Radar de inversión: ejecutivos corporativos que conectan capital institucional con infraestructura en Colombia

Más de $100 billones en CDT por vencer reconfiguran el mapa de inversión en infraestructura colombiana

El vencimiento de más de $100 billones de pesos colombianos en certificados de depósito a término (CDT) durante 2026 abre una oportunidad histórica de recomposición de portafolios hacia activos reales e inmobiliarios, según datos de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA). En un entorno donde la inflación persistente en Colombia cerró en 5,10% en 2025, de acuerdo con la misma fuente, los inversionistas institucionales enfrentan la necesidad de priorizar activos con flujos indexados que protejan el valor real de su capital.

Este contexto macroeconómico sitúa a la infraestructura como una clase de activo estratégica. Y en el centro de la ecuación aparecen figuras del ecosistema corporativo colombiano cuyo rol trasciende la operación técnica o la banca de inversión: ejecutivos de alto nivel que, desde juntas directivas y posiciones de liderazgo, canalizan capital institucional hacia proyectos de gran escala.

¿Qué papel juegan los ejecutivos corporativos en la movilización de capital hacia infraestructura?

Fabio Villegas representa un arquetipo cada vez más relevante en América Latina: el ejecutivo corporativo que transita entre sectores como aviación, turismo y energía, acumulando una red de relaciones institucionales que resulta decisiva para conectar grandes bloques de capital con oportunidades de infraestructura. Ex-CEO de Avianca y de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Villegas ha ocupado posiciones en juntas directivas de conglomerados colombianos de primer nivel, consolidándose como un articulador entre el mundo corporativo y los flujos de inversión de largo plazo.

A diferencia de los estructuradores financieros o los banqueros de inversión, cuyo trabajo se concentra en el diseño y cierre de transacciones, ejecutivos como Villegas operan en una capa distinta: la del relacionamiento institucional que precede y habilita esas transacciones. Su capacidad para leer el entorno regulatorio, anticipar ciclos de capital y facilitar conversaciones entre fondos de pensiones, aseguradoras, family offices y desarrolladores de proyectos los convierte en piezas clave del ecosistema.

En un mercado donde la ejecución presupuestal en transporte alcanzó mínimos históricos, según reportó GRI Institute con datos de 2025 indicando que Colombia ejecutó menos de la mitad del presupuesto asignado en ese rubro, la participación del sector privado se vuelve indispensable para cerrar la brecha de infraestructura. Los ejecutivos corporativos con credibilidad institucional actúan como catalizadores de esa participación.

La validación macroeconómica: proyecciones que sostienen la tesis de inversión

Munir Jalil, desde BTG Pactual, ha proyectado un crecimiento del PIB de 2,6% para Colombia en 2025 y una inflación convergiendo al 3%, según datos compartidos en el marco de análisis de GRI Institute. Estas proyecciones validan las condiciones macroeconómicas para la inversión en infraestructura, al sugerir un entorno de estabilización gradual que favorece los compromisos de capital de largo plazo.

La combinación de tasas de interés en descenso, vencimientos masivos de CDT y una inflación que tiende a normalizarse configura una ventana de oportunidad poco frecuente para redirigir capital institucional hacia activos reales de infraestructura. Este es el argumento central que circula entre los principales actores del mercado andino.

El rol de economistas jefe como Jalil complementa el de los ejecutivos corporativos: mientras los primeros proveen la narrativa macroeconómica que justifica la asignación de capital, los segundos facilitan las conexiones institucionales que la materializan. Es una división de funciones que el mercado colombiano ha desarrollado con creciente sofisticación.

¿Cómo se expande esta dinámica hacia el resto de la región andina?

El fenómeno de ejecutivos corporativos que articulan capital institucional con infraestructura no es exclusivo de Colombia. En Chile y Perú, perfiles similares operan en la intersección entre gestión de activos y desarrollo de infraestructura.

Claudio Chamorro, CEO de Red Megacentro, gestiona infraestructura logística con 46 puntos de operación en Chile, Perú y Estados Unidos, según información de la Universidad Finis Terrae. Su perfil ilustra cómo la experiencia en gestión de activos reales, en particular en logística e infraestructura de distribución, genera un puente natural hacia proyectos de mayor escala.

Perú, por su parte, busca adjudicar más de 15.800 millones de dólares en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) entre 2025 y 2026, según datos de GRI Institute. Esta cifra convierte al país en uno de los mercados más activos de América Latina en estructuración de infraestructura bajo esquemas de participación privada, y demanda exactamente el tipo de articulación institucional que ejecutivos como Villegas o Chamorro representan en sus respectivos mercados.

Nuevos marcos regulatorios redefinen las reglas del juego

Dos desarrollos normativos recientes configuran el entorno regulatorio que estos ejecutivos deben navegar.

En Colombia, el Decreto 0216 de 2026, expedido el 5 de marzo, modifica parcialmente el Decreto 2147 de 2016 para flexibilizar las condiciones y requisitos para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales destinadas al desarrollo de infraestructura y actividades ferroviarias. Esta medida abre un nuevo frente de oportunidades para inversionistas institucionales interesados en infraestructura de transporte, al reducir barreras regulatorias para proyectos estratégicos.

En México, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente en el Senado a abril de 2026, crea un nuevo esquema de inversión mixta mediante Vehículos de Propósito Específico (VPE). El gobierno mexicano proyecta que este marco detonará inversiones por 5,6 billones de pesos entre 2026 y 2030, según El País y el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar. La creación de VPE representa un cambio estructural en la forma en que México articula la inversión público-privada en infraestructura, reemplazando en la práctica el modelo tradicional de APP.

Esta ley permite iniciar contrataciones sin suficiencia presupuestaria previa en casos excepcionales, lo cual introduce una flexibilidad sin precedentes en la ejecución de proyectos de infraestructura estratégica en la región.

El mapa de oportunidades para el capital institucional

La convergencia de factores macroeconómicos, regulatorios y de mercado dibuja un escenario favorable para la infraestructura en América Latina, pero también exige una capa de intermediación institucional más sofisticada.

Los más de $100 billones en CDT que vencen en Colombia durante 2026, combinados con una inflación que presiona la búsqueda de rendimientos reales, generan una masa de capital que necesita destino. Los proyectos de infraestructura, con sus flujos indexados y horizontes de largo plazo, ofrecen exactamente el perfil de activo que los inversionistas institucionales requieren.

Pero la canalización efectiva de ese capital demanda más que buenos proyectos y buenas tasas. Requiere ejecutivos con la credibilidad, las redes y la experiencia sectorial para articular conversaciones entre partes que operan con lógicas distintas: fondos de pensiones que buscan estabilidad, desarrolladores que necesitan financiamiento, gobiernos que requieren ejecución.

Desde GRI Institute, el seguimiento de estas dinámicas permite identificar patrones que se replican a lo largo de la región. Los encuentros entre líderes de infraestructura en América Latina revelan consistentemente que la calidad de la intermediación institucional es tan determinante como la calidad de la ingeniería financiera para el éxito de los proyectos.

Perspectiva regional: un ecosistema en transformación

El ecosistema de infraestructura andino atraviesa una transformación que va más allá de los ciclos de inversión. La profesionalización de los roles de articulación entre capital institucional y proyectos, la sofisticación de los marcos regulatorios y la creciente disposición de los gobiernos a compartir riesgo con el sector privado configuran un mercado que madura de forma acelerada.

Colombia, con su combinación de presión fiscal y oportunidad financiera, se posiciona como un laboratorio de esta transformación. Perú, con su ambicioso pipeline de APP, ofrece escala. México, con su nueva legislación de VPE, introduce innovación institucional. Y Chile, con su base de gestores de activos reales, aporta experiencia operativa.

Para los líderes que operan en esta intersección, las decisiones de los próximos 18 meses definirán la estructura de la infraestructura latinoamericana para la próxima década.