Capital político-institucional en el real estate peruano: quién captura el ciclo andino en 2026

El factor invisible que acelera o paraliza el real estate en Perú

Perú atraviesa una ventana de oportunidad poco frecuente en el ciclo inmobiliario andino. Lima Metropolitana comercializó 24,713 viviendas en 2025, con una facturación superior a S/ 11,000 millones y un crecimiento interanual del 19%, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). Las proyecciones de Nexo Inmobiliario e Infobae anticipan un crecimiento sostenido de entre 6% y 8% en ventas inmobiliarias para 2026, impulsado por proyectos en Lima Moderna y Lima Centro. Sin embargo, la capacidad de capturar ese ciclo no depende solo de la demanda residencial o de la liquidez disponible. Depende, en gran medida, de un activo que rara vez aparece en los modelos financieros: el capital político-institucional.

Este concepto designa la capacidad de los actores privados para alinear sus estrategias de inversión con los marcos regulatorios públicos, influir en la velocidad de adjudicación de proyectos y anticipar cambios normativos antes de que el mercado los descuente. En un país donde la inestabilidad política ha sido constante durante la última década, este capital se ha convertido en un diferenciador estructural entre quienes ejecutan y quienes esperan.

El capital político-institucional es el activo más subestimado en la tesis de inversión andina, y quien lo gestione con precisión definirá la captura de valor en el ciclo 2026-2028.

¿Por qué la nueva Ley de APP redefine el tablero para el real estate peruano?

El marco regulatorio peruano experimentó una transformación significativa con la entrada en vigor de la Ley Nº 32441, su reglamento (Decreto Supremo Nº 316-2025-EF) y el Decreto Legislativo Nro. 1712. Esta arquitectura normativa regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, fortalece el rol de ProInversión, simplifica procesos de adjudicación y establece nuevas reglas para la priorización de proyectos.

La magnitud del impacto es considerable. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la nueva Ley de APP permitirá impulsar la adjudicación y ejecución de 88 proyectos por más de US$ 28,000 millones durante el periodo 2026-2028. ProInversión, por su parte, impulsa para 2026 una cartera de 44 proyectos y 8 adendas por cerca de US$ 20,000 millones, abarcando sectores clave como transportes, saneamiento, salud e inmuebles.

Estas cifras revelan un pipeline sin precedentes recientes en la región andina. Pero la existencia de un marco legal favorable y una cartera robusta no garantiza ejecución. La distancia entre un proyecto priorizado y un proyecto adjudicado se mide, en buena parte, por la calidad de la interlocución entre el sector privado y las instituciones públicas responsables de la aprobación.

Aquí es donde el perfil de profesionales como José Haya de la Torre adquiere relevancia estratégica. Como Gerente Corporativo de Asuntos Públicos en Aenza, una de las principales firmas de ingeniería e infraestructura de Perú, Haya de la Torre representa un arquetipo cada vez más determinante en el ecosistema: el ejecutivo que opera en la intersección entre la estrategia corporativa y el entorno regulatorio. Su función no es política en el sentido partidario, sino institucional, orientada a garantizar que los intereses de inversión privada encuentren viabilidad dentro de los procesos normativos vigentes.

En el Perú de 2026, la velocidad regulatoria es tan determinante como la tasa de descuento para evaluar la rentabilidad de un megaproyecto.

Este tipo de capacidad institucional cobra especial importancia cuando se analiza la complejidad del pipeline de ProInversión. Los 44 proyectos activos para 2026 abarcan desde infraestructura de transporte hasta inmuebles públicos, cada uno con requisitos técnicos, ambientales y de consulta que demandan una gestión sofisticada del diálogo con múltiples niveles de gobierno.

¿Cómo capturan valor los operadores privados en los nodos logísticos estratégicos?

El caso de Inmobiliaria Koricancha, empresa del Grupo Sandoval y AC Capitales, ilustra con precisión cómo el capital privado se posiciona en nodos logísticos clave a través de concesiones. Según el Diario Gestión, Koricancha ganó la buena pro para desarrollar la Zona de Carga Sur en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con una inversión de US$ 19 millones.

Este tipo de operación trasciende el desarrollo inmobiliario convencional. La captura de valor en infraestructura aeroportuaria, zonas francas o corredores logísticos exige una comprensión profunda de los procesos de concesión, los tiempos de adjudicación y las condiciones contractuales que establece el marco de APP. Las empresas que logran posicionarse en estos nodos combinan capacidad técnica con una lectura precisa del entorno institucional.

El modelo es replicable. A medida que el pipeline de ProInversión avanza hacia la adjudicación de proyectos en saneamiento, salud e inmuebles, las oportunidades para desarrolladores con experiencia en concesiones se multiplican. Pero la barrera de entrada no es solo financiera: es institucional. Comprender los tiempos de ProInversión, anticipar las modificaciones normativas derivadas del nuevo reglamento de APP y mantener interlocución fluida con las entidades titulares de los proyectos constituye una ventaja competitiva difícil de replicar para operadores sin presencia local consolidada.

¿Qué rol juega la incertidumbre política en la tesis de inversión andina?

La economía peruana ha demostrado históricamente una resiliencia notable frente a ciclos de turbulencia política. Sin embargo, como advierte Munir Jalil, Economista Jefe para la Región Andina en BTG Pactual, la actual incertidumbre política exige un fuerte capital institucional corporativo para mantener el flujo de inversiones y evitar revisiones a la baja en las proyecciones macroeconómicas.

Esta lectura tiene implicaciones directas para el real estate. Un entorno donde las señales políticas son volátiles eleva la prima de riesgo percibida por los inversionistas extranjeros. La respuesta del mercado no ha sido la retirada, sino la sofisticación: las firmas que lideran el ciclo actual son aquellas que han invertido en equipos de asuntos públicos, relaciones institucionales y estructuración de proyectos bajo el nuevo marco de APP.

La resiliencia del mercado inmobiliario peruano no es automática: es el resultado de una gestión institucional deliberada por parte de los operadores más sofisticados del mercado.

Esta dinámica se refleja también en la emergencia de una nueva generación de profesionales en estructuración de proyectos bajo lo que algunos analistas denominan el modelo APP 5.0, un enfoque que integra sostenibilidad, gobernanza corporativa y diálogo regulatorio como componentes centrales de la viabilidad financiera. La cartera de ProInversión para 2026-2028 será, en buena medida, el campo de prueba para este modelo.

La dimensión regional: Perú en el contexto del capital andino

La oportunidad peruana no existe en el vacío. En el contexto latinoamericano, los flujos de capital hacia real estate e infraestructura están siendo reconfigurados por el nearshoring, la revalorización de activos logísticos y la búsqueda de mercados con fundamentos macroeconómicos sólidos. Perú compite con Colombia, Chile y México por atraer capital institucional hacia proyectos de largo plazo.

En los encuentros regionales del sector, incluyendo las conferencias organizadas por GRI Institute donde líderes de real estate e infraestructura de la región andina comparten tesis de inversión y análisis regulatorio, la conversación sobre Perú ha girado progresivamente hacia la calidad del entorno institucional como factor de diferenciación. La comunidad de GRI Institute ha identificado que el pipeline peruano es uno de los más atractivos de la región, pero su ejecución efectiva depende de variables que exceden el análisis financiero tradicional.

Los inversionistas cross-border que evalúan el mercado peruano deben incorporar el capital político-institucional como una variable explícita en sus modelos de decisión. La pregunta relevante para 2026 no es si Perú tiene proyectos atractivos, sino quiénes tienen la capacidad de ejecutarlos dentro de los plazos y condiciones que el nuevo marco regulatorio establece.

Implicaciones para la toma de decisiones

El ciclo inmobiliario peruano 2026-2028 será definido por tres factores convergentes: un marco de APP modernizado que habilita un pipeline de US$ 28,000 millones según el MEF, una demanda residencial que crece entre 6% y 8% anual, y un entorno político que premia a quienes gestionan activamente su relación con las instituciones públicas.

Para los líderes del sector, la lección estratégica es clara. La ventaja competitiva sostenible en el real estate peruano no reside únicamente en el acceso a capital o en la identificación de ubicaciones con demanda insatisfecha. Reside en la capacidad de operar en la intersección entre mercado y gobierno con legitimidad, sofisticación técnica y visión de largo plazo. Quienes construyan ese puente capturarán el ciclo andino. Quienes lo ignoren, lo observarán desde afuera.

GRI Institute continuará monitoreando la evolución del pipeline peruano y el impacto de la nueva Ley de APP en la dinámica de inversión regional, aportando análisis estratégico y facilitando el diálogo entre los principales tomadores de decisión del sector.