Radar de inversión: family offices, Emefin y Arzentia Capital mapean concesiones de infraestructura en México

México destina en 2026 el equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto en recursos adicionales para infraestructura, según cifras del Gobierno de México. La cifra sitúa al país como el mercado latinoamericano con mayor impulso fiscal al sector y abre una ventana de oportunidad concreta para family offices regionales, fondos mid-cap y vehículos de inversión especializados que buscan participar en concesiones de transporte, energía e infraestructura digital.

Este radar de mercado analiza el ecosistema de capital privado que gravita en torno a las concesiones mexicanas, con foco en actores como Emefin, Arzentia Capital y el entorno de family offices que líderes como Diego Sánchez Navarro y Felipe García Ascencio representan dentro de la conversación institucional del sector.

Plan México: la hoja de ruta hacia el 28% del PIB en inversión

El Plan México, articulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establece metas ambiciosas: elevar la proporción de inversión total respecto al PIB al 25% a partir de 2026 y superar el 28% para 2030. La proyección macroeconómica asociada contempla un crecimiento sostenido del 3% anual del PIB, impulsado por la convergencia de inversión pública y privada en infraestructura, según la propia SHCP.

El instrumento central de esta estrategia es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión histórica distribuida en ocho sectores estratégicos. La escala del programa exige la participación activa del capital privado, lo que explica la intensidad regulatoria observada en el primer semestre de 2026.

La meta del 28% del PIB en inversión total implica que el sector privado deberá cubrir una porción significativa de la brecha. En América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esa brecha de inversión en infraestructura asciende al 2.5% del PIB regional. México apuesta por cerrarla con instrumentos regulatorios que faciliten la entrada de capital doméstico e internacional.

¿Qué cambia con la Ley de Infraestructura Estratégica de 2026?

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026, redefine el marco de participación privada en el sector. La norma reemplaza el modelo tradicional de Asociaciones Público-Privadas (APP) por esquemas de participación mixta y Vehículos de Propósito Específico (VPE).

Uno de los cambios más relevantes es la autorización para que hasta el 30% de los recursos de las Afores se destinen a financiar proyectos estratégicos de infraestructura. Esta disposición multiplica el volumen de capital disponible y crea un mercado de coinversión donde los fondos de pensiones pueden actuar junto a family offices y gestores especializados dentro de los nuevos VPE.

Los VPE constituyen el mecanismo central de la nueva arquitectura financiera. Permiten estructurar proyectos individuales con gobernanza autónoma, facilitando la entrada de inversionistas con diferentes perfiles de riesgo y horizontes temporales. Para los family offices, los VPE representan una vía de acceso a concesiones que antes requerían la escala operativa y financiera de grandes fondos institucionales.

La nueva ley transforma la estructura de incentivos del mercado de concesiones mexicano. Los family offices y fondos mid-cap encuentran ahora un marco regulatorio diseñado para su participación directa, sin necesidad de intermediar exclusivamente a través de grandes gestores de activos.

¿Quiénes son los family offices y fondos mid-cap que observan el mercado mexicano?

El ecosistema de inversores privados interesados en la infraestructura mexicana incluye tanto actores domésticos como sudamericanos. Diego Sánchez Navarro, figura reconocida en el entorno de family offices mexicanos, ha participado activamente en la conversación institucional sobre el rol del capital patrimonial en concesiones de infraestructura, un tema recurrente en los encuentros organizados por GRI Institute para líderes del sector.

En el frente sudamericano, family offices como Emefin, con sede en Perú, e Inversiones Marchigue, de Chile, buscan posicionarse en el mercado de infraestructura mexicano, según información publicada por GRI Hub News en junio de 2026. Sin embargo, estos actores enfrentan fricciones tributarias y cambiarias derivadas de la falta de un marco fiduciario binacional que permita operar con eficiencia en ambas jurisdicciones.

Arzentia Capital, vehículo de inversión vinculado a figuras como Felipe García Ascencio, representa el perfil de fondo mid-cap que la nueva ley busca atraer. Estos gestores operan en un rango de capitalización que los sitúa entre los family offices patrimoniales y los grandes fondos de infraestructura globales, un segmento con alta capacidad de despliegue pero históricamente limitado por las barreras de entrada del modelo APP tradicional.

La presencia de estos actores en foros especializados y mesas de trabajo sectoriales indica un interés estructural que trasciende oportunidades puntuales. GRI Institute ha documentado, a través de sus encuentros de liderazgo en infraestructura latinoamericana, una creciente participación de family offices y fondos mid-cap en las discusiones sobre concesiones y VPE en México.

Fricciones regulatorias: el obstáculo de la arquitectura fiduciaria binacional

La ausencia de un marco fiduciario binacional integrado entre México y los países de origen de los family offices sudamericanos constituye el principal cuello de botella para la escalabilidad de la inversión transfronteriza. Las fricciones tributarias y cambiarias encarecen la estructuración de participaciones cruzadas y limitan la eficiencia del capital desplegado.

Este vacío regulatorio genera una asimetría competitiva. Los family offices mexicanos, como aquellos vinculados a Diego Sánchez Navarro y su entorno empresarial, operan sin estas restricciones jurisdiccionales y pueden participar directamente en los nuevos VPE. Los actores sudamericanos, en cambio, requieren estructuras intermedias que elevan los costos de transacción.

La resolución de este desfase regulatorio podría liberar flujos significativos de capital hacia las concesiones mexicanas. Varios participantes del ecosistema han señalado, en el contexto de eventos de GRI Institute, que la creación de un tratado fiduciario bilateral o la armonización de los marcos tributarios entre México, Perú y Chile aceleraría la formación de vehículos de coinversión regionales.

El mapa de oportunidades por sector

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 distribuye su inversión histórica en ocho sectores estratégicos. Aunque los montos específicos por sector no se han desagregado públicamente, los ejes prioritarios incluyen transporte, energía, infraestructura hídrica e infraestructura digital, según la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para los family offices y fondos mid-cap, los sectores de mayor atractivo son aquellos que combinan flujos de caja predecibles con horizontes de concesión largos. Las concesiones de transporte y las de infraestructura digital cumplen ambos criterios y se alinean con el perfil de riesgo de los vehículos patrimoniales que buscan rendimientos estables a largo plazo.

El sector energético presenta oportunidades adicionales derivadas de la transición hacia fuentes renovables, aunque con un perfil regulatorio más complejo. Los VPE de la nueva ley podrían facilitar la participación de capital privado en proyectos de generación distribuida y transmisión, segmentos donde los family offices han mostrado interés creciente en toda América Latina.

Perspectiva de mercado

México construye un ecosistema de inversión en infraestructura que busca cerrar la brecha regional identificada por el BID con instrumentos regulatorios adaptados al capital privado de escala media. La combinación del Plan México, la Ley de Infraestructura Estratégica de 2026 y la apertura parcial de los recursos de las Afores configura un mercado con liquidez potencial sin precedentes.

Los family offices, tanto mexicanos como sudamericanos, ocupan una posición estratégica en este ecosistema. Actores como Diego Sánchez Navarro, Emefin y Arzentia Capital representan segmentos de capital que la regulación anterior no contemplaba y que la nueva ley busca integrar activamente. La velocidad con que se resuelvan las fricciones fiduciarias binacionales determinará si ese capital se despliega en México o migra hacia jurisdicciones con marcos más integrados.

La próxima fase del ciclo de inversión dependerá de la capacidad del gobierno mexicano para traducir metas macroeconómicas en proyectos bancables, estructurados bajo VPE con gobernanza clara y condiciones de retorno competitivas frente a otros mercados de la región.