Radar de inversión: el mapa del capital europeo de segunda generación que compite por concesiones en México y los Andes

La cartera total de proyectos de capital e infraestructura en América Latina alcanza los 2,4 billones de dólares, con Chile registrando 1.223 proyectos, México 1.210 y Perú 883 proyectos activos, según datos de BNamericas correspondientes a marzo de 2026. Esa cifra dimensiona un terreno de juego donde la competencia entre capital europeo, family offices locales y operadores regionales define la próxima generación de concesiones en transporte, energía e infraestructura digital.

El ecosistema de inversión en infraestructura latinoamericana atraviesa una reconfiguración silenciosa pero profunda. Mientras los grandes operadores nórdicos y franceses consolidaron posiciones en la última década, una segunda ola de capital europeo, compuesta por bancos de inversión con mandatos especializados, vehículos híbridos y plataformas de financiamiento estructurado, se posiciona para disputar los próximos ciclos de licitación en la región andina y México.

¿Quiénes integran la segunda ola de capital europeo en infraestructura latinoamericana?

La presencia de instituciones financieras europeas en América Latina ha evolucionado más allá de los actores históricamente dominantes. Un caso representativo es Crédit Agricole CIB, cuya operación en Perú y Chile, liderada por Philippe Chastain Polette como vicepresidente para ambos mercados, abarca banca corporativa, financiamiento estructurado y financiamiento de proyectos en los sectores de minería, energía e infraestructura, según información verificada por GRI Institute y Crédit Agricole.

La relevancia de este tipo de plataformas radica en su capacidad para estructurar deuda de largo plazo en moneda local y en dólares, un factor crítico para concesiones de infraestructura que requieren periodos de repago superiores a 15 años. El financiamiento estructurado europeo ofrece a los proyectos latinoamericanos una alternativa de capital paciente que los fondos de private equity tradicionales rara vez igualan en plazo y condiciones.

Esta segunda generación de capital europeo se distingue de la primera por tres características: opera a través de mandatos sectoriales específicos en lugar de fondos generalistas, prioriza mercados con marcos regulatorios probados en asociaciones público-privadas (APP) y busca coinvertir con operadores locales en lugar de competir frontalmente contra ellos.

¿Cómo responden los family offices latinoamericanos a la llegada de capital europeo?

La competencia por concesiones de infraestructura no proviene exclusivamente de Europa. Los family offices latinoamericanos están diversificando sus portafolios desde el sector inmobiliario tradicional hacia la infraestructura productiva, generando una dinámica competitiva que reconfigura el perfil de los oferentes en procesos de licitación.

En Chile, Inversiones Marchigue SpA, un family office vinculado a la familia Izquierdo Menéndez, posee una participación accionaria del 17,6% en Puerto Ventanas, según registros de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile correspondientes a 2024. Esta posición en infraestructura portuaria ilustra cómo el capital familiar chileno ha transitado hacia activos de infraestructura con flujos de caja predecibles y exposición a comercio exterior.

En Perú, Emefin, el brazo inversor de la familia Mulder, gestiona inversiones en los sectores inmobiliario, químico y de retail, operando más de 575 tiendas en Europa y América Latina, según PET worldwide (marzo de 2026). El grupo proyecta abrir 80 nuevas tiendas en cinco países durante 2026 para consolidar su red minorista y capacidades omnicanal. Aunque el foco actual de Emefin se concentra en retail, su escala operativa transnacional y su capacidad de despliegue de capital lo posicionan como un actor potencial en la diversificación hacia infraestructura logística y digital.

En México, grupos familiares con experiencia en desarrollo inmobiliario exploran oportunidades en infraestructura productiva, particularmente en segmentos vinculados al nearshoring como parques industriales y centros de datos. La convergencia entre capital inmobiliario y capital de infraestructura es una tendencia que los miembros de GRI Institute han identificado como uno de los vectores de crecimiento más relevantes para la región.

Transiciones de liderazgo en las concesionarias locales

El panorama competitivo se transforma también desde dentro de las concesionarias regionales. Pablo Arroyave Fernández dejó su cargo como vicepresidente financiero (CFO) de Odinsa tras más de 10 años en la compañía, siendo reemplazado por Diana Marcela Bernal Orozco a partir del 1 de julio de 2026, según Valora Analitik.

La salida de un ejecutivo con una década de trayectoria en una de las principales concesionarias colombianas marca un punto de inflexión en el liderazgo de los operadores locales, justo cuando la competencia por contratos de APP se intensifica con la llegada de capital europeo de segunda generación.

Odinsa, como operador de referencia en concesiones viales y aeroportuarias en Colombia, enfrenta un ciclo de renovación directiva que coincide con la expansión del apetito inversor europeo por mercados andinos. La capacidad de las concesionarias locales para retener talento ejecutivo de alto nivel será determinante en su posición negociadora frente a consorcios internacionales.

El acuerdo UE-Mercosur como catalizador de flujos de capital

El Acuerdo Comercial Interino (iTA) entre la Unión Europea y el Mercosur, con entrada en vigor provisional desde el 1 de mayo de 2026, establece un marco de cooperación estratégica y comercial que facilita la entrada de capital europeo hacia América Latina, con impacto directo en inversiones de infraestructura y energía.

Según BNamericas, se proyecta que el acuerdo Mercosur-Unión Europea atraerá un mayor flujo de capital europeo hacia la región, impulsando proyectos greenfield y transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en infraestructura a partir de 2026. Este marco regulatorio supranacional reduce la fricción para vehículos de inversión europeos que buscan participar en licitaciones y coinversiones en mercados como Chile y Perú, donde los tratados bilaterales de inversión ya ofrecían protecciones, pero carecían de un paraguas comercial integral.

Para los mercados andinos, el acuerdo refuerza la previsibilidad jurídica que los fondos institucionales europeos exigen como condición para desplegar capital en concesiones de largo plazo. Chile, con su sistema de concesiones maduro y 1.223 proyectos activos, se perfila como el principal beneficiario de esta dinámica.

Regulación ambiental y barreras de entrada en infraestructura digital

La competencia por capital no se limita a transporte y energía. La infraestructura digital, particularmente los centros de datos, emerge como un segmento donde la regulación ambiental condiciona la entrada de inversores internacionales.

En Chile, la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para data centers, vigente desde febrero de 2026, establece estándares ambientales y de uso de agua que ordenan las barreras de entrada para el capital extranjero en el sector digital. Esta regulación introduce requisitos de cooling baseline que elevan los costos iniciales de desarrollo, pero al mismo tiempo generan certidumbre regulatoria, un atributo que los fondos europeos valoran particularmente.

La intersección entre regulación ambiental e infraestructura digital representa un espacio donde el capital europeo de segunda generación, con experiencia en cumplimiento de estándares ESG rigurosos, puede encontrar una ventaja competitiva frente a operadores locales menos familiarizados con marcos de reporte ambiental equivalentes.

Perspectivas para el segundo semestre de 2026

El mapa de capital que compite por concesiones en México y los Andes se ha vuelto considerablemente más complejo. La coexistencia de bancos europeos con mandatos especializados, family offices latinoamericanos en proceso de diversificación y concesionarias locales en transición de liderazgo configura un entorno donde la capacidad de estructuración financiera y el conocimiento regulatorio local serán los factores diferenciadores.

Con un pipeline regional que supera los 2,4 billones de dólares y marcos regulatorios que favorecen la entrada de capital institucional, el segundo semestre de 2026 se presenta como un periodo de definición para la infraestructura latinoamericana. Los líderes del sector que participan en los encuentros de GRI Institute han señalado que la velocidad de ejecución y la calidad de las alianzas locales determinarán qué actores capturan la porción más significativa de este ciclo de inversión.

La pregunta central ya no es si el capital europeo de segunda generación llegará a América Latina, sino en qué condiciones y con qué socios locales lo hará.