Radar de inversión: Colombia apunta a más de US$ 15.000 millones en infraestructura hacia 2030

Colombia proyecta recibir alrededor de US$ 15.000 millones en inversión extranjera directa impulsada por sectores como tecnología, energías renovables e infraestructura, según estimaciones de Cuatrecasas para el ciclo 2025-2026. La cifra configura uno de los horizontes de capital más relevantes de la región andina, aunque su materialización exige un alineamiento entre el marco regulatorio vigente, la capacidad fiscal del Estado y la disposición de actores privados para estructurar vehículos de inversión a escala.

Este radar analiza los datos más recientes sobre el pipeline sectorial, las tensiones regulatorias activas y los perfiles de capital posicionados para este ciclo.

La ANI ejecutó el 99,5% de su presupuesto de inversión en 2025

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contó con un presupuesto de inversión de $6.215 billones de pesos en 2025, de los cuales se comprometieron $6.187 billones, equivalentes al 99,5% del total disponible, según datos oficiales de la propia ANI publicados en abril de 2026. Este nivel de ejecución presupuestaria señala una capacidad institucional alta para canalizar recursos hacia proyectos concesionados.

En el frente carretero, el gobierno colombiano ha invertido $23,4 billones en proyectos concesionados, con desembolsos destacados en Autopistas al Mar 1 ($1,6 billones) y Río Magdalena 2 ($1,2 billones), de acuerdo con información de la ANI publicada en marzo de 2026. Estas cifras reflejan la consolidación del modelo de concesiones viales como columna vertebral de la infraestructura de transporte del país.

El mercado logístico latinoamericano proyecta un crecimiento anual superior al 6% entre 2026 y 2030, impulsado por nuevas concesiones viales y aeroportuarias, según GRI Hub. Colombia se posiciona como uno de los mercados que más contribuyen a esa tendencia regional.

¿Qué sectores componen el pipeline de infraestructura hacia 2030?

El portafolio de inversión colombiano se articula en cuatro ejes principales: transporte terrestre, infraestructura aeroportuaria, renovación urbana e infraestructura digital.

Transporte terrestre. Las concesiones viales de cuarta y quinta generación continúan concentrando el grueso de la inversión pública asociada. La Ley 2294 de 2023, que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, define la hoja de ruta para la infraestructura intermodal y otorga a la ANI, mediante su artículo 105, facultades excepcionales para estructurar y ejecutar proyectos multisectoriales en áreas como salud, educación, agua y saneamiento básico. Esta ampliación del mandato institucional abre la puerta a un pipeline que trasciende el transporte convencional.

Infraestructura aeroportuaria. El Ministerio de Transporte y la ANI activaron un plan de modernización aérea con una inversión de $167 mil millones para seis aeropuertos estratégicos, incluyendo la ampliación de Rionegro a una capacidad de 17 millones de pasajeros anuales, según datos del Ministerio de Transporte de Colombia publicados en marzo de 2026. En paralelo, Odinsa lidera una iniciativa privada para la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena con una inversión estimada superior a los US$ 800 millones, de acuerdo con información de Odinsa y GRI Hub de junio de 2026. La escala de este proyecto lo convierte en una de las mayores apuestas aeroportuarias del país en la última década.

Renovación urbana. Amarilo, constructora presidida por Roberto Moreno Mejía, lidera megaproyectos de renovación urbana en Bogotá. Lagos de Torca contempla una inversión de entre 3,5 y 4,5 billones de pesos, mientras que Quora alcanza cerca de 2,2 billones de pesos, según reportó Caracol Radio en diciembre de 2025. Estas iniciativas representan el mayor volumen de capital privado desplegado en transformación urbana en la capital colombiana.

Infraestructura digital. El mercado de data centers e infraestructura digital en Colombia podría mover unos US$ 1.160 millones hacia 2030, como parte de un sector de telecomunicaciones que genera entre US$ 11.000 y US$ 15.000 millones anuales, según estimaciones de Ilkari y TeleSemana. La convergencia entre conectividad, almacenamiento de datos y demanda corporativa posiciona a Colombia como un hub digital emergente en América Latina.

¿Cuáles son las condiciones regulatorias que determinan la activación del capital?

El volumen de capital disponible para infraestructura en Colombia depende de la previsibilidad del marco regulatorio tanto como de la rentabilidad de los proyectos individuales. En este frente, el panorama presenta señales mixtas.

La Ley 1508 de 2012, que establece el marco normativo para las Asociaciones Público Privadas (APP), sigue siendo el instrumento central bajo el cual se estructuran y evalúan las iniciativas privadas. Sin embargo, su aplicación reciente ha generado fricciones significativas. La iniciativa privada Conexión Centro, liderada por Odinsa con una inversión proyectada de COP 7 billones, fue rechazada por el Ministerio de Transporte en mayo de 2026 y se encuentra actualmente en proceso de apelación. Este caso ilustra la tensión entre la ambición del sector privado para estructurar megaproyectos bajo el esquema APP y la discrecionalidad gubernamental en la evaluación de propuestas.

La capacidad de Colombia para activar los flujos de inversión proyectados depende en gran medida de la estabilidad en la interpretación y aplicación de su marco de APP. Los inversionistas institucionales evalúan tanto la rentabilidad esperada como la certidumbre del proceso de adjudicación.

En el ámbito corporativo, Odinsa atraviesa un momento de transición interna. Pablo Arroyave Fernández dejó su cargo como vicepresidente financiero de la compañía tras más de diez años, siendo reemplazado por Diana Marcela Bernal Orozco a partir del 1 de julio de 2026, según Valora Analitik. El cambio en la dirección financiera de uno de los principales estructuradores de infraestructura del país ocurre en un momento de alta actividad en su portafolio de iniciativas privadas.

El benchmark andino: movilización de capital desde la banca de desarrollo

La dinámica colombiana se enmarca en un contexto regional donde la movilización de capital privado para infraestructura es una prioridad compartida. Jorge Velarde, presidente del directorio de COFIDE en Perú, anunció un programa de US$ 100 millones destinado a infraestructura, subrayando la necesidad de articular capital privado en la región andina, según información de GRI Hub News de junio de 2026.

Este tipo de instrumentos desde la banca de desarrollo, orientados a reducir el riesgo de los proyectos en etapa temprana y a catalizar inversión institucional, constituyen un modelo complementario al esquema de concesiones que predomina en Colombia. La capacidad de combinar recursos de banca de desarrollo con capital institucional y estructuración privada definirá qué países andinos logran cerrar efectivamente la brecha de infraestructura en este ciclo.

Los vehículos de capital y la ventana de oportunidad

El pipeline colombiano presenta una combinación de proyectos en distintas fases de maduración. Las concesiones viales activas, con niveles de ejecución cercanos al total del presupuesto disponible, ofrecen flujos predecibles para inversionistas de largo plazo. Las iniciativas privadas en aeropuertos, como el nuevo terminal de Cartagena, requieren estructuración financiera compleja pero ofrecen escala significativa.

La renovación urbana liderada por actores como Amarilo representa un segmento de inversión diferenciado, donde el capital privado opera con mayor autonomía respecto al ciclo regulatorio de concesiones. Y la infraestructura digital, con un mercado potencial de más de US$ 1.000 millones, atrae un perfil de inversionista distinto, más cercano a fondos tecnológicos y de telecomunicaciones.

Colombia tiene los activos, los estructuradores y la escala de mercado para convertirse en uno de los destinos prioritarios de capital en infraestructura de América Latina hacia 2030. La variable determinante es la coherencia regulatoria en la evaluación de iniciativas privadas y la capacidad del marco de APP para ofrecer certidumbre a los inversionistas de largo plazo.

Líderes del sector de infraestructura en América Latina analizan estas dinámicas de inversión y regulación en los encuentros de GRI Institute, donde la interacción directa entre estructuradores, inversionistas institucionales y responsables de política pública permite anticipar los movimientos del mercado.

Perspectiva

El horizonte 2030 para la infraestructura colombiana combina un volumen de capital proyectado considerable con un pipeline diversificado en sectores y fases de maduración. La ejecución presupuestaria de la ANI en 2025 demuestra capacidad institucional. Los actores privados, desde Odinsa en concesiones y aeropuertos hasta Amarilo en renovación urbana, están desplegando capital a escala.

El factor crítico reside en las condiciones regulatorias. El tratamiento de iniciativas privadas como Conexión Centro y la estabilidad del marco de APP definirán si Colombia logra activar el volumen completo de inversión que su mercado puede absorber. Para los inversionistas institucionales que evalúan la región andina, Colombia ofrece escala y diversificación sectorial, dos atributos que pocos mercados latinoamericanos combinan simultáneamente.