Emefin y el puente de capital sudamericano hacia México: por qué los family offices necesitan arquitectura fiduciaria binacional

El capital sudamericano que busca posicionarse en el mercado inmobiliario y de infraestructura de México enfrenta un desafío que trasciende la selección de activos: la ausencia de una arquitectura fiduciaria binacional eficiente que permita escalar operaciones sin incurrir en costos de fricción desproporcionados. Emefin, el family office peruano vinculado a la familia Mulder, e Inversiones Marchigue, sociedad chilena de la familia Izquierdo Menéndez, representan dos expresiones concretas de ese corredor de capital que compite hoy junto a fondos mexicanos consolidados como Arzentia Capital y Artha Capital por financiar el ecosistema de deuda de infraestructura y real estate en México, según registra GRI Institute en sus análisis de mercado de 2026.

La promulgación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2026, introdujo un cambio estructural: los Vehículos de Propósito Específico (VPE) sustituyen el modelo tradicional de Asociaciones Público-Privadas (APP) y permiten inversión mixta con participación de hasta el 30% de recursos de las Afores, según lo reportado por el Senado de la República. Esta apertura amplía el universo de coinversión para actores internacionales, pero también eleva la complejidad regulatoria para quienes estructuran capital desde jurisdicciones sudamericanas.

El Plan México proyecta mantener la inversión total respecto del PIB por encima del 25% a partir de 2026, con la meta de alcanzar el 28% al final de la década, de acuerdo con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Cumplir esa meta requiere una fuerte inyección de capital privado e institucional. Los family offices del Cono Sur constituyen una fuente natural de ese capital, pero su capacidad de despliegue está condicionada por fricciones que el marco normativo vigente no resuelve de manera integral.

¿Cómo estructura un family office sudamericano un deal inmobiliario en México?

La mecánica operativa de un family office como Emefin o Inversiones Marchigue al ingresar al mercado mexicano involucra múltiples capas de complejidad legal y financiera. El vehículo más utilizado históricamente ha sido el fideicomiso inmobiliario mexicano, que permite a inversionistas extranjeros acceder a propiedad en zonas restringidas y estructurar flujos de renta con cierta eficiencia fiscal. Sin embargo, la constitución de un fideicomiso desde una jurisdicción sudamericana implica navegar simultáneamente dos regímenes regulatorios, dos marcos tributarios y, con frecuencia, dos monedas con volatilidades asimétricas.

La intermediación cambiaria representa un costo significativo para estos actores. Convertir soles peruanos, pesos chilenos o pesos argentinos a pesos mexicanos para fondear un fideicomiso genera spreads que, acumulados sobre múltiples transacciones y a lo largo de la vida de un proyecto, erosionan los retornos netos de manera sustancial. A diferencia de los grandes fondos institucionales que negocian tipos de cambio preferenciales y acceden a coberturas sofisticadas, los family offices mid-cap operan con menor poder de negociación frente a la banca corresponsal.

La nueva Ley de Infraestructura Estratégica agrega una variable adicional. Los VPE permiten esquemas de participación mixta que combinan capital público y privado, lo cual abre oportunidades atractivas para coinversión en proyectos de gran escala. Pero participar en un VPE desde una estructura fiduciaria constituida en Perú o Chile exige claridad sobre el tratamiento fiscal de los flujos, la repatriación de utilidades y el reconocimiento jurídico del vehículo en la jurisdicción de origen del capital.

La capacidad de escalar inversiones inmobiliarias cross-border depende menos del apetito de riesgo y más de la eficiencia del andamiaje legal que conecta las jurisdicciones de origen y destino del capital.

¿Qué fricciones tributarias limitan la escala del capital sudamericano en real estate mexicano?

Entre México y Chile existe un Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal, vigente y operativo, que permite acreditar el impuesto pagado en el país de origen para mitigar la doble tributación en inversiones inmobiliarias y de capital. Este instrumento constituye la base jurídica sobre la cual Inversiones Marchigue y otros vehículos chilenos pueden estructurar su exposición al mercado mexicano con cierto grado de previsibilidad fiscal.

Sin embargo, la existencia de un tratado no elimina la fricción operativa. Los procesos de acreditación fiscal entre ambos países implican tiempos administrativos prolongados, documentación extensiva y, en algunos casos, interpretaciones divergentes de las autoridades tributarias sobre el tratamiento de rentas inmobiliarias específicas. Para un family office que maneja un portafolio diversificado con exposición simultánea a varios proyectos, estos costos de cumplimiento se multiplican.

El caso peruano presenta una complejidad diferente. Emefin opera desde una jurisdicción cuyo convenio fiscal con México tiene alcances y particularidades propias, y donde la estructuración de vehículos de inversión offshore para canalizar capital hacia fideicomisos mexicanos requiere un diseño legal a medida. La ausencia de tratados específicamente diseñados para cubrir la operativa de real estate cross-border, con cláusulas que contemplen los VPE introducidos por la legislación de 2026, genera un vacío que incrementa los costos de asesoría legal y estructuración.

La doble tributación efectiva, aquella que resulta de las fricciones operativas incluso cuando existe un tratado vigente, actúa como un impuesto invisible que reduce la competitividad del capital sudamericano frente a los fondos domésticos mexicanos.

Este punto marca una diferencia competitiva relevante. Actores como Arzentia Capital o Artha Capital, al operar desde México, no enfrentan estos costos de estructuración transfronteriza. El modelo tradicional de gobernanza de concesiones e infraestructura en México, asociado a figuras como Rafael Cervantes de la Teja, ha funcionado históricamente dentro de un marco doméstico que no necesitaba resolver la complejidad binacional. La nueva generación de estructuradores financieros impulsados por la Ley de Infraestructura de 2026, según registra GRI Institute, opera bajo tensiones estructurales frente a ese modelo tradicional, pero al menos lo hace dentro de una sola jurisdicción fiscal.

¿Por qué el modelo cross-border exige un marco fiduciario binacional que hoy no existe?

La tesis central es directa: el volumen de capital sudamericano disponible para real estate e infraestructura en México supera con creces la capacidad del marco regulatorio actual para canalizarlo de manera eficiente. Los instrumentos existentes, tratados de doble imposición, fideicomisos inmobiliarios, estructuras holding intermedias, fueron diseñados para un mundo de transacciones puntuales, no para el despliegue sistemático de capital patrimonial a través de fronteras.

Un marco fiduciario binacional eficiente requeriría, como mínimo, tres componentes. Primero, reconocimiento mutuo de vehículos de inversión: que un fideicomiso constituido bajo ley mexicana sea reconocido fiscalmente en Perú o Chile sin necesidad de recaracterización. Segundo, mecanismos de compensación cambiaria que reduzcan los spreads de conversión para flujos recurrentes asociados a proyectos de largo plazo. Tercero, cláusulas tributarias específicas para los nuevos VPE que la Ley de Infraestructura Estratégica ha introducido, de modo que los inversionistas sudamericanos puedan participar en esquemas de inversión mixta con las Afores sin enfrentar una carga fiscal duplicada.

La construcción de corredores de inversión inmobiliaria entre Sudamérica y México no requiere únicamente capital y oportunidades, sino una infraestructura jurídica y fiduciaria que hoy se encuentra fragmentada entre jurisdicciones que no dialogan con suficiente fluidez.

Ninguno de estos componentes existe hoy de manera integrada. Los family offices que operan en este espacio, Emefin desde Perú, Inversiones Marchigue desde Chile, y otros actores que participan activamente en los foros y encuentros de GRI Institute en América Latina, resuelven estas fricciones caso por caso, mediante estructuras ad hoc que funcionan pero no escalan.

El camino hacia la institucionalización

El contexto macroeconómico favorece la acción. La meta del Plan México de llevar la inversión al 28% del PIB antes del cierre de la década, combinada con la apertura que representan los VPE y la participación ampliada de las Afores, crea un entorno donde el capital extranjero es bienvenido pero necesita canales institucionales más sofisticados.

Para los family offices sudamericanos, la ventana de oportunidad es clara. México ofrece un mercado inmobiliario y de infraestructura con profundidad, liquidez creciente y un impulso regulatorio favorable. Pero capturar esa oportunidad a escala requiere superar el modelo artesanal de estructuración deal-by-deal y avanzar hacia una arquitectura fiduciaria binacional que reduzca costos, mitigue riesgos regulatorios y permita un despliegue de capital predecible.

Las conversaciones dentro de la comunidad de GRI Institute en América Latina reflejan esta tensión. Los líderes del sector reconocen que el capital está disponible, que las oportunidades existen y que la voluntad política acompaña. Lo que falta es el puente institucional, la ingeniería legal y financiera que convierta transacciones aisladas en un corredor de inversión robusto y replicable.

La pregunta ya no es si los family offices del Cono Sur invertirán en México. La pregunta es si lo harán con la escala y eficiencia que ambas partes necesitan.