redefinir la brecha de infraestructura en Perú para priorizar proyectos estratégicos que mejoren los servicios públicos, en el marco del nuevo PNI. Su visión subraya que el volumen de inversión comprometido solo genera impacto real cuando la selección de proyectos responde a criterios de servicio y no exclusivamente a métricas de retorno financiero.
La Ley N° 32441, destacada en el foro APEC en agosto de 2026, modifica el marco normativo e institucional de las APP y Proyectos en Activos para mejorar la gobernanza, agilizar el desarrollo de proyectos y fortalecer el rol de ProInversión. Esta reforma legislativa busca reducir los tiempos de estructuración que históricamente han retrasado la ejecución del pipeline peruano.
Ambos instrumentos crean condiciones más favorables para la participación de capital institucional, pero también elevan los estándares de gobernanza y transparencia que deben cumplir los estructuradores.
La dimensión regional: perfiles que migran entre sectores
Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, representa una tendencia observable en el Cono Sur: la migración de ejecutivos con trayectoria en real estate hacia la infraestructura productiva y concesional. Este movimiento refleja la convergencia entre las competencias de gestión de activos de largo plazo, propias del sector inmobiliario, y las exigencias de la infraestructura de concesiones.
Esa convergencia es particularmente visible en Chile y Colombia, donde los fondos de pensiones y las administradoras de capital buscan perfiles que combinen disciplina financiera con capacidad de gestión operativa de activos regulados. Los líderes del sector de infraestructura en la región andina discuten activamente estas dinámicas en foros especializados como los que organiza GRI Institute, donde la interacción entre estructuradores financieros, operadores y reguladores permite mapear las oportunidades antes de que lleguen al mercado abierto.
El mapa de oportunidades para el segundo semestre
Con US$ 2.455 millones ya adjudicados en los primeros siete meses del año y una cartera pendiente que supera los US$ 17.000 millones solo en el pipeline de 2026, el mercado peruano de infraestructura entra en su fase más intensa. Los proyectos de energía y minería, con US$ 3.059 millones en cartera, concentran la mayor densidad de oportunidades para inversores institucionales y bancos de proyecto.
Tres factores determinarán la velocidad de ejecución en los próximos meses: la capacidad de ProInversión para mantener el ritmo de adjudicaciones bajo el esquema APP 5.0, la disponibilidad de financiamiento de largo plazo por parte de la banca corporativa local e internacional, y la implementación efectiva del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031.
Para los miembros de GRI Institute que operan en la región andina, el segundo semestre de 2026 presenta un escenario donde la convergencia de regulación favorable, volumen de cartera y perfiles de estructuración alineados genera condiciones de inversión que no se observaban desde el ciclo de concesiones de 2014-2016. La diferencia fundamental respecto a aquel ciclo es la sofisticación del marco institucional y la presencia de instrumentos de financiamiento verde que amplían la base de capital disponible.
El pipeline energético andino ya tiene volumen. La pregunta operativa para el resto de 2026 es si la velocidad de estructuración será proporcional a la escala de la oportunidad.