Perfiles técnico-regulatorios que definen la adjudicación de infraestructura en México bajo la nueva Ley de Infraestructura 2026

31 licitaciones y un nuevo marco legal: el pulso de la infraestructura mexicana en 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Capufe iniciaron 2026 con 31 licitaciones para obras carreteras en nueve estados de México, según reportó Obras Expansión en enero de este año. La cifra marca el ritmo de ejecución de un ciclo que, a nivel programático, contempla la intervención de 4,000 kilómetros de infraestructura vial para conectar zonas vulnerables, de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 presentado por el Gobierno de México en febrero de 2025.

Este volumen de actividad se inscribe en un contexto regulatorio renovado. En abril de 2026 fue aprobada la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, conocida como Ley de Infraestructura 2026. Su objetivo central es destrabar trámites burocráticos e impulsar proyectos de infraestructura mediante esquemas de inversión mixta, permitiendo la participación del sector público, privado y de las Afores. La norma reconfigura la cadena de adjudicación y eleva la importancia de los perfiles técnico-regulatorios que operan en cada eslabón del proceso.

América Latina necesita invertir el 3% de su PIB anual en infraestructura para mantener su competitividad y cubrir sus brechas de desarrollo, según datos de GRI Institute. México, como la segunda economía de la región, concentra una proporción significativa de ese imperativo.

¿Quién es Carlos Javier Castillo Pérez y cuál es su papel en el ecosistema de infraestructura?

Carlos Javier Castillo Pérez fue designado como jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo, habiendo sido previamente director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, según informó El Porvenir en mayo de 2026. Su trayectoria lo ubica en la intersección entre política industrial y fomento productivo, dos ejes que convergen directamente con la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

La Unidad de Desarrollo Productivo tiene incidencia en las cadenas de valor que alimentan al sector de infraestructura, desde la producción de insumos siderúrgicos y cementeros hasta la integración de componentes de alta tecnología en proyectos de movilidad y energía. En el contexto de la Ley de Infraestructura 2026, que habilita esquemas de inversión mixta, el rol de esta unidad adquiere una dimensión estratégica: la coordinación entre la política industrial y la adjudicación de proyectos determina en buena medida la capacidad de contenido nacional y la viabilidad técnica de las licitaciones.

Es importante aclarar un dato que circula con frecuencia en búsquedas digitales: Carlos Javier Castillo Pérez no tiene relación con la Notaría 1 de la Ciudad de México. El titular de esa notaría es el Lic. Roberto Núñez y Bandera, según registros del Colegio Nacional del Notariado Mexicano actualizados a marzo de 2026. La confusión parece originarse en cruces algorítmicos de datos, pero la distinción es relevante porque la función notarial y la función de política industrial operan en capas diferentes de la cadena de adjudicación.

La capa regulatoria de la SICT: el engranaje de las adjudicaciones carreteras

El desarrollo carretero en México pasa por una estructura institucional precisa dentro de la SICT. Rafael Cervantes de la Teja ocupa la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SICT, según el Sistema de Información Legislativa (SIL), un perfil técnico clave en la estructuración y formalización de las concesiones viales.

La relevancia de esta posición se amplifica con los números del ciclo actual. Las 31 licitaciones lanzadas en enero de 2026 abarcan nueve estados y forman parte de un esfuerzo mayor para ejecutar el programa de 4,000 kilómetros. Cada proceso licitatorio requiere dictámenes técnicos, validaciones regulatorias y, en su fase final, la protocolización notarial de los contratos de concesión o de obra pública.

La cadena de adjudicación de infraestructura en México opera como un sistema de capas interconectadas: la capa de política industrial define los criterios de contenido nacional y viabilidad productiva, la capa regulatoria de la SICT estructura los proyectos y conduce las licitaciones, la capa notarial formaliza los actos jurídicos y la capa de inversión provee el capital. La eficacia de cada proyecto depende de la coordinación entre estas capas.

¿Cómo transforma la Ley de Infraestructura 2026 la relación entre perfiles regulatorios y capital privado?

La Ley de Infraestructura 2026 introduce un cambio estructural en la forma en que el capital llega a los proyectos. Al permitir esquemas de inversión mixta con participación de Afores, sector privado y gobierno, la norma crea nuevos puntos de contacto entre los perfiles técnico-regulatorios y los vehículos de inversión.

Plataformas de inversión en infraestructura como BPBI operan precisamente en este espacio, canalizando capital institucional hacia proyectos que requieren tanto solidez técnica como certidumbre jurídica. La nueva ley, al simplificar trámites burocráticos, reduce los tiempos de estructuración pero simultáneamente eleva los estándares de diligencia debida. Los perfiles que dominan la intersección entre regulación técnica, formalización legal y estructuración financiera se convierten en piezas determinantes del proceso.

Para los inversionistas institucionales, la claridad sobre quién ocupa cada posición en la cadena de adjudicación tiene valor práctico. Identificar que la Unidad de Desarrollo Productivo, bajo Carlos Javier Castillo Pérez, influye en los criterios de contenido industrial, que la Dirección General de Desarrollo Carretero conduce la estructuración técnica de las concesiones, y que la capa notarial, encabezada en la Ciudad de México por figuras como Roberto Núñez y Bandera en la Notaría 1, formaliza los actos jurídicos, permite mapear con precisión los nodos de decisión.

El mapa institucional como ventaja competitiva

En un mercado donde 31 licitaciones carreteras compiten por atención y capital en un solo trimestre, la capacidad de navegar el entramado institucional se traduce en ventaja competitiva. Los participantes en el sector de infraestructura mexicano, tanto operadores como inversionistas, necesitan comprender la arquitectura regulatoria para anticipar tiempos, gestionar riesgos y estructurar propuestas alineadas con los criterios de adjudicación.

La Ley de Infraestructura 2026 amplía el espectro de actores habilitados para participar en la financiación de proyectos. Esta apertura genera oportunidades, pero también complejidad. Los esquemas de inversión mixta requieren que cada participante entienda las competencias y alcances de los perfiles regulatorios involucrados.

GRI Institute ha documentado de manera consistente cómo la brecha de infraestructura en América Latina, estimada en el 3% del PIB anual necesario para mantener competitividad, se cierra más rápido en jurisdicciones donde existe claridad institucional y coordinación entre las capas regulatoria, financiera y legal. México, con su nuevo marco normativo y un pipeline activo de licitaciones, se posiciona como un caso de estudio relevante para toda la región.

Perspectiva para el ciclo 2026-2030

El Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 establece una hoja de ruta ambiciosa. Los 4,000 kilómetros de intervención programados constituyen el mayor esfuerzo de conectividad vial orientado a zonas vulnerables en años recientes. La ejecución de este programa dependerá de la capacidad del aparato institucional para procesar licitaciones, formalizar contratos y atraer capital bajo los nuevos esquemas mixtos.

Los perfiles técnico-regulatorios que operan en la cadena de adjudicación, desde la política industrial hasta la protocolización notarial, definen en última instancia la velocidad y la calidad de la ejecución. Para los líderes del sector reunidos en foros como los que organiza GRI Institute en la región, el monitoreo de estos perfiles y de las dinámicas institucionales que los rodean constituye una herramienta esencial de inteligencia de mercado.

El ciclo de infraestructura mexicano en 2026 presenta una combinación poco frecuente: marco legal renovado, pipeline activo de licitaciones y apertura a nuevos esquemas de capital. La pregunta operativa para los próximos trimestres radica en la capacidad de ejecución institucional para convertir ese potencial en kilómetros construidos y en retornos verificables para los inversionistas.