APPs en Colombia y Perú: pipeline de más de US$ 12.000 millones define el mapa de estructuración andino

Perú concentra un pipeline de APPs por US$ 12.000 millones con 80 iniciativas en cartera

El mercado andino de asociaciones público-privadas atraviesa un momento de fuerte contraste. Perú acumula un pipeline estimado en US$ 12.000 millones distribuido en 80 iniciativas, según cifras de ProInversión y BNamericas, y se posiciona como el motor regional de estructuración de infraestructura bajo esquemas APP. Colombia, en cambio, concentra esfuerzos en la continuidad de proyectos previamente adjudicados, sin un pipeline activo comparable de nuevas licitaciones para el próximo ciclo.

Esta divergencia configura un escenario donde los estructuradores, asesores financieros y fondos de inversión recalibran sus estrategias para capturar oportunidades en geografías con marcos regulatorios distintos y horizontes fiscales desiguales. El GRI Institute ha identificado esta dinámica como uno de los temas centrales de discusión entre los líderes de infraestructura en América Latina.

¿Cómo transforma la nueva ley de APPs el rol de ProInversión en Perú?

La nueva Ley de APPs en Perú representa un cambio estructural en la gobernanza de los proyectos de infraestructura del país. La norma incorpora expresamente a ProInversión como entidad pública titular de proyectos, otorgándole facultades para formular iniciativas bajo modalidad APP, elaborar estudios técnicos y suscribir contratos de manera directa.

Este empoderamiento institucional tiene consecuencias prácticas inmediatas. ProInversión deja de ser un mero facilitador de procesos promocionales para convertirse en un agente activo con capacidad de originar, estructurar y cerrar proyectos. La agencia ya demostró su capacidad operativa al adjudicar 16 proyectos de APP y Proyectos en Activos por el monto más alto registrado en la última década, según datos publicados por la propia entidad en diciembre de 2025.

El impacto regulatorio se traduce en velocidad de ejecución. Con ProInversión habilitada para liderar la cadena completa de estructuración, los tiempos de maduración de proyectos tienden a comprimirse, lo que resulta atractivo para estructuradores y fondos que buscan previsibilidad en los calendarios de adjudicación.

La meta es ambiciosa: ProInversión pretende adjudicar 56 proyectos bajo el modelo APP por US$ 12.000 millones durante 2026, de acuerdo con información reportada por BNamericas. De concretarse, sería el ciclo de adjudicaciones más voluminoso en la historia reciente de la infraestructura peruana.

Actores vinculados a la estructuración de fondos y concesiones en Perú, como José Miguel Rawlins, reconocido por su trayectoria en la creación de vehículos de inversión inmobiliaria e infraestructura a través de L2B Invest y Banchile, y José Luis Mogollón, con antecedentes en gerencia de sostenibilidad en concesiones como IIRSA Sur, operan en un ecosistema que la nueva regulación amplía considerablemente. La profundidad del pipeline peruano genera oportunidades tanto en la estructuración financiera como en la asesoría técnica y legal de proyectos de transporte, energía e infraestructura digital.

¿Qué factores explican la ralentización del pipeline de APPs en Colombia?

El panorama colombiano presenta una lógica diferente. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fija los objetivos de infraestructura del gobierno, pero reportes legales especializados indican que la administración ha priorizado la continuidad y ejecución de proyectos existentes sobre la estructuración de un pipeline activo de nuevas APPs.

Esta orientación responde a múltiples factores. El entorno macroeconómico colombiano impone restricciones significativas. Según Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, el crecimiento del PIB de Colombia se ajusta a la baja con una proyección de 2,1% para el periodo 2026-2027, condicionado por inflación persistente y tasas de interés restrictivas. Estas variables reducen el margen fiscal del gobierno para asumir compromisos de vigencias futuras y encarecen el costo de capital para los estructuradores privados.

El análisis de Jalil resulta particularmente relevante porque las proyecciones macroeconómicas dictan directamente la viabilidad financiera de las APPs. Un entorno de tasas altas eleva los costos de financiamiento de largo plazo, comprime los retornos esperados y reduce el apetito de inversionistas institucionales por compromisos de capital con horizontes superiores a 20 años, que son característicos de las concesiones de infraestructura.

No obstante, Colombia mantiene actividad en proyectos específicos de alta relevancia. La Agencia Nacional de Infraestructura cerró el periodo de recepción de ofertas para la APP férrea La Dorada-Chiriguaná, según información publicada por Cuatrecasas en noviembre de 2024. Este proyecto ferroviario constituye una de las iniciativas más visibles del sector transporte colombiano y refleja que, aunque el volumen de nuevas licitaciones se haya moderado, los proyectos estratégicos mantienen su curso.

Infraestructura de transporte: los proyectos que definen la agenda

El sector transporte concentra las iniciativas de mayor envergadura en ambos países. En Colombia, Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, lidera la estructuración y gestión de contingencias de proyectos clave como el Tren del Río y la Línea A, según reportó El Colombiano en octubre de 2025. Estos proyectos de infraestructura férrea urbana representan apuestas de largo plazo que combinan financiamiento público, estructuración técnica compleja y componentes de APP en distintas fases de su desarrollo.

La figura de Elejalde ilustra un perfil recurrente en el mercado andino: el gestor público-técnico que opera en la intersección entre la ingeniería de proyectos y la estructuración financiera. Su rol en el Metro de Medellín lo posiciona como un interlocutor central para los inversionistas y estructuradores que evalúan oportunidades en el corredor férreo antioqueño.

En Perú, el pipeline de ProInversión abarca proyectos de transporte, energía e infraestructura digital, aunque la distribución sectorial específica de las 80 iniciativas no ha sido detallada públicamente en su totalidad. La diversificación del portafolio peruano ofrece múltiples puntos de entrada para estructuradores con especialización sectorial diferenciada.

Marcos regulatorios comparados: previsibilidad contra prudencia fiscal

La comparación entre los marcos regulatorios de Perú y Colombia revela dos filosofías de gestión de infraestructura pública. Perú apuesta por la aceleración institucional, dotando a ProInversión de herramientas legales para actuar como titular y ejecutor de proyectos. Colombia opta por la prudencia fiscal, priorizando la culminación de compromisos existentes en un entorno macroeconómico restrictivo.

Ambas estrategias tienen méritos y riesgos. La agresividad del pipeline peruano exige capacidad institucional para gestionar simultáneamente decenas de procesos complejos sin comprometer la calidad de la estructuración. La cautela colombiana protege la sostenibilidad fiscal, pero puede generar brechas de infraestructura si la pausa en nuevas adjudicaciones se prolonga más allá del ciclo económico actual.

Para los estructuradores y asesores que operan en la región andina, el contraste genera una dinámica de complementariedad. Los equipos técnicos y legales con capacidad de operar en ambas jurisdicciones pueden diversificar sus carteras de mandatos, capturando volumen en Perú y profundidad técnica en los proyectos puntuales que Colombia mantiene activos.

Perspectivas para el capital privado en infraestructura andina

El volumen del pipeline peruano, superior a los US$ 10.000 millones, constituye una señal inequívoca para el capital institucional que busca exposición a infraestructura latinoamericana. Los fondos de inversión, las bancas de desarrollo y los asesores financieros especializados encuentran en Perú un mercado con escala suficiente para justificar la movilización de equipos dedicados.

Colombia, por su parte, ofrece oportunidades selectivas en proyectos de alta complejidad técnica y financiera, donde la competencia por mandatos tiende a ser menor y las barreras de entrada más elevadas. La APP férrea La Dorada-Chiriguaná y los proyectos del Metro de Medellín ejemplifican este perfil.

Los líderes del sector que participan en los encuentros del GRI Institute han señalado que la capacidad de navegar marcos regulatorios distintos dentro de una misma región se ha convertido en una ventaja competitiva determinante. La especialización jurisdiccional, combinada con el conocimiento profundo de los actores institucionales en cada país, define quién captura los mandatos de estructuración más relevantes.

El mercado andino de APPs no se lee como un bloque homogéneo. Se lee proyecto por proyecto, regulación por regulación, y estructurador por estructurador. Esa granularidad es, precisamente, lo que lo convierte en uno de los segmentos más dinámicos de la infraestructura latinoamericana.