APPs son clave para cerrar brechas de salud y educación en América Latina

Por Belén Palkovsky 

América Latina, una región caracterizada por grandes desigualdades sociales y económicas, enfrenta aún retos importantes en el acceso a servicios esenciales. Si bien los proyectos de infraestructura social son fundamentales para mantener y mejorar las condiciones de vida de la población en educación, salud, vivienda, acceso a agua tratada y sistemas penitenciarios dignos, los desafíos financieros, de estructuración y de alineamiento entre los diferentes actores del sector público y privado persisten como barreras transversales en toda la región. 

En este contexto, las Asociaciones Público-Privadas (APP) han emergido como una herramienta clave para impulsar proyectos, aunque su implementación sigue siendo desigual a lo largo del continente. Según datos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina aún enfrenta un déficit de inversión en infraestructura social cercano al 3% del PIB, con brechas especialmente marcadas en salud y educación en países de Centroamérica y la región andina.

Blanca Rodríguez, CFO de Marhnos, empresa con más de 70 años de experiencia en el sector inmobiliario e infraestructura, comparte - en una entrevista exclusiva con GRI Institute - su visión sobre cómo las APPs pueden contribuir al desarrollo de la infraestructura social en la región. Según Rodríguez, los sectores de salud y educación son los que generan un impacto más profundo en las comunidades, razón por la cual la empresa ha orientado su estrategia principalmente hacia estos ámbitos en las últimas dos décadas.

El enfoque de Marnhos está mayoritariamente en tres países: México, Guatemala y Perú. En México, donde la empresa la base operativa, la situación ha sido compleja, ya que la administración anterior tomó decisiones que desfavorecieron las APP en el sector social, provocando cancelaciones o atrasos en varios proyectos. Actualmente, Rodríguez señala que existe una nueva apertura, aunque la confianza en los marcos regulatorios aún se ve afectada. La ejecutiva destaca que la poca constancia derivada de la volatilidad de los ciclos políticos afecta la continuidad de proyectos de largo plazo, un factor que caracteriza a toda la región y que condiciona las decisiones de inversión.

Por otro lado, Guatemala, donde Marhnos ha liderado el primer proyecto de APP en el país, relacionado a la rehabilitación y operación de una autopista, enfrenta un desafío aún mayor: un marco regulatorio todavía incipiente y fallas en la comunicación entre entes gubernamentales. El resultado se caracteriza por retrasos e incertidumbres. 

En este contexto, Marhnos trabaja estrechamente con las autoridades para acelerar los procesos y estructurar las iniciativas de manera más eficiente. Rodríguez reconoce que, al ser pioneros en el sector, es natural que las estructuras aún no estén completamente maduras. La ejecutiva considera que Guatemala presenta una oportunidad, pero que el progreso dependerá del esfuerzo conjunto entre sector privado y autoridades para superar los obstáculos regulatorios y administrativos.

En Perú, la situación es diferente. Rodríguez destaca a este país como un ejemplo de cómo un gobierno puede fomentar la confianza y crear un entorno favorable para la colaboración público-privada. Perú ha identificado la infraestructura social como una prioridad y ha avanzado de forma sostenida en la implementación de proyectos, sea a través de las APPs u otras modalidades populares en el país, como obras por impuestos (OxI) y obra pública.

Además, el país cuenta con ProInversión, una agencia gubernamental transversal que coordina los proyectos a nivel nacional, facilita la interacción entre ministerios, asegura la continuidad de las iniciativas y actúa como interlocutor para inversionistas privados, fortaleciendo la confianza y agilizando los procesos. De hecho, el éxito administrativo de este órgano es tan notable que una reciente modificación legislativa le otorga aún más autonomía ejecutora, lo que aumenta significativamente las proyecciones de inversión de la agencia para los próximos 5 años. Se estima que la nueva ley permitirá viabilizar más de US$ 30,000 millones en proyectos de infraestructura, con la adjudicación de 80 proyectos por un total de US$ 16,000 millones entre 2025 y 2026. La ejecutiva considera que la experiencia peruana y la figura de ProInversión deben servir como modelos para otros países de la región.

A pesar de las diferencias contextuales, los desafíos comunes que enfrenta la infraestructura social en América Latina son claros y transversales. Rodríguez señala que la falta de mecanismos adecuados para revisar y ajustar los modelos financieros a lo largo del tiempo ha sido, tal vez, el mayor cuello de botella, pues en proyectos de larga duración, los modelos financieros se vuelven obsoletos, afectando su viabilidad y dificultando la bancabilidad. Sumado a esto, la falta de alineación entre los distintos niveles de gobierno y la volatilidad de los ciclos políticos y económicos configuran un escenário realmente desafiador. 

Para contornar esto, la ejecutiva subraya que las banca de desarrollo locales e incluso las internacionales, junto a la banca privada, podrían jugar un papel clave al desempeñar un roll activo en la financiación de proyectos del sector, mitigando riesgos financieros y asegurando la sostenibilidad de las inversiones a largo plazo.

Respecto al futuro, Rodríguez enfatiza la necesidad de que los gobiernos reconozcan la magnitud de las brechas en salud y educación y comprendan la relevancia de trabajar junto el sector privado, creando un entorno colaborativo y confiable, en el cual todos ganen. Además, subraya la importancia de pensar en proyectos regionales, que trasciendan las fronteras y aborden problemas compartidos por varios países. Este enfoque permitiría generar iniciativas de mayor escala, contar con un know-how más amplio y, consecuentemente, generar un impacto mucho mayor. 

En este sentido, la ejecutiva resalta el papel de GRI Institute como un ente confiable, independiente e imparcial, capaz de promover acercamientos entre el sector público y privado, contribuir a la creación de soluciones efectivas y favorecer un ambiente propicio para nuevos negocios que impacten positivamente toda la sociedad latinoamericana.