Agua y saneamiento en América Latina: por qué un pipeline de más de US$ 8.000 millones no logra cerrar financieramente

América Latina acumula una de las paradojas más costosas de su agenda de desarrollo: el volumen de proyectos de agua y saneamiento anunciados crece año tras año, pero la proporción que alcanza cierre financiero sigue siendo marginal. Según datos del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) y CEPAL, 145 millones de personas en la región carecen de acceso a agua potable y 323 millones no cuentan con saneamiento seguro. La inversión comprometida por organismos multilaterales es significativa. CAF ha canalizado históricamente más de USD 8.000 millones en proyectos de agua, saneamiento e infraestructura resiliente, dentro de un compromiso mayor de USD 22.000 millones hasta 2035 para combatir la pobreza. CEPAL, CAF y la Asociación Mundial del Agua (GWP) lanzaron una iniciativa conjunta para movilizar al menos USD 20.000 millones en inversiones en agua resiliente al clima con miras a 2030. Y sin embargo, la brecha se amplía. CEPAL y CAF estiman que las inversiones anuales en agua y saneamiento deben multiplicarse entre tres y cinco veces para alcanzar las metas del ODS 6. La pregunta central ya no es cuánto dinero se necesita, sino por qué el dinero disponible no llega a los proyectos que lo requieren.

El pipeline existe. Los recursos multilaterales están comprometidos. La demanda social es innegable. Lo que falla es el eslabón intermedio: la capacidad de estructurar proyectos que sean financieramente viables, técnicamente sólidos y políticamente sostenibles.

¿Por qué los proyectos de agua y saneamiento tienen la tasa más alta de fracaso en el cierre financiero?

Tres factores estructurales explican el estancamiento sistemático del sector.

El primero es la fragilidad de los marcos tarifarios. A diferencia de la infraestructura de transporte o energía, donde las tarifas se indexan a indicadores macroeconómicos y los usuarios tienen capacidad de pago verificable, los servicios de agua y saneamiento enfrentan restricciones políticas severas para ajustar tarifas a niveles que cubran costos operativos y retorno de capital. Un proyecto que no puede demostrar flujos predecibles y suficientes difícilmente atraerá capital institucional, independientemente de su relevancia social.

El segundo factor es la ausencia de mecanismos de garantía adecuados. Los proyectos de agua dependen, en muchos países, de transferencias fiscales subnacionales o de la capacidad de pago de municipios con presupuestos precarios. Sin garantías soberanas, fondos de contingencia o estructuras de mitigación de riesgo crediticio municipal, los financistas perciben un riesgo de contraparte que encarece el capital hasta hacerlo prohibitivo.

El tercer elemento, quizás el más subestimado, es la baja capacidad técnica de los gobiernos subnacionales para formular, estructurar y supervisar proyectos complejos. La brecha entre la demanda municipal de infraestructura hídrica y la sofisticación requerida por los mercados de capitales es enorme. No se trata únicamente de voluntad política, sino de competencias institucionales: estudios de prefactibilidad deficientes, diseños incompletos, procesos de adquisición de terrenos sin resolver y evaluaciones ambientales insuficientes generan proyectos que no resisten la debida diligencia de un banco de inversión.

Estos tres cuellos de botella se retroalimentan. Marcos tarifarios débiles reducen la viabilidad financiera, lo que desincentiva la inversión en estructuración de calidad, lo que a su vez genera proyectos mal formulados que fracasan en licitación o en cierre financiero.

¿Qué modelos de estructuración están desbloqueando proyectos en la región?

Perú ofrece las señales más recientes de innovación institucional en este frente. En julio de 2026, ProInversión adjudicó el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cajamarca a FCC Aqualia S.A. por más de USD 123 millones bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). La adjudicación representa un hito porque demuestra que, con estructuración adecuada, el sector privado internacional está dispuesto a comprometer capital significativo en infraestructura de saneamiento en mercados de ingreso medio.

Paralelamente, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), regulado por la Ley N° 29230, ha mostrado una aceleración notable. Según Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, el mecanismo superó los S/ 5.000 millones en adjudicaciones durante el primer semestre de 2026, igualando en seis meses el volumen de todo el año anterior. OxI permite que empresas privadas adelanten el pago de impuestos para financiar directamente obras públicas, reduciendo la dependencia de la capacidad de ejecución presupuestal municipal. Para el sector de agua y saneamiento, esto significa que proyectos que habrían permanecido paralizados por insuficiencia presupuestal local pueden avanzar con financiamiento privado directo.

Christian Alfredo Barrantes Bravo, en su gestión como viceministro, evidenció los desafíos de destrabar obras paralizadas a nivel municipal, particularmente en proyectos de tratamiento de aguas residuales. Su experiencia confirma que el cuello de botella rara vez es la disponibilidad de recursos fiscales agregados, sino la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar y supervisar.

Desde la perspectiva institucional, Paola Lazarte ha señalado que la propuesta de creación de un Ministerio de Infraestructura en Perú, que absorbería el Programa Nacional de Saneamiento Rural y Urbano, no garantizará por sí sola el acceso a agua segura ni mejorará la estructuración de servicios sin una reforma integral del Estado. La centralización puede generar economías de escala en la formulación de proyectos, pero si no se acompaña de reformas en gobernanza, rendición de cuentas y marcos regulatorios, el resultado será simplemente trasladar la ineficiencia a una nueva entidad.

¿Qué perfil de estructurador necesita la región para cerrar la brecha entre demanda municipal y capital institucional?

El sector de agua y saneamiento requiere una generación de profesionales que combine competencias técnicas de ingeniería sanitaria con sofisticación financiera y comprensión regulatoria profunda. Los proyectos exitosos, como la PTAR Cajamarca, no son producto del azar: requieren equipos capaces de diseñar estructuras de pago que mitiguen el riesgo municipal, negociar garantías con multilaterales, calibrar tarifas políticamente viables y financieramente suficientes, y gestionar procesos de licitación complejos con múltiples partes interesadas.

El Banco Interamericano de Desarrollo estima que América Latina y el Caribe necesita invertir USD 2,22 billones, equivalentes al 3,12% del PIB regional, para cerrar la brecha de infraestructura general, destinando un 59% a nueva infraestructura y 41% a mantenimiento. En agua y saneamiento, la proporción de mantenimiento diferido es particularmente alta, lo que significa que buena parte de la inversión necesaria no generará activos nuevos visibles, sino que rehabilitará redes existentes, un tipo de proyecto que resulta menos atractivo políticamente y más difícil de estructurar como APP.

Desde el sector privado, perfiles como Eduardo Pérez Marchant, vinculado a la infraestructura comercial con criterios de sostenibilidad hídrica y economía circular, ilustran cómo la gestión eficiente del recurso hídrico puede integrarse en modelos de negocio que generan retorno verificable. El desafío para el sector público es replicar esa lógica de eficiencia operativa en la prestación de servicios de agua y saneamiento, haciendo los proyectos más atractivos para financistas institucionales.

La agenda pendiente: de los anuncios al cierre financiero

La comunidad de infraestructura en América Latina reconoce cada vez con mayor claridad que el problema del sector hídrico no es de demanda ni de recursos comprometidos, sino de estructuración y gobernanza. GRI Institute ha identificado esta temática como una de las prioridades analíticas de su agenda regional, facilitando encuentros entre estructuradores, reguladores, multilaterales y operadores privados para diagnosticar los cuellos de botella específicos que impiden la bancabilidad de los proyectos.

La experiencia reciente de Perú, con la adjudicación de la PTAR Cajamarca y la aceleración del mecanismo OxI, sugiere que los modelos existen. Lo que falta es escalarlos. Esto requiere tres condiciones: primero, marcos tarifarios que reconozcan el costo real del servicio y provean mecanismos de subsidio focalizado para poblaciones vulnerables. Segundo, instrumentos de garantía que permitan a los municipios acceder a financiamiento en condiciones razonables. Tercero, inversión sostenida en la capacidad institucional de los gobiernos subnacionales para formular y supervisar proyectos.

Sin estas tres condiciones, el pipeline seguirá creciendo en los informes de los multilaterales mientras 323 millones de personas en la región continúan sin saneamiento seguro. La infraestructura hídrica de América Latina no necesita más anuncios de inversión. Necesita proyectos que cierren.