César Stuart y los operadores que conectan capital institucional con infraestructura vial en Latinoamérica

US$70.000 millones en APPs marcan el nuevo ciclo de infraestructura en Perú

Proinversión anunció la promoción de proyectos de asociaciones público-privadas (APP) por cerca de US$70.000 millones entre 2025 y 2026, según datos de la propia agencia peruana. La cifra posiciona al país como uno de los mercados más activos de la región en materia de concesiones e inversión privada en infraestructura. Dentro de ese ecosistema, perfiles como el de César Stuart, Head de Banca Corporativa en el BCP (Banco de Crédito del Perú), cumplen un rol determinante: conectar el capital institucional con los proyectos que transforman corredores logísticos y generan valorización inmobiliaria en su área de influencia.

El contexto latinoamericano refuerza esa urgencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerrar la brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe requiere incrementar la inversión anual del 1,8% histórico al 3,12% del PIB regional. La distancia entre ambas cifras explica por qué los gobiernos de la región actualizan sus marcos legales para facilitar la entrada de capital privado y por qué los bancos corporativos se convierten en piezas estratégicas del engranaje.

¿Quién es César Stuart y cuál es su rol en el financiamiento de infraestructura en Perú?

César Stuart lidera la división de Banca Corporativa del BCP, el principal banco privado del Perú, desde donde estructura el financiamiento de proyectos de infraestructura y sostenibilidad. Su participación activa en foros sectoriales, incluidos encuentros organizados por GRI Institute, lo posiciona como un interlocutor relevante entre el capital institucional y los desarrolladores de activos reales en la región.

Uno de los hitos recientes bajo su liderazgo fue la estructuración de un préstamo verde de US$100 millones a Luz del Sur, según información publicada por Credicorp/BCP en 2024. Esta operación ilustra la convergencia entre financiamiento bancario, criterios de sostenibilidad y grandes proyectos de infraestructura, una tendencia que define el perfil de las transacciones corporativas en el Perú actual.

El rol de ejecutivos como Stuart trasciende la intermediación financiera convencional. En un mercado donde la cartera de APP proyectada alcanza los US$70.000 millones, la capacidad de evaluar riesgos de concesión, estructurar deuda de largo plazo y alinear condiciones con estándares internacionales de sostenibilidad se convierte en una competencia diferencial.

La banca corporativa peruana funciona como el puente operativo entre los fondos institucionales globales y los proyectos de infraestructura que requieren estructuras financieras complejas y horizontes de inversión prolongados.

¿Cómo impulsan los nuevos marcos legales de APP la inversión privada en infraestructura vial?

La región atraviesa una fase de modernización regulatoria diseñada para acelerar el despliegue de capital privado. En Perú, la Ley Nro. 32441, junto con el Decreto Legislativo Nro. 1712, modificó la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos con el objetivo de simplificar procesos y fortalecer la conducción de Proinversión. Esta reforma, vigente desde febrero de 2026, busca reducir los tiempos de adjudicación y otorgar mayor certeza jurídica a los inversionistas.

En paralelo, Costa Rica aprobó en primer debate, en mayo de 2026, su Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas, que crea la Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP) para ampliar el modelo APP a proyectos de inversión pública, incluyendo infraestructura vial. Aunque aún pendiente de ratificación definitiva, la iniciativa confirma una tendencia regional clara.

La actualización simultánea de marcos legales de APP en múltiples jurisdicciones latinoamericanas responde a una restricción fiscal compartida: los gobiernos carecen de espacio presupuestario para cerrar la brecha de infraestructura sin participación privada significativa.

Estas reformas crean condiciones más favorables para que operadores especializados participen en concesiones viales, aeroportuarias y logísticas, mientras los bancos corporativos estructuran el financiamiento necesario.

Gesvial y la operación de concesiones viales en Chile

Gesvial (Gestión Vial S.A.), filial del Grupo Costanera en Chile, representa el lado operativo de la infraestructura vial concesionada. La compañía participa en la Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, adjudicada con un presupuesto oficial de 843.000 UF más IVA, según el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile.

Este tipo de concesión vial genera un efecto multiplicador sobre el entorno inmobiliario. Los corredores de acceso aeroportuario incrementan la conectividad de zonas periurbanas, activan el desarrollo de parques logísticos y centros de distribución, e impulsan la valorización de terrenos adyacentes. Para los inversionistas institucionales, la combinación de infraestructura concesionada y plusvalía inmobiliaria ofrece un binomio de retorno atractivo con flujos predecibles.

El modelo de Gesvial, centrado en la gestión y operación de vías concesionadas, complementa la función financiera que desempeñan entidades como el BCP en Perú. Mientras el operador vial gestiona el activo físico y optimiza su desempeño operativo, la banca corporativa estructura los instrumentos de deuda y capital que hacen viable la inversión inicial.

Panorama macroeconómico y demanda global de infraestructura

El BID proyecta una expansión económica moderada del 2,1% para América Latina y el Caribe en 2026. Este crecimiento contenido obliga a los países de la región a priorizar la inversión en infraestructura como catalizador de productividad y competitividad, particularmente en un contexto donde el nearshoring redistribuye cadenas de suministro hacia México, Colombia y Perú.

A escala global, según McKinsey y el Foro Económico Mundial, satisfacer la demanda mundial de infraestructura requerirá 106 billones de dólares en inversión para 2040. Esa proyección convierte a la infraestructura en una de las clases de activo con mayor potencial de absorción de capital privado durante las próximas décadas.

América Latina necesita casi duplicar su inversión en infraestructura como porcentaje del PIB para cerrar una brecha que limita su competitividad logística y su capacidad de captar flujos de nearshoring.

En este escenario, la articulación entre operadores viales con experiencia en concesiones, bancos corporativos con capacidad de estructuración y marcos regulatorios modernizados define el triángulo que sostiene la nueva generación de proyectos de infraestructura en la región.

El ecosistema que conecta infraestructura vial con valorización inmobiliaria

La relación entre inversión en infraestructura vial y plusvalía inmobiliaria constituye uno de los argumentos más sólidos para atraer capital institucional hacia concesiones en América Latina. Cada nuevo corredor vial, acceso aeroportuario o conexión logística redefine el valor del suelo en su zona de influencia, generando oportunidades para desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión y operadores de activos logísticos.

Perfiles como el de César Stuart, desde la banca corporativa, y operadores como Gesvial, desde la gestión vial, ocupan posiciones complementarias en esta cadena de valor. El primero facilita el flujo de capital hacia los proyectos; el segundo garantiza la operación eficiente del activo concesionado. Ambos dependen de un entorno regulatorio que las recientes reformas en Perú y Costa Rica buscan fortalecer.

GRI Institute ha identificado esta convergencia entre infraestructura y real estate como uno de los ejes temáticos centrales en sus encuentros con líderes del sector en América Latina. La interacción entre ejecutivos de banca corporativa, operadores de concesiones y desarrolladores inmobiliarios genera un espacio de diálogo donde se negocian las condiciones de los proyectos que transformarán la infraestructura regional en los próximos años.

El pipeline de US$70.000 millones en APPs peruanas, combinado con concesiones viales activas en Chile y la modernización regulatoria en múltiples jurisdicciones, configura un momento singular para los actores que dominan la intersección entre financiamiento institucional, infraestructura concesionada y desarrollo inmobiliario en América Latina.